El vertedero de La Murada no tiene licencias, según Medio Ambiente
El Ayuntamiento muestra un informe de consejería que confirma sus denuncias previas
El gobierno local de Monserrate Guillén (Els Verds) ha decidido dar un paso más en la lucha que desempeña desde hace dos años y medio contra el vertedero del cabecilla del caso Brugal, Ángel Fenoll: el consistorio pedirá la autorización judicial para precintar las actividades que se realicen en el vertedero ubicado entre la provincia de Murcia y la alicantina.
Un informe de la Consejería de Medio Ambiente ha confirmado por primera vez varias de las protestas que le viene transmitiendo el gobierno de Orihuela en el último año: el vertedero ubicado entre la provincia de Murcia y la de Alicante opera en terreno oriolano sin licencia. Es la primera vez que Generalitat da la razón a Orihuela tras ser acusada de mirar a otro lado numerosas veces ante el problema de los vertidos ilegales que sufre el municipio.
Taquígrafos en los contratos
Orihuela será el primer ayuntamiento valenciano en publicar la concesión de contratos menores (por debajo de los 18.000 euros) con el objetivo de "ofrecer toda la transparencia posible", según fuentes municipales.
Apenas dos ayuntamientos -Málaga (Andalucía) y Gijón (Asturias)- se han adelantado a la ley de Transparencia, de aplicación obligada a finales de 2015 y han decidido publicar toda la contratación, incluidos aquella que puede adjudicarse a dedo.
Este tipo de contratos la ley nunca ha obligado a publicarlos y han sido foco de escándalos municipales. Sin ir más lejos, la sindicatura de cuentas puso de manifiesto en su último informe la situación anómala creada en Benidorm, donde solo en 2011 el Ayuntamiento adjudicó 675 de estos contratos por valor de un total de 2,76 millones de euros.
Desde que el entonces recién estrenado equipo de gobierno de verdes y socialistas cerrara en verano de 2011 la parte oriolana del vertedero de Proambiente, el consistorio ha abierto hasta nueve expedientes a la que fuera empresa propiedad de Ángel Fenoll, uno de los principales acusados del caso Brugal. Los motivos fueron operar “sin licencia” en La Murada, pedanía oriolana aneja a Murcia.
Esta vez quienes comprobaron que Proambiente no parece tener en cuenta la necesidad de tener un permiso administrativo para trabajar en un municipio fueron los técnicos de la Generalitat que realizaban un informe sobre la planta de tratamiento de residuos el pasado 30 de enero. El informe vendría a confirmar que las actividades del taller y la báscula seguían desarrollándose en Orihuela donde "nunca han tenido la correspondiente licencia”.
Según el alcalde, los técnicos solicitaron al responsable de las instalaciones la documentación del proyecto de ejecución del sellado del vaso número dos del vertedero situado en La Murada. La empresa, que estaba procediendo a la clausura del agujero ya colmatado, comunicó a los técnicos que el permiso “ya había sido entregado en la Consejería de Medio Ambiente de Murcia".
Guillén ha recalcado sin embargo que "esos trabajos se estaban ejecutando" en el término municipal de Orihuela, "donde no hay ninguna solicitud de licencia de obras" que respalde las mismas. "El responsable del vertedero”, ha continuado Guillén, dijo que el permiso se lo había dado Murcia”.
El informe de Medio Ambiente se produce tras más de medio año de ruedas de prensa del gobierno municipal acusando a la Generalitat de inacción en el límite meridional de la Comunidad Valenciana, donde sospechan existen acumulaciones de residuos descontrolados que pudieran estar afectado a las aguas subterráneas de la región.
