Fuenlabrada mira a Atlanta

Los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada comenzaron el viernes pasado una huelga indefinida contra el cierre de la planta que ha anunciado la empresa. Noqueados aún por la inesperada noticia que les llegó hace 11 días, los empleados amenazados de despido (la empresa asegura que son 370 en la planta madrileña, aunque los sindicatos elevan la cifra a 579) tienen una estrategia muy clara: recabar el mayor apoyo social para hacer reconsiderar su decisión al gigante de las bebidas por temor a ver dañada su imagen. Por eso fueron el pasado fin de semana a los estadios del Real Madrid y del Rayo Vallecano justo antes del partido a repartir panfletos con sus quejas, el viernes recorrieron las calles de Fuenlabrada (pasando por el Ayuntamiento) y hoy marcharán a pie los 20 kilómetros que separan la fábrica y la Puerta del Sol de Madrid para hacer visible su protesta. “Vamos a plantear a todo el mundo el boicoteo a la Coca-Cola”, cuenta Juan Carlos Asenjo, representante de CC OO en el Comité de empresa.

También han impugnado el expediente de regulación de empleo alegando un variado número de lo que consideran fallos e irregularidades en su tramitación, por ejemplo, por desproporcionado —aseguran que la compañía tiene beneficios— y por falta de legitimidad de la actual dirección de la empresa, Iberian Partners, producto de la reciente fusión de las siete compañías embotelladoras de Coca-Cola en España: “No se acredita que [todas las fábricas] son un grupo a efectos laborales”, dijo en un comunicado CC OO.

Un portavoz de Iberian Partners, por su parte, responde que cuando decide abordar este proceso lo hace desde el “convencimiento de que está haciendo las cosas desde la más absoluta de las legalidades”. El pasado 22 enero presentaron el plan de reestructuración que incluye el cierre de cuatro de las 11 fábricas que hay en toda España (las de Asturias, Alicante, Palma de Mallorca y Fuenlabrada) y afecta a 1.250 empleados (30% del total); el compromiso de la compañía es intentar recolocar a 500, 270 en Fuenlabrada. “Algunos preferirán acogerse a las condiciones del ERE antes que optar a un traslado, pero la opción la van a tener. A ellos hay que sumar las más de 100 personas [aquellas que tengan más de 58 años] que van a poder acceder a la prejubilación”, explica el portavoz de la compañía.

Pero los trabajadores no se resignan a aceptarlo cuando la compañía tiene beneficios. “Estás viendo que hacen inversiones y llegan con esto...”, protesta Ángel Robustillo, trabajador de la planta y representante del sindicato USO. Robustillo insiste además en el impacto de los despidos en centenares de familias con hipotecas, padres, hijos y hermanos en paro que dependen de los sueldos de la Coca-Cola. Es el caso de Francisco Rivas, que ha trabajado en la fábrica durante 39 de sus 61 años. Su hijo, de 34, lleva en paro desde hace 48 meses, explica, y su hija y su yerno también están desempleados. “Los sueldos aquí estaban bien”, admite.

“Dicen que somos caros —con salarios medios de unos 45.000 euros al año—, pero si ese es el problema, sentémonos a hablarlo”, reclama Esteban Cardeña, miembro del comité por UGT. Su compañero Juan Carlos Asenjo abunda en ello y reclama a la compañía que se siente a negociar jubilaciones, bajas incentivadas y traslados sin plantear el cierre.

Además, en la planta de Fuenlabrada aún no salen de su asombro, pues se creían a salvo por algunos mensajes que aseguran haber recibido en los últimos meses por parte de la empresa y por el hecho de ser la de mayor tamaño de todas las fábricas embotelladoras de Coca-Cola en España; produce entre 110 y 120 millones de cajas al año, según el jefe de ventas. Desde Iberian Partners afirman, sin embargo, que no se trata de un problema productivo, sino de un cambio en el modelo de distribución para optimizar los recursos: en lugar de tener dos “megaplantas”, una en Barcelona y otra en Madrid, que carguen con el peso de la producción hacia las áreas marítimas, se opta por un modelo periférico que distribuye hacia el interior.

Cardeña asegura que hay 1.001 empleados mayores de 55 años (que podrían acogerse a acuerdos de prejubilación) entre los afectados por la reestructuración. El próximo miércoles se vuelven a reunir los representantes de la dirección y de la plantilla, pero, a pesar de que la empresa declara su absoluta disposición a negociar, los trabajadores no tienen muchas esperanzas. Muchos de ellos repetían el viernes que no confían ni en la compañía ni en el Gobierno autónomo o el estatal: “La única posibilidad está en Atlanta”, decían en referencia a la sede de Coca-Cola en EE UU y a la esperanza de que la poderosa matriz intervenga si su cuidada imagen empieza a dañarse. De momento, algunos de los carteles que agitan los huelguistas están escritos en inglés.