El Gobierno tripartito planeó la creación de un ‘banco malo’ para las cajas catalanas

El Gobierno de la Generalitat sopesó en 2008 crear un banco malo que gestionara los activos tóxicos de las 10 cajas de ahorros que todavía había en Cataluña. Según explicó ayer el entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, en la comisión parlamentaria que investiga la crisis de las cajas, el tripartito intentó convencer al Gobierno central de que pusiera en marcha un banco malo. Ante su negativa, estudió constituirlo “a escala catalana”. “No lo fue, evidentemente”, lamentó.

El anterior titular de Economía aseguró que el Gobierno catalán empezó a preocuparse de la crisis financiera ya en 2008, en especial tras la caída de Lehman Brothers. Y si bien la banca española no tenía activos tóxicos financieros como los de Estados Unidos, sí se había sobrecargado de ladrillo. “El 60% del crecimiento del crédito correspondía al sector inmobiliario”, recordó. Ante esa situación, la Generalitat estudió la posibilidad de crear un banco malo, y de hecho valoró dos posibilidades: seguir el modelo que se implantó en Suecia en 1992, que consistió en un instrumento que agrupaba todos los activos, o bien varios vehículos, como en Alemania.

La posibilidad se planteó tras reunirse con las entidades financieras, pero acabo descartándose porque se requería de una “potencia financiera” que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco de la Generalitat, no tenía.

El exconsejero Antoni Castells hizo un balance “agridulce” del proceso de reestructuración bancaria en Cataluña. Por un lado, recordó, “de las diez cajas en 2008 solo queda una”. “No podemos estar contentos porque ha desaparecido nuestro modelo de cajas”, lamentó. Sin embargo, el exconsejero aseguró que uno de los objetivos de su Ejecutivo era que Cataluña no perdiera “capitalidad” dentro del sistema financiero español. Y a tenor del mapa actual, Castells consideró que eso se había logrado: “Tenemos dos entidades entre las cinco grandes”. Anteriormente, tres exdirectores de Política Financiera de la Generalitat habían recordado que, auspiciados por el Banco de España, trataron de favorecer fusiones regionales para que Cataluña no perdiera capacidad financiera.

La presidenta de la Sareb afirma que cederá a 600 viviendas a la Generalitat

Castells fue crítico con la gestión del Banco de España y el Gobierno central, si bien recordó en varias ocasiones que es “fácil” hacerlo con perspectiva. El exconsejero señaló que las autoridades actuaron “tarde, con lentitud”, y afirmó que las competencias de la Generalitat estaban limitadas a la obra social y los órganos de gobierno de las entidades. “En junio de 2005 hicimos recomendaciones a una entidad y recibimos una carta del Banco de España que no podíamos hacerlo y nos instó a retirarlas”, aseguró.

El ex titular económico de la Generalitat afirmó a los diputados que en 2006 trató de poner “contrapesos importantes” a los directores generales, que tenían una “gran responsabilidad” dentro de las cajas de ahorros. “El director general era el máximo poder ejecutivo, a diferencia de lo que ocurría en otras comunidades, pero era importante que el Consejo de Administración y el presidente fueran un contrapeso”, aseguró.

El exsecretario de Política Financiera Miquel Salazar responsabilizó a las propias entidades de “los principales responsables”, aunque asumió que el Banco de España y la Generalitat pudieron cometer “errores” en el diseño de un modelo que tenía “fugas”. “Cuando se dan crecimientos del 20%, del 25% y después del 30%, planteas que quizás que se ponga el freno de mano”, aseguró Salazar que se había trasladado a las cajas. Castells insistió en varias veces que la Generalitat no podía pasar de ahí: no podía ni recomendar, ni realizar requerimientos, ni sancionar. Lo contrario, dijo, hubiera significado “prevaricar”.

El que fuera director de la Agencia Catalana del Consumo (ACC) entre 2007 y 2011, Jordi Anguera, sostuvo que durante su mandato “no hubo ninguna” reclamación de ciudadanos sobre participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por las cajas de ahorro de Cataluña. Anguera se atrevió a asegurarlo “al cien por cien”, pero sí explicó que el escándalo de las preferentes no estalló hasta que las entidades de ahorro dejaron de pagar los intereses y luego se conoció que “eran un producto de alto riesgo”. Entonces, “yo ya no estaba”, sostuvo.

Anguera defendió la actuación de la ACC e insistió en que el control de las pruebas de adecuación para contratar productos financieros complejos, los denominados MIFID, correspondía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. “Nosotros podíamos comprobar si se habían hecho y si estaban firmados correcta o incorrectamente”, afirmó Anguera, que incluso ha asegurado que reclamó información al regulador bursátil sobre productos financieros y este le respondió que la ACC “no era competente”.

Cerró las comparecencias de ayer la presidenta de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Belén Romana, quien recordó que la entidad de capital semipúblico no es “ni un banco ni una inmobiliaria”. La sociedad, dijo, es una gestora de activos, entre los que hay créditos financieros, que trata de “contribuir al saneamiento financiero con su actividad comercial y de gestión”. Además, Romana defendió a lo largo de toda su intervención que la Sareb está sujeta a la misión que le encomienda la ley. Con ello justificó que no se dedique a solventar las necesidades de vivienda de la población, aunque sí señaló que pondrá 2.000 viviendas a disposición de las comunidades, de las cuales 600 están en Cataluña.

El diputado de ICV-EUiA Josep Vendrell le trasladó su preocupación por las ventas de viviendas a “fondos buitres”. Nos preocupa que contribuyan a generar una nueva burbuja inmobiliaria”, afirmó. El diputado de la CUP, David Fernández, le planteó la paradoja de que la Sareb tuviera una partida para demoler viviendas, a lo que Romana matizó que era para “obras paradas que puedan tener riesgos para la seguridad de las personas”.