Una funcionaria inculpa al alcalde de Castellón en el ‘caso Gürtel’

Una funcionaria de la Consejería de Sanidad inculpó el lunes al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en la fabricación de contratos públicos a medida para la trama Gürtel.

Bataller ya está imputado en la causa por haber firmado contratos supuestamente troceados con varias empresas de la red en su etapa como subsecretario de la Consejería de Sanidad. En concentro, para la celebración de los Premios Salud y Sociedad del año año 2007. La empleada pública ha reforzado la supuesta ilegalidad al asegurar que la consejería recibió las ofertas de las empresas de la trama el 13 de septiembre de 2007 pero que para entonces los contratos ya estaban firmados. El entonces subsecretario los firmó el 5 de septiembre del mismo año, más de una semana antes, confirmó.

La funcionaria declaró que la cantidad de dinero que las empresas del grupo de Francisco Correa pedían por organizar la gala le pareció muy alto: 30.190 euros. “Hubo reuniones [con los responsables de la red] para intentar reducir el gasto, pero no pudimos modificarlo porque estaba todo preparado”, afirmó la testigo, que señaló que el precio pagado finalmente le pareció “desaforado”. “Todo lo decidía el subsecretario”, añadió.

La empleada pública aseguró que cuando Bataller se hizo cargo de la subsecretaría de Sanidad, tras las elecciones de 2007, ya “se sabía” que los premios los organizarían empresas de Gürtel, que tenía en Valencia como delegado a Álvaro Pérez, El Bigotes. Sus firmas ya habían organizado los mismos premios en 2006 y harían los de 2008. El anterior subsecretario, Rafael Peset, también está imputado en el caso por los mismos motivos que su sucesor.

La testigo respaldó otra revelación de la investigación, que consiste en que distintas unidades de la consejería abonaban gastos por actos en los que no participan directamente. La estrategia consistía, aparentemente, no solo en fraccionar los contratos de forma que pudiesen adjudicarse directamente, sino en distribuir las pequeñas facturas en varias ventanillas para que no resultaran sospechosas.

Las malas noticias para Bataller no terminron ahí. La funcionaria respondió que irregularidades similares se produjeron en otro de los contratos con empresas de la red investigadas por el juez José Ceres: un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia, que costó 47.172 euros a la consejería.

La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado al magistrado instructor que imputase al alcalde de Castellón por la contratación de ese vídeo. Ceres respondió en un auto de 21 de enero que esperaría al resultado de diligencias pendientes antes de tomar una decisión al respecto. Una de ellas era la declaración, el pasado lunes, de la funcionaria.

Bataller afirmó la semana pasada que su cargo estaba a disposición del PP.