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La resaca del ladrillo arruina Miño con deudas urbanísticas por 30 millones

El importe de las sentencias contra el municipio suma seis veces su presupuesto

Urbanizaciones del municipio de Miño
Urbanizaciones del municipio de Miño

El bum del ladrillo y las descomunales macrourbanizaciones arruinan la pequeña localidad costera de Miño, a 20 minutos en coche de A Coruña. Este ayuntamiento gobernado por el PP desde hace décadas debe 30,5 millones de euros por condenas judiciales a consecuencia de una mala tramitación de expropiaciones de terrenos para albergar promociones inmobiliarias a gran escala, como la descomunal e inacabada Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas) de Martinsa-Fadesa, o el proyecto de 750 viviendas que pretendían erigir en el monte Piñeiro cinco promotoras. Una factura millonaria que representa seis veces el presupuesto anual de este municipio de apenas 5.700 habitantes. Y puede dispararse en otros 75 millones de euros por reclamaciones de daños y perjuicios de las empresas afectadas.

 La estrategia del alcalde, Jesús Veiga Sabín, intenta ganar tiempo recurriendo invariablemente las sentencias contra el ayuntamiento que sucesivamente emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero ya van más de 11 años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales que abocan a un callejón sin salida y la ruina económica de esta localidad. Su deuda municipal, unos cuatro millones de euros, va camino de ser tan grande como su presupuesto anual (4,9 millones en 2013, prorrogado este año).

Sin visos de cobrar

Expropiados por la fuerza hace ya 11 años por su Ayuntamiento, los 400 exdueños de parcelas que hoy albergan la macrourbanización Costa Miño Golf siguen sin cobrar. Ni hay visos de que vean a corto plazo un euro de la millonaria factura, cifrada en más de 21 millones por el Tribunal Superior de Xustiza, el pasado junio. El Ayuntamiento también recurrió ese fallo que, entre duras críticas por su “funcionamiento anormal” al tramitar esa descomunal promoción privada, le condenó a hacerse responsable del pago del justiprecio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.

En solitario, sin conseguir siquiera entablar diálogo con el gobierno local, los expropiados lograron, en una batalla judicial de casi una década, que los tribunales elevasen el precio de sus solares de 6,32 a 25,9 euros el metro cuadrado. Pero al entrar la promotora en 2011 en concurso de acreedores, el tribunal consideró “ desproporcionado” que los expropiados tengan que esperar, según el calendario de la administración concursal, hasta 2019 o incluso 2022 para cobrar. Y condenó al Ayuntamiento, que no reclamó en su día un aval a la empresa.

El último varapalo llegó la semana pasada, cuando el Ayuntamiento confirmó que decayó, por incumplirse los plazos, el convenio urbanístico para construir 750 viviendas en el monte Piñeiro, un enclave privilegiado con vistas al mar y gran valor ecológico al incluir una marisma y humedales. El proyecto fue ideado y pactado antes de la crisis, en 2006, cuando Miño ya llevaba cuatro años enfrascado en una de las promociones más grandes de Galicia, la de Costa Miño Golf de Martinsa-Fadesa.

Pero en el monte Piñeiro, las cinco promotoras (una UTE compuesta por Constantino Núñez, Odegal y Lucus Urban así como las empresas Promociones Areal y Vallehermoso) recurrieron en los tribunales el sistema de expropiación y ganaron el litigio frente al Ayuntamiento, que fue condenado a devolver los tres millones de euros que cobró en 2006 como canon por ese aprovechamiento urbanístico que nunca se llegó a realizar y a pagar 1,5 millones en intereses. Hace un año, en un intento de resucitar el proyecto y pagar a plazos esa deuda que ponía en quiebra las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento renegoció y firmó con las constructoras un nuevo convenio por el que se comprometía a tramitar en un año la aprobación definitiva de esta macrourbanización y su proyecto de parcelación.

Debiera estar todo listo antes de la entrada en vigor, el próximo 24 de febrero, del Plan de Ordenación del Litoral que acota, y bastante, la edificación en el monte Piñeiro al calificarlo de área de mejora ambiental. Pero transcurrió el año sin que ese convenio fuese al pleno y ahora la nueva norma obligaría a redimensionar el proyecto, dado que ya no se podrá construir cerca de la marisma. Además, alerta el PSOE local, único partido en la oposición (seis ediles frente a siete del PP), la resolución del convenio da la posibilidad a las promotores de reclamar perjuicios al Ayuntamiento, unos 20,8 millones de euros según cálculos de las empresas.

“Se está repitiendo el caso de Fadesa”, acusa el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo: “el gobierno local expropia terrenos para un negocio privado, con una tramitación turbia y problemas judiciales, hasta la entrada en concurso de empresas implicadas”, como ocurrió con una filial de la UTE promotora de la urbanización del monte Piñeiro. En 55 millones de euros cifró Martinsa-Fadesa la indemnización que podría reclamar a Miño, después de la sentencia del Tribunal Superior, en noviembre pasado, que anula el proceso de adjudicación de la urbanización Costa Miño Golf. Una condena que ha sido recurrida ante el Supremo, pero que también amenaza con llevar a la ruina total al Ayuntamiento. Y sigue sin pagar los 26 millones por las expropiaciones de esa promoción.