Nuevo antiguo régimen

El Régimen de la Transición ha dejado de ser el Día de la Marmota. Está cambiando, radicalmente y dentro de su lógica. Este artículo es una meditación del Nuevo Viejo Estado, a través de cambios que, desde el Gobierno ZP, están dibujando:

Un Estado sin soberanía. Poseer la Constitución con menos soberanía popular del mercado europeo ha creado una cultura con poco control ante la intervención externa. Incluso poca percepción. Algo, por otra parte, normal en un Estado al que se le dijo que se desindustrializara en los ochenta y fue y lo hizo. Un político del terruño sabe hoy que su trabajo, en buena parte, está deslocalizado. Quizás por eso, la clase política local aún no valora en su justa violencia la reforma constitucional exprés de 2011, que definitivamente reformula el Régimen, y deja al Estado incapaz de cualquier actividad que no sea la decidida desde fuera. Es decir, el pago de deuda.

Poseer la Constitución con menos soberanía popular del mercado europeo ha creado una cultura con poco control ante la intervención externa

Un Estado con Parlamento débil. ¿Pueden defendernos de ello los parlamentos? Como en todas las constituciones posteriores a 1945, los parlamentos locales no tienen una gran capacidad. Pero se reduce más aún vía selección de representantes, a través del sistema electoral y a través de una figura inexportable: el secretario de organización, el tipo que decide quién será diputado y quién dejará de serlo, el tipo que bonifica o penaliza comportamientos. Sobre el concepto bonificación: sabemos muy poco —lo que es escalofriante— de los ingresos de nuestros representantes. Ejemplo: la presidenta del Parlament esbozó, para descartar un recorte salarial a su egregia institución, que un parlamentario cobraba 3.000 pepinos mensuales. Y coló, si bien un parlamentario cobra entre 4.000 y 8.000 euros anuales exentos de IRPF solo en concepto de transporte —a su lado, nuestra T-10 es una bicoca—. Los sueldos van desde los alrededor de 160.000 euros que cobra ella, los 150.000 que cobra una treinta de sus presididos y lo que cobra el resto, que es variable pues el sueldo lo deciden los jefes de grupo; el 30% suele ir al partido. Ese sistema de recompesas y castigos puede ser una de las explicaciones del escaso conflicto que crean nuestros representantes en el trance de votar, pongamos, la contra-reforma democrática, a través de leyes y presupuestos.

Un Estado corporativo. Si un representante pasivo puede ver cambiada su economía, un político hiperactivo puede ser ya Califa en lugar del Califa. O, al menos, que el IBEX esté formado abrumadoramente por empresas reguladas, ilustra que, por aquí abajo, el Estado y la empresa tienen un rollete. Verbigracia: la cantera de los consejos de administración de sectores regulados —el top: energía, banca y comunicaciones—, es el Consejo de Ministros, o, en el caso David Madí, soberanista de pro, los pre-Consejos de pre-Ministros. La imbricación de la empresa en el Estado es tan retorcida que se adentra en el género sucesos. Los casos Bárcenas, Ferrovial o Pujol jr. dibujan la venta de políticas a cambio de dinero. El ultimísimo rescate de la banca más sólida del mundo, la no reforma de la Ley Hipotecaria y la ultimísima Reforma Energética, que ha hecho sonrojar hasta a la UE —robot que nunca se sonroja—, ilustran que la disciplina se está intensificando, y que tarde o temprano acabará llamando la atención de Scorsese.

Un Estado irresponsable jurídicamente. Paralelamente a la renovación del business friendly en nuestras instituciones, la irresponsabilidad del Jefe del Estado, en 35 años, no sólo no se ha acotado, sino que se ha expandido a la clase política, que culturalmente no se ve responsable de sus actos. Algo problemático en un momento en el que, muerto el ladrillo, la gran fuente de riqueza de nuestras empresas es la venta del Estado a las empresas. La escasez de condenas, el aumento de indultos, el rol de Perry Mason que está adoptando Fiscalía Anticorrupción o que el segundo intento de imputación a la Infanta tenga el grosor de una novela del XIX, explica lo difícil que es —y será— someter al control de la Justicia a miembros de la gran famiglia del businessfriendlysmo.

La imbricación de la empresa en el Estado es tan retorcida que se adentra en el género sucesos

Un Estado autoritario, nacionalista y confesional. La contra-reforma laboral estaba dictada por entidades no democráticas externas. La Ley de Seguridad Ciudadana, la ley Wert o la Ley del Aborto, no. Son preciosismos a-democráticos locales. Es decir, implican cierta voluntad más allá del deber fijado desde Europa. La Ley de Seguridad supone que, para evitar el conflicto y elaborar cohesión social, el Estado renuncia a costosos mecanismos culturales, ya amortizados, y apuesta por la represión y el control. ¿Pueden los Estados Unidos de Europa permitirse un Gran Estado de Texas? Respuesta: tal vez, mientras pague la deuda.

Las otras dos formulaciones de la poca soberanía existente —lo de Wert y lo del aborto— suponen el planteamiento del nacionalismo —único tema de discusión permitido en los últimos 35 años—, y de la confesionalidad —intento de tema de discusión substitutivo, introducido por ZP—, como los dos únicos ejes de fricción política posibles. Lo único matizable, el combate, la ideología, la calderilla del nuevo/viejo Régimen. Lo demás, me temo, está fuera de discusión. Suerte, amigos.