Un funcionario culpa a Baltar ante el juez del fraude en ayudas europeas

El jefe del servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Ourense, Javier Bobe, primer imputado por la adjudicación fraudulenta de 104 depuradoras financiadas por la Unión Europea (UE) que la institución diseminó por la provincia entre 2003 y 2004, apuntó ayer en su declaración judicial al expresidente José Luis Baltar, al exvicepresidente y actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez y al jefe del servicio de Planificación y Seguimiento de Inversiones de la Diputación y exconcejal del PP Francisco Javier Rodríguez Nóvoa. A la vista de este testimonio, el grupo provincial del PSdeG, personado como acusación particular, ya anunció que reclamará la comparecencia judicial de todos ellos.

 Bobe reivindicó su inocencia asegurando que él no participó en la redacción del proyecto que, según la Comisión Europea, se adaptaba como un guante a las características de la empresa que se llevó el concurso, SMA, de Vigo, y que “fue adjudicado antes de lanzar los correspondientes procedimientos de contratación”. El técnico de la Diputación responsabilizó a Baltar, Martínez y Rodríguez Nóvoa de la adjudicación a dedo detectada por Bruselas, que ha exigido la devolución de los 10,1 millones de fondos comunitarios con los que había financiado el proyecto. Fue también la UE la que instó a que se reabriera la investigación, archivada en 2009, sobre la posible comisión por la Diputación de los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Aunque Bobe reconoció que la propuesta de la empresa se adaptaba a las exigencias de las bases, no supo explicar por qué la adjudicataria tenía información privilegiada de las características del pliego. Sí dejó claro ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, que Rogelio Martínez “estaba siempre en las reuniones” para redactar el proyecto y señaló a este como responsable de la negociación “política” con los alcaldes de los municipios en los que se instalaron las depuradoras. También reconoció que fue Baltar quien resolvió el concurso y firmó las adjudicaciones en las que, según la Agencia de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE, se habían “manipulado las certificaciones para dar apariencia de veracidad a los procedimientos de contratación”. En su declaración por espacio de casi dos horas ante el juez Piña, el técnico admitió que, además de los 10,1 millones aportados por Bruselas —cantidad que la Diputación debe reingresar a la UE— las infraestructuras se financiaron con otros 3,5 millones de euros procedentes de la institución provincial en un 25% y de los Ayuntamientos en los que se instalaron. En total, 13,5 millones de euros que la Diputación concedió a SMA mientras “simulaba”, según la UE, que hacía contratos con publicidad.

El técnico imputado echó balones fuera respecto a la acusación de Bruselas de que la Diputación “tenía una estrategia tendente a favorecer a SMA o a su grupo empresarial”, creador de las depuradoras diseñadas para barcos que poblaron municipios rurales ourensanos y que los alcaldes que las utilizan se ven obligados a encender y apagar de inmediato porque disparan el recibo de la luz. Bobe reconoció que mantuvo un encuentro con un comercial de la empresa “que acudió a presentarse” y, de otra parte, advirtió de que no le compete a él la legalidad del contrato. Además, dijo que creía que había consultado con el secretario de la Diputación, Francisco Cacharro, la relación entre datos técnicos y económicos —la oferta de SMA era más cara que la de su competidora— “y en todo caso los tenía que validar él”, dijo para zanjar esta cuestión.

Sobre la corrección de datos de los proyectos con líquido borrador y el distinto tipo de letra de los mismos con los que, según Bruselas, se modificó la fecha de la primera certificación para que fuese “coherente con la cronología del procedimiento simulado de contratación”, el técnico de la Diputación ofreció la misma explicación que ya había adelantado José Manuel Baltar, el hijo-sucesor del expresidente: lo atribuyó a un error.

Tras la declaración del funcionario imputado, que respondió a las preguntas del juez, del letrado del PSdeG y de su defensor, el abogado de la Diputación —que no le formuló ninguna— solicitó al juez la recusación del grupo socialista como acusación particular. “Propusimos al PP en su momento abrir una comisión de investigación en la Diputación para aclarar los hechos, que el sucesor de Baltar nos negó, y ahora que denunciamos judicialmente, instados por Bruselas, también nos quieren echar”, denuncia el portavoz socialista en la Diputación, Ignacio Gómez, quien ya adelanta que dará todos los pasos “para que se depuren responsabilidades”.