Cuadros, islas y fincas

Portugal subasta 85 obras de Miró. Grecia vende islas. Y España aspira a desprenderse de las 14.113,1 hectáreas del latifundio público de La Almoraima. Los tres Estados —todos, más o menos, intervenidos— se han visto empujados por la Unión Europea a procesos que implican la pérdida de patrimonio público como herramienta del control del déficit. En los tres Estados sureños, han surgido movimientos contrarios a la venta de los cuadros, las islas y la finca.

El Ministerio de Medio Ambiente colgó el cartel de "se vende" a La Almoraima en el verano de 2013. La finca fue expropiada al grupo Rumasa 30 años antes y el departamento de Miguel Arias Cañete sostiene que pretende devolver el latifundio "a la propiedad privada". Después un periodo de calma chicha tras el anuncio de la venta, la Junta de Andalucía —PSOE e IU— y el Ayuntamiento de Castellar —con un alcalde de IU sostenido por un concejal del PP— han levantado una marejada para intentar frenar la privatización. El Consistorio ha archivado el plan de usos que la directora de la finca, Isabel Ugalde, había diseñado para hacer más atractiva la operación a los inversores y que contemplaba transformar el latifundio en un enorme resort de lujo con aeródromo incluido. La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la tramitación para ampliar el parque de Los Alcornocales, con lo que el 100% de La Almoraima estaría protegida y esos usos turísticos estarían vetados.

La Junta y el Ayuntamiento son conscientes de que con estos pasos no van a frenar la venta. Pero el aviso a los inversores está ahí: no están de acuerdo y vigilarán cada paso que se dé en la zona. Quizás, en el origen del problema está que el ministerio no ha consensuado la operación con las Administraciones más cercanas. Tampoco se ha calculado bien la reacción de la Junta y el Consistorio.

Hay una última carta que puede jugar el Gobierno andaluz: intentar paralizar la venta con la declaración de la finca como monte público demanial. El latifundio ya es público, pertenece al Estado. Pero está dentro de la categoría de bienes patrimoniales, lo que permite la privatización a la que aspira el ministerio. Pero, si fuera incluido en la categoría de bienes demaniales, automáticamente se convertiría en inalienable. Es decir, no podría venderse. La consejería está estudiando esta alternativa, que fue rechazada ayer con dureza por Ugalde. Aún no está claro si se dará este paso, ya que existen dudas sobre si la Junta puede iniciar la declaración al no ser titular de la finca. Pero, preventivamente, el ministerio advierte: acudirá a los tribunales si la Junta lo hace.