La Generalitat prevé un aumento del 15% en la tasa de recogida de basuras
Territorio triplicará el canon municipal de incineradoras y vertederos
![Incineradora del Besòs.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RXFVCUSDI2J2J7W5S5KGYXQLIM.jpg?auth=885fea6e07996aeb40d29bb573b1f6718c9579533b1aafc76363f92b45d922cf&width=414)
El Gobierno catalán pretende alcanzar en 2020 una tasa de recogida selectiva del 60%, muy por encima del 39% al que llegó en 2012. Y lo hará a costa del bolsillo de los ciudadanos. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, triplicará, en los próximos seis años, el canon que pagan los ayuntamientos por la fracción resta, compuesta por los residuos que no han sido recogidos de forma selectiva (RESTA), que envían a los vertederos e incineradoras. Una subida que afectará directamente a la tasa de recogida de basuras, según los alcaldes, que cifran en un 15% la subida que repercutirá en los ciudadanos.
El aumento que prepara la Generalitat se enmarca en el plan PRECAT20, un texto en el que se fijan las líneas de actuación en la gestión de residuos en Cataluña, con el horizonte puesto en 2020, y que está en información pública a falta de su aprobación definitiva. “La idea es equiparar el canon de incineradoras y vertederos con el de la media de los países de la Unión Europea”, apunta una portavoz de Territorio, que fija la subida de los 18,5 euros por tonelada hasta los 60.
A pesar de que son los consistorios los que pagan directamente esta tarifa a los vertederos, desde el Gobierno prevén que los ayuntamientos aplicarán esta subida en los impuestos que pagan sus vecinos, ya sea en concepto de recogida de basuras o bien incluido en el IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) o en el recibo del agua. Según varios alcaldes consultados por EL PAÍS, el aumento se situaría entre 25 y 27 euros al año por hogar (el coste actual es de entre 140 y 150 euros). Una cifra que se reducirá si los municipios consiguen mejores tasas de reciclaje.
El director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Josep Maria Tost, justificó la subida el pasado jueves durante la presentación del PRECAT20: “No es posible que paguen más los que reciclan que los que llevan sus residuos a los vertederos e incineradoras”. Además, Tost advirtió de que “la era de las materias primas baratas ya se ha acabado, no se puede tira nada que tenga valor”.
El Gobierno catalán planea sobrepasar el mínimo del 50% de residuos reciclados que marca la UE en 2020. En Cataluña, los pueblos que han implantado el sistema puerta a puerta ya superan con creces esa cifra (70,3%). Territorio, sin embargo, no se plantea obligar a los ayuntamientos a que adopten un modelo concreto.
Los otros grandes objetivos del plan de la Generalitat, dotado con 782 millones, son reducir en un 15% la cantidad de residuos generados —en 2012 fueron más de 3,7 millones de toneladas— y alcanzar un 60% de recogida de material orgánico. Según el anterior plan, presentado en 2007, Cataluña tendría que haber recogido en 2012 el 55% de residuos orgánicos. Pero la realidad es bien distinta: solo se consiguió llegar a un 22%; de estos, el 15% eran impropios, aquellos materiales depositados de forma incorrecta.
La reducción en la generación de residuos (en los últimos cinco años ha caído un 13,6%), el estancamiento de la población catalana (en 2013 se redujo por primera vez en los últimos 50 años, según datos del Idescat) y las estrecheces presupuestarias de la Generalitat, han provocado que la ARC cancele la construcción de nuevas grandes vertederos e incineradoras. Ni siquiera está ehcha la del área metropolitana de Barcelona. Una infraestructura que CiU exigió reiteradamente en 2009 y que tensó las relaciones entre los socios del Gobierno tripartito. El proyecto, en el que se preveía invertir más de 200 millones, se aprobó ese mismo año. Pero dos años más tarde, ya con Artur Mas al frente de la Generalitat, el Ejecutivo aseguró que la instalación no sería necesaria por el “buen funcionamiento” de los ecoparques.
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