IU garantizará la luz y el agua en los 80 municipios en los que gobierna

Izquierda Unida da un paso al frente en su objetivo de garantizar por ley un mínimo de suministro de luz y de agua en Andalucía. Han pasado casi tres meses desde que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció que el Gobierno andaluz asegurará el abastecimiento de estos dos servicios básicos para los hogares más golpeados por la crisis, pero la coalición de izquierdas aún no ha logrado que el PSOE (su socio de gobierno en la comunidad) dé un apoyo formal y expreso a la propuesta.

Desde las filas socialistas han vuelto a comparar la propuesta de Valderas con la beneficencia e IU ha optado por fijar el asunto como “prioridad” e impulsar su ejecución por pasos. El primero es garantizar luz y agua en los 80 municipios andaluces donde gobierna. El coordinador regional, Antonio Maíllo, ha anunciado en Jerez que la medida se adoptará de manera inminente en los Consistorios liderados por la coalición. Bastará con aprobar la norma en los plenos municipales sin necesidad de alcanzar acuerdos políticos con otras formaciones. “Es una línea estratégica de la organización, que defiende la ley de suministros mínimos vitales para familias en exclusión o riesgo de exclusión social”, avanza Maíllo. La medida busca garantizar un consumo para las familias más vulnerables de 100 litros por día y persona, siempre que pasen “un filtro” y reúnan “unos requisitos” previamente establecidos “con criterios objetivos”.

El objetivo de Maíllo es extender la medida a toda Andalucía propiciando el debate en los 343 municipios en los que la organización tiene representación para, a partir de ahí, trasladar la norma a la Junta.

La propuesta asegura a las familias 100 litros por día y persona

Pese a las reticencias en el PSOE, el coordinador de IU ha dado por hecho que la ley de suministro mínimo vital saldrá adelante en la comunidad, a la que llama a “apostar por lo sectores que están sufriendo de manera trágica la crisis”. Maíllo ha avanzado incluso algunos plazos para formalizar la iniciativa: ha fijado para febrero y marzo la modificación del decreto contra la exclusión social para que incorpore una partida que costee los recibos básicos y la aprobación de una propuesta de decreto ley con el fin de que se regule el ámbito de suministro mínimo vital de agua y luz. A estas dos herramientas se le añade la creación en el Parlamento andaluz de “un grupo de trabajo para renta básica y la ley de inclusión social”.

Valderas ya manifestó meses atrás que garantizar los recibos de luz y agua para, al menos, las 50.000 familias andaluzas que solo perciben el salario social puede tener un coste para las arcas públicas de unos 20 millones de euros. El líder de IU, en cambio, ha preferido no avanzar cifras ni de costes ni de beneficiarios. “Habrá una limitación presupuestaria y esa limitación determinará el número de personas que se puedan acoger a la ley”, ha dicho.

Maíllo ha elegido Jerez, el último gran municipio andaluz en privatizar la gestión del agua, para anunciar que su formación garantizará el suministro allí donde gobierna. El coordinador regional se ha rodeado de los ocho alcaldes de IU en la provincia de Cádiz, sindicatos, colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas contrarias a la externalización de servicios para lanzar un llamamiento en defensa de la gestión pública frente a los Ayuntamientos que optan por la privatización. “Jerez [gobernada por la alcaldesa María José García Pelayo (PP)] evidencia ese modelo de privatización. El gobierno municipal ha aprobado una concesión del agua durante 25 años a cambio de un canon de 80 millones de euros cuando la previsión de ganancia de la empresa que se ha hecho con la adjudicación es de 345 millones de euros”, concluye Maíllo.