Diputados y senadores exigen la mejora de las instalaciones del CIE

Todos los partidos catalanes, excepto el PP, exigieron ayer que hagan obras de mejora en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (CIE) y que se apruebe de una vez el reglamento que acabe con el limbo legal de la instalación. Después de todo tipo de trabas y negativas para acceder al centro, un total de 24 diputados del Congreso, el Parlament y senadores pudieron visitar ayer las instalaciones acompañados del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Desde mayo de 2010 han fallecido tres internos en el CIE de la Zona Franca y se han sucedido las denuncias de supuestos malos tratos de la policía. Dos de esas muertes se han producido en la celda de aislamiento. La última tuvo lugar el 3 de diciembre de 2013 y costó la vida al ciudadano armenio Aramis Manukyan, de 42 años, quien apareció muerto en esa celda, supuestamente tras suicidarse.

Con este caldo de cultivo y el ocultismo con el que Interior ha respondido siempre a las críticas del CIE, ha ido aumentando la sensibilidad por las condiciones de vida en el centro que ayer hicieron suyas casi todos los partidos.

Los diputados y senadores pudieron entrevistarse, entre otros, con un ciudadano de Georgia que está en huelga de hambre desde hace 31 días y que podría ser deportado en las próximas horas para cumplir condena en su país. El Síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio.

Las obras de mejora que se harán en el centro serán la supresión de las mamparas en las salas de visita y su sustitución por rejas, la mejora de la instalación de agua caliente para los internos y la adecuación de los lavabos. Precisamente la falta de agua caliente provocó una revuelta de los internos en el CIE la pasada Nochevieja, en la que tuvieron que intervenir los policías antidisturbios.

Ignacio Cosidó no fijó fecha de inicio para esos trabajos a causa de la falta de dotación presupuestaria, según explicaron los diputados. Si se producen esas mejoras, además, no es por voluntad propia de Interior, sino porque las ha reclamado el juez responsable de tutelar el funcionamiento del centro.

“Estas instalaciones son magníficas y las queremos mejorar”, dijo a la salida de la visita el diputado del PP Antonio Gallego, para quien “no es razonable buscar líos en este centro”. Se quedó solo en su análisis optimista, pues se sumó a las críticas hasta CiU, aliado natural de los populares en el Congreso y en leyes como la de seguridad ciudadana. “Queremos que se respeten los derechos humanos y que se rectifique”, dijo el portavoz nacionalista en el Senado Josep Lluís Cleries, quien recordó el limbo legal de este y el resto de CIE que hay por España se explica, entre otros motivos, por la falta de un reglamento que lleva cuatro años en trámite y que ahora está en el Consejo de Estado para que informe. Cosidó prometió que en breve se desbloqueará su tramitación.

“Las instalaciones son magníficas”, dice el diputado del PP Antonio Gallego

“Aquí hay algo que huele a podrido, y no es porque las personas que están ingresadas no tengan dignidad, sino porque se pudren los derechos humanos”, declaró el diputado Joan Tardà (ERC), cuando recordó que buena parte de los internos están en un centro homologable a una prisión a la espera de la expulsión por carecer de permiso de residencia o de trabajo.

La capacidad máxima del centro es de 210 personas, ayer había 140 y la media anual de ocupación es de 121. Según los datos del Ministerio del Interior, el 46% de los internos están allí por una falta administrativa y el resto por antecedentes penales a la espera de la expulsión.

ERC, al igual que Iniciativa-Esquerra Unida y la CUP, abogan por el cierre del centro. La diputada ecosocialista Laia Ortiz dijo que instalaciones como el CIE “deshumanizan y nos quitan la dignidad como sociedad”. Por su parte, el diputado de la CUP David Fernández recordó que “aquí hay gente que ha entrado viva y ha salido muerta”.

“Sin reglamento todo es opacidad y arbitrariedad”, dijo la diputada del PSC Esperança Esteve, quien reclamó que no se trate por igual a los extranjeros que cometieron una falta administrativa que a los que delinquieron.