Ciegsa, la deuda que nunca se acaba

Las siglas Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA) se asocian a construcciones escolares, pero sobre todo a deudas multimillonarias que, de hecho, han dificultado que el Consell remate la prevista extinción de esta empresa pública creada en 2000 por Zaplana. En 2012, el Instituto Valenciano de Finanzas formalizó un préstamo de 512 millones con la Generalitat para cancelar parte de la deuda contraída con éste por parte de las empresas públicas y fundaciones de la propia Generalitat. Casi la mitad de esta cantidad, 249 millones correspondían a Ciegsa. Lo ha puesto de relieve este sábado la síndica de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, en el inicio de una campaña “para dar un poco de luz a la tremenda confusión existente en Ciegsa”.

A partir del informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al último ejercicio auditado, 2012, Sanz anuncia una batería de preguntas parlamentarias y solicitudes de documentación dirigidas a la consejera María José Català, para aclarar, entre otras cosas, “actuaciones muy sospechosas” que incluyen abultados sobrecostes de las obras sobre el importe establecido en los contratos iniciales. La sociedad está en trance de extinción, pero la oposición quiere conocer al detalle cómo y por qué ha generado esa deuda interminable en sus 13 años de existencia.

Las 11 obras seleccionadas por la Sindicatura para su estudio suponen 18,5 millones de euros por sobrecostes por modificaciones en un presupuesto inicial de 68 millones, honorarios y alquiler de prefabricadas aparte. Es decir, un sobrecoste en conjunto superior al 27 % del gasto total en su construcción. En varios casos este porcentaje es mayor. Destaca en ese sentido el Centro de Tecnificación del Deporte de Vila-real, que hoy por hoy aún no se ha puesto en marcha, y cuyas modificaciones han supuesto un sobrecoste de 8,4 millones para un presupuesto inicial de casi 20 millones de euros.

La obra del colegio público Sant Roc, de Polop (Alicante), previsto para 450 alumnos, se presupuestó inicialmente en cuatro millones, pero costó 2,6 millones más. El Herrando Vilar, de Almassora (Castellón), incrementó en 1,56 millones el coste de un presupuesto de partida de 2,69 millones; más de un 50%. Y el Instituto de Educación Secundaria La Foia, de Ibi (Alicante), con siete unidades de secundaria obligatoria, dos de bachillerato y nueve de ciclos formativos, costó 1,23 millones más de los 4,97 previstos inicialmente.

Hay que señalar que todas las actuaciones examinadas por la Sindicatura tienen, sin excepción, sobrecostes por modificaciones en mayor o menor medida. Llama la atención porque la mitad de las actuaciones examinadas un año antes, en 2011, por el ente fiscalizador tenían cero euros de recargo por modificaciones.

Poco parece haber cambiado, por tanto, desde 2007 por ejemplo, cuando el sobrecoste medio de los centros seleccionados aleatoriamente por el órgano auditor de las cuentas públicas se situaba en un 18%. Incluso llegó a haber centro en aquel ejercicio, como el colegio Soto Micó de Valencia, en el que se disparó hasta un 85%.

En cinco años ha subido, asimismo y considerablemente, la deuda de Ciegsa. Si por entonces, 2007, la empresa pública de construcciones escolares tenía pendientes de cobrar 647,27 millones de euros a la Generalitat, que es el socio único de la entidad, en 2012 esa cantidad se multiplicó por tres, alcanzado los 2.508,36 millones. Según recalca la Sindicatura, este importe supone el 93,7 por ciento del activo total de la empresa pública. En el último ejercicio auditado, el pasivo de Ciegsa, el conjunto de sus deudas rondaba los 2.500 millones de euros y los gastos originados por financiarse con recursos ajenos alcanzaron los 73 millones.

El auditor público señalaba también “retrasos continuados en el pago de las deudas con las administraciones públicas en concepto de seguridad social y retenciones de las retribuciones” hasta alcanzar 60.000 euros en recargos por demora. Por suerte para los acreedores, aumentaron los gastos notariales generados por “los reconocimientos de deuda acogidos al plan de pago a proveedores”.

Cuando en marzo de 2012 la Generalitat comenzó a asumir parte de la deuda de esta y otras sociedades, el vicepresidente José Ciscar lanzó un mensaje de tranquilidad a los acreedores de Ciegsa: “La Generalitat está detrás y va a responder porque la deuda de Ciegsa es deuda de la Generalitat”. Por de pronto, no está totalmente liquidada y en los presupuestos de 2014 aún se le transfieren 33 millones para financiación de operaciones corrientes y de capital.