El fiscal pedirá cárcel a los imputados en la rama valenciana del ‘caso Nóos’

La instrucción del caso Nóos entra en la recta final, con seis imputados en su rama valenciana. La Fiscalía solicitará sentar en el banquillo a cinco exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat por la adjudicación supuestamente irregular de contratos públicos al instituto de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, por más de 3,6 millones de euros.

Según la calificación provisional que prepara el fiscal Pedro Horrach, el ministerio público solicitará entre cinco y 11 años de cárcel para los ex altos cargos de la Generalitat Luis Lobón, José Manuel Aguilar y Jorge Vela por los supuestos delitos de prevaricación, fraude y malversación, según informó la SER tras citar fuentes jurídicas.

Para las exdirectivas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) Elisa Maldonado y Ángeles Mallent, la fiscalía propone inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación. Con ellos figura como imputado también el empresario valenciano Miguel Zorío.

Antes del escrito de calificación, el fiscal pedirá, siempre que no aparezcan nuevos elementos, el fin de la instrucción del caso Nóos como paso previo a su enjuiciamiento.

El magistrado José Castro, que investiga el caso en Palma de Mallorca, se ha desplazado en cuatro ocasiones a Valencia para tomar declaración a cargos y funcionarios de la Generalitat relacionados con los contratos para la celebración de tres ediciones de los Valencia Summit —congresos sobre deporte y turismo— y la preparación de la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos. De la organización de los Summit se encargó CACSA, en nombre de la Generalitat, y la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, por delegación del Ayuntamiento de Valencia.

Durante el último año han desfilado ante el juez de Palma en calidad de testigos funcionarios y altos cargos de CACSA, así como dirigentes de la fundación municipal como su gerente, José Salinas, o el presidente de su patronato y vicealcalde de Valencia Alfonso Grau. También testificaron el exconsejero de Economía Gerardo Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps después que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) descartara la imputación de estos dos últimos como patrocinadores del desembarco de Urdangarin en la Administración valenciana.

Las imputaciones en la rama valenciana se han quedado en el segundo escalón de la Generalitat. Sobre ellos recae la responsabilidad de que los citados contratos se rubricaran de espaldas a la ley de contratos del sector público, sin el expediente que exige la legislación. Jorge Vela, exdirector general de CACSA descargó en su declaración ante Castro la responsabilidad por la firma de los convenios sobre Luis Lobón, exresponsable de la Sociedad Pública de Proyectos Temáticos.

Vela aseguró en sede judicial que recibió de Lobón la instrucción de contratar con la empresa de Urdangarin la celebración de los Valencia Summit en 2005 y 2006. Y de José Manuel Aguilar, exdirector de CACSA, Vela dijo ante el juez que cuando llegó al cargo en 2005 los acuerdos con Nóos están firmados —por su predecesor Aguilar— y se limitó a renovarlos por indicación de otros.

El TSJ descartó la imputación de Francisco Camps y Rita Barberá

El fiscal solicitará al juez, según su escrito provisional, inhabilitación para cargo público por supuesta prevaricación contra Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de CACSA, y María Ángeles Mallent, exdirectora del departamento jurídico de la misma sociedad.

Frente a los cinco excargos y funcionarios de la Generalitat o empresas de su ámbito imputados en el caso Nóos, la participación de la fundación Turismo Valencia, que financió al 50% los Valencia Summit, se ha saldado sin imputados.

La alcaldesa Rita Barberá declinó este lunes pronunciarse sobre las penas que la Fiscalía baraja para los ex altos cargos y reiteró que la fundación Turismo Valencia Convention Bureau es de carácter privado e insistió en que el Consistorio no ha estado “jamás” en eventos organizados por la entidad que presidió el Duque de Palma. “No tengo nada que comentar al respecto”, dijo. Y de ahí no salió.

Su número dos, el vicealcalde Alfonso Grau subrayó que no tenía nada que decir al respecto porque en la fundación municipal no hay ninguna persona imputada en Nóos, una causa que se desgajó del caso Palma Arena y que estalló a finales de 2011 con el registro al instituto del duque de Palma y a otras sociedades vinculadas.