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OPINIÓN

Burgos como síntoma

Más que un conflicto urbanístico, en Gamonal se dirimía una cuestión de justicia en una sociedad recalentada

El mismo día en que los diarios de ámbito nacional reproducían unas insólitas imágenes de las calles de Burgos tras la batalla campal que vecinos del barrio de Gamonal habían protagonizado las dos noches anteriores, la revista The Economist situaba a España entre los países con más probabilidades de sufrir un estallido social en 2014. Una semana después, el estallido de Burgos encierra algo más que una mera protesta vecinal y lo ocurrido los últimos días, con manifestaciones e incidentes en 24 ciudades de España, no hace sino corroborar que, como en los bosques secos en un verano caluroso, es mucha la capacidad de ignición que acumula el cuerpo social.

Lo ocurrido en Burgos suscita, por lo menos, dos importantes cuestiones, una de fondo, sobre los mecanismos de decisión de las políticas públicas, y otra de forma, sobre cómo la ciudadanía puede defenderse y eventualmente imponer sus propias prioridades. Cuando el viernes, después de haber decidido suspender temporalmente el proyecto, el alcalde rectificó por segunda vez y decidió aparcarlo definitivamente, se hizo evidente algo muy inquietante: el mismo poder que se muestra arrogantemente ciego y sordo a las voces y los gritos de la ciudadanía cuando esta discurre por vías pacíficas, puede recular y cede en cuanto empiezan a arder contenedores.

La mecha es lo de menos. Lo que cuenta es si hay masa calórica, porque si la hay, arderá, como se vio en el conflicto por la urbanización de la plaza Taksim en Estambul, que derivó en manifestaciones contra Erdogan en todo el país; o en los incidentes que encendieron las banlieu de París, en 2005, o en los tumultos que jóvenes enfurecidos prendieron en el barrio de Tottenham en 2011 y rápidamente se extendieron al centro de Londres.

Pero vayamos a la cuestión de fondo. ¿Tanto destrozo, tanta indignación, por un proyecto urbanístico que en teoría beneficiaba al barrio? Con la remodelación de la avenida, los vecinos tendrían un bonito bulevar, con su arboleda y su carril bici, y un gran parking que resolvería el eterno problema de aparcamiento. En realidad, no era eso lo que se dirimía. Lo que subyacía como causa del malestar era una cuestión de justicia. De la justicia entendida como “la primera virtud de las instituciones sociales”, en definición de Rawls, la condición sin la cual no pueden darse las demás. El insoportable desorden que supone que los niños del barrio puedan quedarse sin guardería municipal por falta de 13.000 euros, y se gasten en cambio 13 millones en un proyecto ornamental que nadie considera una prioridad. La nueva avenida podía embellecer el barrio, pero difícilmente cambiaría el horizonte vital de los jóvenes que no tienen trabajo ni perspectivas de tenerlo.

Y sobre esa injusticia de fondo, el atropello, la humillación de ver cómo ese proyecto se presenta como una decisión de interés público, una concesión al bien común, cuando en realidad es una operación al servicio de intereses particulares que incluye la privatización de una parte del espacio público. Los vecinos podrían aparcar más fácilmente, sí, pero pagando allí donde ahora aparcaban mal pero gratis. El nuevo proyecto convertía el problema de aparcamiento de los vecinos en un lucrativo negocio. El principal beneficiario no era el barrio, sino quienes iban a ejecutarlo.

La tramitación había puesto además en evidencia las trampas del modelo de seudo participación ciudadana que rige en muchas ciudades. El plan había sido aprobado en un amañado consejo del barrio pero eso no impidió que saltaran los adoquines en cuanto llegaron las máquinas. A esas alturas, todos tenían claro quién había detrás: el entorno de un constructor condenado por corrupción, que encarna la cultura del pelotazo y que, al modo berlusconiano, no solo controla el poder político local sino también el mediático. Y ahí entra la segunda parte de la cuestión, la formal: cómo un conflicto puntual trasciende el ámbito local y se convierte en objeto de atención incluso de la prensa internacional. Los vecinos se habían manifestado antes pacíficamente, sin resultado. Pero en cuanto la mecha prendió el primer contenedor, se activó también el mecanismo que en la sociedad mediática permite alcanzar el umbral de visibilidad necesario para convertirse en noticia. Cuando eso ocurre, el seguimiento informativo es al conflicto lo que el calor y el viento a un incendio forestal.

El secretario de Estado y otros dirigentes del PP se han apresurado a culpar del conflicto a “infiltrados” y “grupos violentos itinerantes”. Está claro que la Ley de Seguridad Ciudadana del PP está pensada como cortafuego de la conflictividad social que se vislumbra. Pero más que preparar fuerzas antidisturbios y un arsenal de multas con los que amedrentar a los ciudadanos, los poderes públicos deberían preguntarse por qué hay tanto malestar. Lo ocurrido en Burgos, lamentablemente, también encierra otra lección: si hacer una huelga general no es capaz de parar una reforma laboral; si paralizar la enseñanza durante semanas, como ocurrió en Baleares, no frena un proyecto que se considera lesivo; si sacar a cientos de miles de personas a la calle no sirve para paralizar una privatización hospitalaria, ¿qué recursos les quedan a los ciudadanos para hacerse escuchar por un Gobierno que entiende la mayoría absoluta como una carta blanca para ejercer un poder absoluto? Cuidado con la frustración que generan tantas protestas sin respuesta, porque la capacidad de ignición social no deja de crecer.