Cien días de huelga en Panrico

“Solidaritat amb els companys de Panrico”. 22 kilómetros separan esta pintada, en una tranquila calle del barrio del Guinardó de Barcelona, de la planta de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental) de donde durante décadas han salido Donuts, Bollycaos o pan de molde. La huelga de 200 de los 350 empleados de la fábrica en protesta contra 154 despidos cumple este martes 100 días. El paro va camino de superar al de 103 días que protagonizaron los empleados de la metalúrgica Laforsa de Cornellà entre noviembre 1975 y febrero de 1976 y que finalizó con la readmisión de todos ello.

Pese a las constantes muestras de solidaridad con los trabajadores, las donaciones a la caja de resistencia, o la de algunos despedidos que siguen acudiendo a la planta a apoyar a los piquetes, la huelga está enconada. Hay procesos cruzados en los juzgados: Panrico ha denunciado la huelga por ilegal y los trabajadores han impugnado el ERE. Mientras tanto, la amenaza de cierre sigue planeando. Nadie cede.

Los trabajadores creen que están pagando el pato de sucesivos errores e inversiones fallidas de varias direcciones, se consideran agraviados porque ya sufrieron despidos y una rebaja salarial el año pasado, y porque los despidos de Santa Perpètua suponen casi la mitad del ERE. La dirección reitera que el expediente era necesario para salvarse y que no hay nada que hablar.

Y justo cuando el día 10 la Generalitat había vuelto a sentarles y les había citado para el lunes, un grave incidente que finalizó con un miembro del comité de huelga detenido rompió de nuevo el diálogo. Tampoco es buena noticia la marcha de la Generalitat a la consultora PwC de quien ha mediado durante meses en el conflicto, el secretario de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre.

La crisis de Panrico tiene mil aristas que la hacen muy compleja. Desde la radicalidad que muestran algunos huelguistas (hay 750 denuncias presentadas contra los piquetes que intentan evitar el reparto de productos fabricados fuera de Cataluña); hasta el poco control de la situación actual por parte del comité de empresa (CC OO), cuestionado por moderado por algunos compañeros y por radical por la dirección del sindicato

La federación agroalimentaria de Madrid ha expedientado a la dirección del comité de Santa Perpètua, que ha cometido errores de bulto, como no hacer constar en la firma del ERE que se oponían a lo acordado. El comité, presidido por Ginés Salmerón, no ha velado por mantener a la plantilla unida: hace semanas que no se celebra una asamblea, por ejemplo. Además, no hay una estrategia sobre qué hacer, y no pocos huelguistas reconocen en privado que siguen “por inercia”.

 En Cataluña, la cúpula de la organización, más allá de algunas críticas al “chantaje” de la empresa, ha mirado para otro lado. UGT está desaparecida en este conflicto tras la brecha que causó entre los empleados el referéndum de hace dos años, en el que los trabajadores de las oficinas aprobaron una rebaja salarial que afectaba a la de los de producción.

En el lado de la empresa, el propietario de Panrico, el fondo Oaktree, aprieta al consejero delegado, Carlos Gila, para que cierre la fábrica vallesana. Gila jugó a la perfección la estrategia del “divide y vencerás”: puso sobre la mesa de negociación del ERE un documento con el número de despidos por plantas, de forma que logró de inmediato el voto favorable de las menos perjudicadas, que aislaron la protesta de la fábrica de Santa Perpètua. Demasiado tarde para unir una plantilla que en años anteriores ha sido incapaz de firmar un único convenio de empresa.

Pero pese a que Panrico ha seguido vendiendo en Cataluña, la huelga le está costando muy cara: es cierto que se ahorra unos costes laborales que la compañía tacha de desmesurados, pero está pagando los de transporte de productos desde Madrid, Valladolid y Córdoba hasta Cataluña, además del alquiler de almacenes en la Zona Franca y la inmovilización por parte de los piquetes de parte de la producción.

La dirección retiró la solicitud de preconcurso de acreedores la semana pasada, porque en teoría los recortes han mejorado su situación económica, pero sigue teniendo problemas para pagar a los proveedores, según las mismas fuentes.

Precisamente la imposibilidad de pagar a los proveedores debido a la delicada situación de las cuentas de Panrico está en el origen de esta última crisis de la empresa. A comienzos de septiembre, el fondo Oaktree relevó como consejero delegado a Joan Casaponsa y en su lugar nombró a Carlos Gila, conocido por la gestión de otras empresas en crisis como Sintel o La Seda. Sin deuda, pero con 700 millones de pérdidas acumuladas, el 17 de septiembre Gila anunciaba la suspensión del pago de nóminas para pagar a proveedores. Una semana más tarde, el 25, presentaba un plan de reducción de 50 millones de gastos que pasaba por el despido de 1.900 personas (entre plantas y repartidores) y una rebaja salarial del 45%.

En paralelo, se acogió al preconcurso, para ganar tiempo, y presentó y negoció el ERE, que se firmó el 26 de noviembre con una cifra final de 745 despidos. Los representantes de Santa Perpètua se levantaron de la mesa y no firmaron, pero su oposición no consta en ningún papel. De forma que, negro sobre blanco, están en huelga contra un ERE que está formalmente firmado y cerrado.

Gila asegura que no quiere cerrar, pero que presiones de los ingleses no le faltan. También rechaza poner en venta la fábrica y fuentes del mercado mantienen que no la compraría nadie y que la necesita para que no se le disparen los costes y lo que se ahorre en personal se lo gaste en transporte. “A su manera, está haciendo un esfuerzo”, dice alguien que le conoce bien. A su manera ejecuta los despidos: ingresa el finiquito a los afectados, que días después reciben la carta de comunicación.