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Los expedientes de Cyes eran famosos en Cooperación por sus irregularidades

Una testigo afirma que sus conclusiones sobre la entidad no coinciden con el expediente

Otra consultora apuntó objeciones a los justificantes de la subvención por parte de la entidad

De 833.000 euros que destinó la Generalitat para un proyecto muy concreto de ayuda a Nicaragua, “¿cómo va a pensar una persona que trabaja en cooperación que se van a invertir sólo 50.000 dólares (unos 43.000 euros)?”. “No le cabe a nadie en la cabeza”, añadió Begoña Campaña. Ella era técnica del servicio de Planificación de la extinta Consejería de Cooperación y Solidaridad y tutora de la becaria Victoria Vila que fue hasta el país centroamericano para comprobar cómo se había gastado el dinero de las ayudas concedidas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), que en total ascendieron a 1,6 millones de euros.

Las presuntas irregularidades en esta ayuda de 2008 se sitúan en el epicentro de la causa abierta contra el exconsejero de Cooperación, Rafael Blasco, y cinco altos cargos de su confianza, además del empresario Augusto César Tauroni, en prisión provisional, y los dos responsables de la ONG Cyes, acusados de hasta cinco delitos.

La becaria se puso en contacto “bastante alarmada” con Campaña por la escasa suma de dinero que había llegado a Nicaragua. Corría el verano de 2010. Entre los trabajadores de la consejería ya se conocían los expedientes de Cyes por las trabas que habían puesto algunos técnicos. De hecho, eran “famosos”, apuntó la técnica. Ella nunca llegó a verlos, pero estaba al tanto de lo que se decía de ellos, eran “vox pópuli”, según declaró este martes. “Todo el mundo sabía que esos expedientes no pasaron la criba administrativa porque no cumplían con el requisito de trabajar en red y el de la experiencia previa”, citó, entre otras posibles irregularidades.

Campaña desarrollaba otras competencias que no tenían que ver con la tramitación de expedientes. Su contacto con Cyes vino dado por la becaria que tenía a su cargo Victoria Vila, que debía trabajar sobre el terreno en proyectos financiados por la Generalitat. Esta se interesó por los de Cyes al advertir algunas contradicciones y Campaña pidió más datos antes de iniciar el viaje a Nicaragua. Le envió un correo electrónico a la técnica competente Francine Codina y esta la contestó por teléfono que no podía darle información porque los expedientes “estaban en otras esferas”, en referencia a la cúpula de la consejería, y que “si seguía preguntando” le “iban a desaconsejar la visita”.

Una becaria advirtió “alarmada” que sólo llegaron 43.000 euros a Nicaragua

La becaria viajó a Nicaragua y Campaña remitió un informe a su superiora inmediata Concha Gisbert, jefa del Servicio de Planificación. Informe que se envió al jefe de Área, Marc Llinares, uno de los procesados, aunque no se incorporó al expediente.

Las defensas de Blasco y de Llinares, especialmente, se emplearon a fondo en intentar quebrar la credibilidad a los testimonios de Campaña y de la técnica del servicio de Gestión Administrativa Ana Tamarit, que la precedió. Esta había declarado que cuando estalló en los medios de comunicación el escándalo del presunto fraude de las ayudas en octubre de 2010, Blasco les reunió y pidió que firmaran un documento que certificaba que todo estaba correcto y no había irregularidades. “Hubo gente que no firmamos”, dijo Tamarit, que describió una serie de irregularidades en el procedimiento con el expediente de Cyes.

A Campaña, Tamarit y Eva Solaz, técnica que alertó de irregularidades, no se les renovó el contrato (no eran funcionarias) y dejaron de trabajar en la Consejería en diciembre de 2010, aunque se les ofreció seguir como asesoras en Inmigración. La defensa se interesó por si las dos primeras habían actuado por animadversión (no ganaron sus demandas laborales) y por si habían sido las filtradoras, con una respuesta negativa por parte de ambas; por si eran amigas; por sus vinculaciones con ONG o por la militancia socialista de la pareja sentimental de Tamarit. La reiteración y las afirmaciones en las preguntas de los letrados de la defensa provocaron la intervención de la presidenta del TSJ y del tribunal, Pilar de la Oliva, varias veces.