La fiscal acusa de homicidio a ocho de los ‘mossos’ del ‘caso Raval’

La fiscalía ha acusado de homicidio a ocho de los mossos d’esquadra imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, que falleció en Barcelona el pasado octubre horas después de ser violentamente reducido. La actuación de los agentes en el caso Raval fue “excesiva, desproporcionada y desmesurada”, concluye la fiscal, que no concreta, sin embargo, si son responsables de un homicidio doloso (o sea, intencionado) o imprudente. Los policías, en cualquier caso, “colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro” a sabiendas de que Benítez “no tenía escapatoria”, según el escrito remitido a la juez que investiga el caso.

Un agente está acusado de borrar pruebas y otra de coacciones a una vecina

Los hechos ocurrieron la noche del 5 de octubre en el barrio del Raval. Por un conflicto relacionado con su perro, Benítez acabó enfrentándose a golpes con un vecino, El Yazid A, el hombre con quien peleó antes de la llegada de la policía,. Tras la pelea, ambos “permanecieron tranquilos en el lugar” a la espera de que llegara la policía. Cuando aparecieron los primeros agentes, Benítez trató de marcharse. Una agente intentó retenerle y el empresario se revolvió, lo que motivó “un forcejeo entre ambos”, según el relato expuesto por la fiscalía en una vista para concretar las acusaciones del caso Raval, que será dirimido por un jurado popular.

El incidente con la agente femenina provocó que sus compañeros —tres al principio, un total de ocho al final del incidente— se abalanzaran sobre el hombre, de 50 años y nacido en Cádiz. Durante las maniobras para reducirle, darle la vuelta en el suelo y colocarle las esposas, los agentes le propinaron “patadas, puñetazos” y otra clase de golpes, incluso con la porra “en posición horizontal”, detalla la fiscal.

La actuación, incide, fue “desproporcionada” no solo por su duración —alrededor de 15 minutos— sino también por “el número de mossos” que intervinieron y por “la fuerza física” que ejercieron sobre la víctima. Los agentes “provocaron a Benítez un estrés” que le llevó “a un estado de inconsciencia” y a una “situación de parada cardiorrespiratoria” previa a su fallecimiento.

La causa de su muerte es uno de los caballos de batalla del caso Raval y lo que aún hace dudar a la fiscal sobre la naturaleza (dolosa o imprudente) del homicidio. Para aclararlo, el ministerio público ha pedido una decena de aclaraciones respecto a la autopsia de Benítez, que abrió un abanico de posibilidades. Según el informe forense, en la muerte intervinieron cuatro factores: los golpes propinados por la policía durante la actuación —sobre todo, en la zona cráneo-facial—, el “estrés” provocado por la reducción, una dolencia cardíaca previa que le provocaba arritmias y la ingesta, horas antes, de una pequeña cantidad de cocaína; todo ello en conjunto —y sin que, según los forenses, pueda apostarse por una sola causa— provocó la parada cardiorrespiratoria que, horas después del episodio, acabó con la vida de Benítez en el hospital Clínic.

Aunque no tenían “intención directa” de acabar con la vida del detenido, los mossos actuaron “de común acuerdo” para colocar a la víctima “en una clara situación de riesgo y peligro que podría desembocar en su fallecimiento”, siempre según el relato trazado por la fiscal, Elena Contreras, que enumera una docena de circunstancias para justificar que la actuación fue “desproporcionada”; entre otras cosas, afirma que los mossos fueron conscientes de los “continuos gritos y lamentos” de la víctima y les reprocha que “prolongaran” su reducción, “incluso cuando Benítez había dejado de gemir”.

Además de un delito contra la vida, la fiscal atribuye a los ocho policías otro de torturas. La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima a través del abogado David Aineto, pide que sean juzgados también por detención ilegal. Los otros dos agentes imputados también son responsables, según la fiscal, de obstrucción a la justicia y coacciones. Uno de esos policías  arrojó una botella de agua sobre el charco de sangre que había dejado el cuerpo de Benítez en la calle de Aurora.El segundo policía preguntó a una vecina si había grabado imágenes de lo ocurrido. La mujer le dijo que sí y le pidió que las borrara en su presencia. “Lejos de indicarle si podía facilitar a la policía el material gráfico”, critica la fiscal, se limitó a presenciar cómo las borraba, lo que “obstaculizó” la investigación

La difusión, por EL PAÍS, de un vídeo grabado por los vecinos —y la investigación policial— fueron el detonante de la decisión del Departamento de Interior, dirigido por Ramon Espadaler, de suspender temporalmente de empleo y sueldo a los agentes. Interior, sin embargo, les ha levantado esa suspensión, pese a que están cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La defensa de los agentes, sin embargo, pidió el archivo de la causa y solicitó una nueva autopsia.

En su escrito, la fiscal también lamenta que, pese a que ya estaban presentes en el lugar de los hechos, los agentes no pidieran a los miembros del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que asistieran a Benítez “hasta que este, esposado y con los pies sujetos a las manos por atrás”, fue introducido en el vehículo policial “inerte”. “La gravedad de su estado” motivó que fuera finalmente desatado y atendido.