Trias solo logra en un año la cesión de 12 pisos de la banca para alquiler social

El convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y las distintas entidades financieras para solucionar el problema del acceso a la vivienda no ha dado los frutos esperados. Un año después de que el Ayuntamiento asumiera en un pleno municipal el compromiso de pedir a los bancos “la cesión de pisos vacíos procedentes de ejecuciones hipotecarias y desalojos” para destinarlos al alquiler social, los acuerdos cerrados son mínimos. Según el informe presentado ayer por la Comisión Mixta sobre Lanzamientos, apenas se ha conseguido la cesión de 12 viviendas, y de ellas solo hay nueve que estén ocupadas por familias necesitadas. Las otras tres están pendientes de asignación.

El documento interno presentado ayer, al que ha tenido acceso este diario, reconoce que “no se ha llegado a ningún acuerdo” con Unnim —la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu, posteriormente absorbida por el BBVA— ni con el banco malo Sareb, y que solo se ha conseguido la cesión de 12 pisos por parte del Grupo La Caixa. También existe un acuerdo con CatalunyaCaixa, firmado en junio de 2013, por el que la entidad cede al Ayuntamiento 55 viviendas para fines sociales. Pero el documento reconoce que de todos ellos: “Solo hemos podido inspeccionar 3”.

La falta de concreción con CatalunyaCaixa es especialmente significativa porque en enero de 2013, solo un mes después de cerrar el compromiso en el pleno municipal, el Ayuntamiento anunció la firma de un convenio con esta entidad que comportaba la cesión de 105 viviendas, “con la voluntad de incrementarlas” en un futuro. Un año después, la cifra de viviendas comprometidas ha bajado de 105 a solo 55 y además todavía no hay ninguna ocupada por familias necesitadas.

Fuentes de CatalunyaCaixa explicaron que “la voluntad de la entidad es destinar el máximo de pisos a esta finalidad” y aseguraron que el banco ya ha puesto “las viviendas a disposición del Ayuntamiento” y son los servicios sociales los que tienen que asignar las familias.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, aseguró el día del acuerdo que “el Ayuntamiento se ha marcado como prioridad garantizar el acceso a una vivienda digna”. En virtud del acuerdo, los bancos tenían que ceder los pisos a los servicios sociales del Ayuntamiento, que se tenían que encargar de encontrar las familias necesitadas. El alquiler social significa que solo se destina a la vivienda el 30% de los ingresos.

El compromiso del Ayuntamiento firmado en diciembre de 2012 se cerró a partir de una propuesta de ICV-EUiA y contó con los votos a favor de CiU. Su presidente en Barcelona, Ricard Gomà, consideró ayer que el plan ha sido “claramente un fracaso”, sobretodo porque “en 13 meses se han producido centenares de desahucios en Barcelona, sin que el alcalde haya parado ninguno”. La proposición de ICV-EUiA también comprometía al Ayuntamiento a pedir a las entidades financieras con las que colabora que suspendieran los procesos de ejecución hipotecaria. Este punto tampoco se ha cumplido, según Gomà.

La falta de cumplimiento del Gobierno en este acuerdo —a pesar incluso de contar con su apoyo— plantea dudas sobre la ejecución del nuevo compromiso que adquirió el Ayuntamiento en el pleno de la semana pasada y que contempla la sanción a las entidades financieras que tengan pisos vacíos durante demasiado tiempo. “La única posibilidad de que el Ayuntamiento cambie de actitud es la presión social y política”, pronosticó Gomà, que según dijo, “tiene que llegar de manos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de ICV”.