Juicio por usurpar su propia casa

Lourdes Castro, de 37 años, ha sido juzgada esta mañana en la sala de lo Penal 2 de Córdoba por la usurpación de su propia vivienda. La mujer y sus dos hijos, de nueve y 12 años, fueron desahuciados el 19 de octubre de 2012 por el impago de una hipoteca al Banco de Santander por valor de 72.000 euros. La vivienda había sido subastada y adquirida por una empresa con sede en Luxemburgo llamada Propiedades Residenciales que pidió la orden de desahucio. La Fiscalía le acusa de un delito de usurpación y le pide una multa de tres euros al día durante tres meses. La acusación particular solicita el desalojo de la familia y una multa de seis euros al día durante un año y al pago de 3.000 euros por daños y perjuicios.

Solo unos días después de ejecutarse el desahucio, Lourdes recibió la llamada de un vecino diciéndole que la puerta de su casa estaba abierta. La nueva cerradura instalada tras el desahucio apareció intacta y las llaves dentro de la casa. Lourdes cogió a sus hijos y ocupó de nuevo la vivienda.

El juez no ha atendido la solicitud de la abogada de la acusada que reclamaba suspender el procedimiento al haber solicitado su defendida la expropiación de la casa, acogiéndose a la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta. Como se preveía, la solicitud ha caído en saco roto porque la ley autonómica se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno central, que la recurrió.

Durante la vista, Lourdes Castro ha explicado a la sala que dejó de pagar la hipoteca tras quedarse en paro y cuando el subsidio de 426 euros solo le daba para su manutención propia y de los niños. La mujer ha alegado que todos sus intentos de negociación con la empresa fracasaron debido a su insistente petición de dinero. Ha desgranado que con la ayuda de la Plataforma Stop Desahucios llegó casi a acordar con Propiedades Residenciales el pago de 4.000 euros más un contrato de alquiler social con futura opción de compra. Pero en el último momento, afirma, la empresa pidió más dinero y ella no pudo hacer frente al mismo. Poco después, se produjo el primer intento de desahucio, el 18 de julio de 2012. La comitiva judicial no pudo ejecutar el lanzamiento de la familia porque un centenar de personas de Stop Desahucios rodearon la casa e impidieron su acceso.

La Fiscalía y la acusación particular destacan que Lourdes ocupa una propiedad que legalmente no es suya a sabiendas y critican que, hasta marzo de 2013, la mujer no buscase una solución para encontrar otra casa a través de la Junta de Andalucía, dando por sentado que Lourdes aceptaba la ocupación, sin más. Ella, por contra afirma que su situación es temporal y que está abierta a encontrar una solución a través de un alquiler social "que pueda pagar en función de mi situación actual".