El ‘caso ERE’ se dirige a la Cámara de Cuentas

El conocimiento o ignorancia del sistema que financió los ERE durante una década es la clave que ha utilizado la juez Mercedes Alaya para inculpar a 20 altos cargos del Gobierno andaluz, a los que achaca que “conocieron” o “debieron conocer” el mecanismo, dado su alto nivel de responsabilidad política, que exigía estos conocimientos técnicos.

Sin embargo, la sabiduría que achaca la juez a estos ex altos cargos de lo que considera un delito (el uso indebido de las transferencias de financiación para conceder subvenciones públicas, cuando su única finalidad debía ser la cobertura de pérdidas de las entidades públicas de la Junta) también era conocido por la Cámara de Cuentas, según la información que recibía a través de la Cuenta General de la Junta. Es decir, que el órgano fiscalizador encargado de velar por el cumplimiento de la ley de los programas presupuestarios (incluido el fondo de los ERE) ignorara año tras año su supuesta ilegalidad, puede suponer un argumento de descarga para los altos cargos que confiaron en los controles del presupuesto. Especialmente cuando el Tribunal Supremo evalúe los argumentos a favor y en contra de estimar un delito el uso de las transferencias de financiación, que criticó pero no frenó la Intervención de la Junta.

En la memoria de la cuenta anual de la agencia Idea de 2008, se destaca cómo “en los convenios suscritos con la Consejería de Empleo (...) el saldo deudor (...) tiene su origen en diferentes convenios destinados a facilitar ayudas a empresas suscritos con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta, por los que esta Consejería asume el compromiso de facilitar a la agencia la financiación necesaria para atender los compromisos que se derivan de esos convenios”. Y los auditores analizaron estas memorias, tal y como reflejan sus informes sobre la Cuenta General.

Además, el órgano fiscalizador pudo examinar los expedientes de modificaciones presupuestarias en los ERE (ampliación del gasto), que la juez ha censurado en repetidas comparecencias de los imputados. Los auditores de la Cámara explicaron en su análisis global de las modificaciones presupuestarias que habían fiscalizado una muestra de expedientes “para determinar la legalidad de su tramitación, su adecuada contabilización y si contaban con financiación suficiente y correcta”.

A pesar de este conocimiento de los auditores del uso dado al fondo, una tesis apuntada en anteriores escritos por el letrado Juan Carlos Alférez, la Intervención del Estado ha exculpado a la Cámara. Fuentes del órgano fiscalizador insistieron ayer en la defensa de su actuación, y en que no pudieron haber detectado el fraude con la información que manejaron sus auditores: “No se entra a analizar el destino de las modificaciones presupuestarias, ni más aspectos que los meramente formales”.