La gestora del aeropuerto de Castellón, en la lista negra del Banco Mundial

La polémica ha estallado en torno a la futura gestora del aeropuerto de Castellón. SNC-Lavalin está incluida en la lista de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial por transgredir las disposiciones sobre fraude y corrupción. El veto implica que la empresa no puede optar a la adjudicación de contratos financiados por el organismo internacional durante diez años.

En junio de 2012, la institución de Naciones Unidas emitió una declaración en la que aseguraba contar con “pruebas fehacientes” y “corroboradas por diversas fuentes” de “una conspiración de corrupción en las altas esferas entre funcionarios del Gobierno de Bangladesh, ejecutivos de SNC-Lavalin y particulares en relación con el proyecto del puente multipropósito del río Padma”. La investigación, en la que colaboró la firma, acabó con su inclusión en la lista negra. Desde entonces, SNC-Lavalin ha iniciado una campaña interna de lucha contra la corrupción. La prensa internacional ha puesto el foco también en otros casos de supuesta corrupción.

El grupo SNC-Lavalin tiene múltiples filiales y divisiones, como SNC-Lavalin Aéroports, que ha sido la elegida por el Gobierno valenciano para explotar el aeropuerto de Castellón a través de un contrato de gestión por 25 millones de euros y veinte años de adjudicación.

La empresa evitó ayer pronunciarse al respecto hasta que la adjudicación no sea definitiva y eludió valoraciones sobre el veto del Banco Mundial. “Como uno de los líderes en la gestión de aeropuertos regionales, SNC-Lavalin confirma su interés en colaborar con las autoridades locales para el desarrollo de la región de Castellón”, indicaron.

La empresa inició en los años setenta los proyectos de gestión aeroportuaria en el contexto de la privatización de concesiones de aeropuertos franceses y gestiona 15 instalaciones, además de participar en la de Malta. En una nota, añadieron que han desarrollado “una experiencia única para apoyar a las comunidades locales en la atracción de sus territorios” y que se han convertido “en un socio al servicio de las autoridades públicas que les ayuda con el desarrollo económico de las regiones”.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, salió este lunes en defensa de la adjudicataria tras ser preguntado por estas noticias relacionadas con la corrupción. Fabra destacó que han valorado la capacidad técnica, la experiencia y su solvencia para decantarse por ella.

Estas noticias han puesto a los partidos de oposición en alerta. El secretario general provincial del PSPV-PSOE y portavoz en la Diputación, Francesc Colomer, ha pedido la convocatoria urgente de un pleno en la corporación provincial para que Javier Moliner, como vicepresidente de Aerocas, explique el proceso de adjudicación y las perspectivas de futuro. Colomer defendió esta convocatoria al tener conocimiento de que “la empresa adjudicataria tiene un pasado marcado por la inmoralidad y la falta de ética en los negocios”. La diputada socialista en las Cortes, María José Salvador, ha pedido la comparecencia del vicepresidente del Consell y presidente de Aerocas, José Ciscar, para que “dé explicaciones sobre esta adjudicación y diga si conocían el historial de la empresa”.

Por su parte, el representante de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu, manifestó también sus “dudas” acerca de la conveniencia de vincular el aeropuerto con empresas investigadas a nivel internacional y apeló al Consell a que sean “especialmente rigurosos” para descartar cualquier caso de supuesta corrupción en la elección de la empresa gestora del aeropuerto.