Barcelona multa con 156.000 euros a un transportista por colgar anuncios

El Instituto Municipal de Hacienda revisa el caso tras el recurso del abogado del sancionado

Miguel Romero, de 63 años, no sabía la que se le venía encima cuando decidió buscar trabajo colgando anuncios en las calles de Barcelona. Viudo y con dos hijos a su cargo, se le ocurrió ponerse a hacer mudanzas con su furgoneta y decidió anunciarse con unos cartelitos en los que publicitaba el servicio acompañado de su número de teléfono. El Ayuntamiento de Barcelona le reclama ahora 156.000 euros por 364 sanciones y los recargos correspondientes desde la primera multa, en 2010. El Instituto Municipal de Hacienda ha anunciado que estudiará el caso tras las reclamaciones del abogado de Romero.

“Estoy desbordado”, reconoció ayer el hombre, que asegura que nunca tuvo noticia de las sanciones hasta el pasado mes de diciembre. “Si lo hubiera sabido, no hubiera seguido haciéndolo”, añadió. Colgar carteles en lugares no autorizados de la vía pública está calificado como una infracción administrativa en la ordenanza de civismo multada con entre 120 y 750 euros. El abogado de Romero, Roberto Castro, explicó ayer que su cliente llegó al despacho “hundido y abatido”. “Esta cantidad no se paga ni en seis generaciones”, dijo.

El letrado también criticó el “ensañamiento” de la Guardia Urbana y achacó el caso al celo exagerado de “uno o dos agentes”, que fueron siguiendo los anuncios que colgaba Romero y sancionando al hombre por cada uno que encontraban. También dijo que en otros municipios donde Romero publicitó sus servicios, como Gavà y Terrassa, la policía local tuvo el “detalle” de advertirle por teléfono antes de multarle.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona negaron ayer que todas las multas se deban a un exceso de celo de uno o dos agentes y explicaron que en el expediente constan sanciones desde el año 2010 hasta el 2014 que pusieron tanto agentes de la Guardia Urbana como distintos promotores ambientales.

“Anuncios pequeños”

“Los anuncios eran pequeños, pero de color verde fosforito. Igual por eso la han tomado conmigo”, añadió Romero. El Instituto Municipal de Hacienda ha intentado en varias ocasiones embargar al hombre para cobrarse el importe, afirmaron fuentes del ayuntamiento. Ahora el caso está parado mientras no se resuelven las alegaciones del abogado, que ha recurrido por defectos de forma. Castro confía que “la presión social saque los colores al ayuntamiento por esta aberración”.

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