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Feijóo rechaza investigar Angrois para “no echar a las víctimas sobre el PSOE”

El presidente alega que su reforma electoral deja intactas las reglas del juego

Feijóo tras la rueda de prensa del consello
Feijóo tras la rueda de prensa del consello

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descarta abrir una investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia en el que murieron 79 personas este verano tras las últimas revelaciones de un maquinista de Renfe que demostró haber alertado de los problemas de la vía nueve meses antes del siniestro. Feijóo defendió que sea el juez instructor del sumario el que indague “sobre cualquier nuevo informe o aportación” a la causa y que lo haga “sin límites y con la independencia que le otorgan las leyes”.

Preguntado sobre si el “espíritu de Angrois” —que él mismo viene invocando en los últimos meses— no obligaría a que también desde la política se indague paralelamente a la causa penal sobre todo lo que rodea al accidente (algo que reclaman AGE y BNG en contra de la opinión de socialistas y populares), el presidente lo rechazó rotundamente. Pero de paso deslizó que fue un Gobierno del PSOE (el último de Rodríguez Zapatero) el que diseñó e inauguró la vía. Subrayó ese dato en dos ocasiones, ambas para rechazar cualquier investigacion parlamentaria. “Hacer un juicio paralelo para intentar condenar la política ferroviaria del partido socialista no me parece razonable en este momento”, subrayó.

En una pregunta posterior sobre las demandas de las víctimas que piden ver sentados a los altos cargos de Fomento ante el juez, Feijóo advirtió que cualquier posicionamiento suyo sobre quién debe ser llamado a declarar podría interpretarse como una “presión” al juzgado. Pero insistió en que el instructor tiene libertad para tomar declaración a quien crea conveniente. Y zanjó la cuestión con la siguiente frase: “Pido sentido común en relación a este asunto. Si cada vez que hay una novedad, hay que intentar llevar al Parlamento para echar el dolor de las víctimas sobre un partido que estuvo diseñando esa vía, conmigo que no cuenten”.

En la rueda de prensa posterior a un Consello de la Xunta que volvió a despachar asuntos de trámite —el presidente y sus conselleiros repasaron ocho informes, incluido uno sobre el paulatino aumento de las gestiones tributarias que la Xunta soluciona vía Internet—, Feijóo hizo una defensa cerrada de su plan para cambiar la ley electoral y reducir de 75 a 61 escaños el Parlamento gallego. Incluso argumentó que los cambios que plantea el PP no implican cambiar las reglas del juego. Lo hizo tras una pregunta que recordaba unas declaraciones suyas de 2006 en las que pedía al bipartito que no modificase las leyes electorales sin consenso. “Mantengo lo que dije entonces punto por punto y me someto a la hemeroteca, no se pueden modificar así las leyes electorales”, proclamó. Y luego se paró a explicar que lo que pretendía el bipartito hace dos legislaturas era primar el peso de las provincias de Pontevedra y A Coruña (lo contrario de lo que propuso el PP al final del pasado mandato) y que en cambio lo que ahora defiende su partido es una reducción de 14 escaños (de 75 a 61) que mantiene el peso de los territorios y de la población.

Feijóo pasó por alto que reducir 14 diputados sin tocar el listón mínimo del 5% de votos para acceder al hemiciclo (impuesto unilateralmente por un Gobierno de Fraga en su primer mandato) supone encarecer el acceso al Parlamento de los partidos más pequeños. Ese evidente daño colateral a formaciones que hoy no están representadas en el hemiciclo no entraña a juicio del PP ni del presidente un cambio en las reglas del juego. Por eso su plan sigue adelante y obvia la petición del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien propuso habilitar una comisión para que todos los partidos hagan sus aportaciones para modificar la ley electoral. Feijóo lo rechazó con el argumento de que su partido ya ha esperado un año desde las elecciones a las que se presentó con ese compromiso y acusó a los socialistas de intentar “ralentizar el cambio”. Que no regirá hasta las elecciones de 2016.

 

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