Feijóo pide disculpas por la Pokémon pero descarta actuar por ahora
El presidente esperará a conocer todo el sumario y reclama evitar el “morbo”
![Feijóo tras la rueda de prensa](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NNNJRENTVBOQB5VSDIOGLUTGHY.jpg?auth=0b695c98772cfe0b54646f2d0aa5f2910d17226eee7451512f41ec9e56138e08&width=414)
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pide “disculpas” a la ciudadanía por el comportamiento de algunos políticos que se está conociendo a raíz de las escuchas policiales del caso Pokémon. Pero el también presidente del PP gallego no actuará aún contra sus compañeros de partido que pidieron favores o represalias para terceras personas a empresas privadas de la trama que a su vez son adjudicatarias de varias Administraciones públicas.
Feijóo matizó ayer, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, que en la parte del sumario que se ha desvelado estos días hay cuestiones que le “parecen, de demostrarse, delictivas y son intolerables; hay cuestiones no delictivas que deben ser valoradas políticamente y hay mucho morbo y muchas cuestiones accidentales de conversaciones privadas”. Pero indicó que no se pronunciará sobre esas cuestiones no delictivas pero éticamente reprobables hasta conocer todo el sumario y que la justicia dictamine sobre cada caso.
De momento tres políticos han admitido ya, como revelan las escuchas policiales, haber intercedido ante empresas privadas en beneficio o perjuicio de terceras personas: el alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y el presidente de la Diputación y secretario general del PP corúñés, Diego Calvo, pidieron sendos puestos de trabajo, mientras que el concejal de Deportes de Santiago, Adrián Varela, reclamó que se despidiese a la esposa de un sindicalista. El gobierno local de A Coruña tampoco ha negado que su teniente de alcalde, Julio Flores, pidiese puestos de trabajos para otras personas. A Feijóo se le preguntó expresamente por los casos de Calvo y Varela, pero eludió valorar si esos comportamientos atentan contra la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y optó por escudarse en que en las escuchas reveladas hay “conversaciones descontextualizadas” y “morbo”.
“No es lo mismo recibir o pedir dinero que otras cuestiones”, argumentó Feijóo, y diferenció, a preguntas de los periodistas, los casos de enchufismo en la Diputación de Ourense, gobernada por el PP, de los supuestamente revelados en las escuchas de la Pokémon. “No estamos hablando de eso, no estamos hablando de cómo accede un empleado a la Administración pública sino si hay empresas privadas que contratan a uno o a otro en función de la indicación de un político”, argumentó, obviando que a su vez esas firmas trabajan para la Administración.
Feijóo también negó que, como dijo el gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, en varias conversaciones telefónicas, hubiese ayudado al entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, a sustituir al interventor y al secretario municipal para facilitar la renovación del contrato a la concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas de la ciudad. “No tengo nada que ver sobre ese asunto, ni lo recuerdo, ni tengo ninguna referencia ni directa ni indirecta; no entra en las competencias de la Xunta de Galicia y mucho menos de su presidente”, aseguró Feijóo. Pero las Administraciones autonómicas sí tienen atribuciones en la materia.
A Feijóo también se le preguntó si mantiene la confianza en la portavoz del PP gallego, Paula Prado, que en las escuchas lanza críticas contra compañeros de partido. El presidente eludió por dos veces ratificar su confianza en ella y se limitó a asegurar que “no tiene ninguna relación, de momento, de la que se pueda divisar ningún tipo de responsabilidad”. Feijóo recordó que su formación ya tomó “decisiones de forma inmediata” hace meses con algunos de los implicados en la causa a los que destituyó u obligó a dimitir: “Dos alcaldes, algún que otro concejal y un jefe de gabinete”, enumeró el presidente, en referencia, entre otros, a los exregidores populares de Santiago y Boqueixón, Gerardo Conde Roa y Adolfo Gacio, y a la mano derecha del primero, Ángel Espadas. Pero para dar nuevos pasos al respecto, Feijóo insistió en la necesidad de conocer todo el sumario del caso Pokémon y no solo lo desvelado hasta ahora. También apremió a la justicia al pedir “esperar a que hable para luego actuar”. Pero no eludió “pedir disculpas a los ciudadanos, sin ninguna duda”, por lo que revelan las conversaciones, aunque matizó que “no todos los políticos son así”.
“Calentón” e insultos a una compañera
La portavoz del gobierno local de Santiago, María Pardo, considera que la petición de su compañero concejal de Deportes, Adrián Varela, a una empresa de la trama para que despidiese a la mujer de un sindicalista de la CIG fue un “calentón absolutamente lamentable”. Pero lo justificó con el siguiente argumento: “Yo misma suelo decir ‘yo a esta la mato, o a este me lo voy a cargar’, y otra cosa es que lo lleve a cabo”. “No se ha probado que él haya ejecutado” el despido, justificó Pardo, una explicación que no sirve a la CIG, que anunció la ruptura de cualquier contacto con el gobierno local y pidió el cese de Varela
En las escuchas presentes en el sumario, Adrián Varela, Pijolandia para los empresarios de la trama, no solo carga contra la mujer del sindicalista. En ellas también se reflejan críticas personales a una de sus compañeras del grupo municipal popular, a la que Varela se refiere con expresiones como "frígida", "mal follada" y "subnormal", lo que vuelve a evidenciar la división interna del gobierno municipal que Ángel Currás heredó tras la dimisión de Conde Roa, en abril de 2012. Pese a ello, la portavoz municipal aseguró ayer que "la gestión de este equipo de gobierno es inmejorable". María Pardo, también concejala de Urbanismo, quiso poner "la mano en el fuego" por la actuación de su departamento en la recalificación de los terrenos denominados Finca do Espiño. En las escuchas policiales, el jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, comenta que la propia promotora de la finca propuso "el fichaje" de un nuevo jefe municipal de planeamiento. Pardo recordó que la jueza del caso Pokémon no ha reclamado ningún documento sobre la finca y defendió su actuación: "Si me equivoco, dimitiré", sentenció, según informa Europa Press.
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