La caída del imperio bético

La caída del Betis no ha sido como la del Imperio Romano, lenta y continuada. Ha sido vertiginosa e inesperada. El Betis es ahora un volcán. En lo deportivo, va camino de la Segunda División. En el aspecto institucional, una auténtica madeja judicial se cierne sobre la centenaria institución deportiva.

El Betis está intervenido judicialmente desde que en julio de 2010 la juez Mercedes Alaya embargara las acciones de Manuel Ruiz de Lopera. Sobre el exdirigente del Betis pesa una acusación por delito social continuado y apropiación indebida tras la denuncia realizada en 2008 por un grupo de accionistas de la entidad.

Alaya nombró a tres administradores judiciales para controlar las acciones de Lopera y dictó unas medidas cautelares que todavía, casi tres años y medio después, continúan vigentes. La causa contra Lopera está cerca del final de su instrucción. Concluida ésta, le tocará juzgar a la Audiencia Provincial. Tras el fallecimiento de uno de los administradores y la marcha de otro, ha sido José Antonio Bosch el encargado de llevar el gobierno judicial del Betis hasta el pasado siete de enero. Bajo su protectorado, se nombró primero presidente al exfutbolista Rafael Gordillo y luego al empresario Miguel Guillén. En 2010 el Betis, en Segunda y arruinado por una deuda de 90 millones heredada de la etapa de Lopera, se declaró en quiebra. Al año siguiente el equipo logró ascender a Primera, mantenerse en la siguiente campaña y su clasificación europea en la pasada de 2013. Además, el club superó con nota un concurso de acreedores.

No obstante, las austeras medidas impuestas en el gobierno del club permitieron un crecimiento en los aspectos social y económico. Se logró una paz social que se ha dinamitado en los últimos meses. A pesar de los éxitos deportivos, cimentados sobre todo en la labor del entrenador del primer equipo, Pepe Mel, y en una columna vertebral que provenía del año de Segunda, la entidad erró en la organización de la estructura del fútbol base y la mayoría de los fichajes que llegaron al club.

Sobre el Betis pesan hasta tres procesos judiciales distintos

Como ocurre en una sociedad anónima deportiva, tres meses horrorosos del primer equipo han arrastrado a la deriva a un consejo de profesionales de distinto ámbito muy poco acostumbrados a tomar decisiones en el mundo del fútbol. El caso más sintomático ha sido el de José Antonio Bosch, administrador judicial. Bosch ha sido reprobado por el mismo consejo que él nombró. El motivo, los negocios realizados por el bufete de abogados en el que trabaja con una empresa proveedora del club, Gesalus.

Bosch fue el artífice de las grandes decisiones deportivas de los últimos meses: renovó tres años al técnico Mel y luego lo echó cuando el equipo todavía estaba vivo sin el consentimiento de Vlada Stosic, director deportivo. Fichó por su cuenta y riesgo al nuevo entrenador, Juan Carlos Garrido, y luego despidió a Stosic. En el último mes de vértigo vivido por el Betis, al que le tocó salir fue a Bosch. El abogado presentó su renuncia ante Alaya, que nombrará a un nuevo administrador. Curiosamente, el máximo accionista del club no tiene presencia en el consejo.

Además de la vía penal, en el Betis hay abierta otra vía judicial, en este caso civil. Un grupo de accionistas presentó en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla una demanda para discutir que el 31% de las acciones del Betis sean propiedad de Lopera.

Por si fuera poco todo este embrollo judicial, la propia Alaya ha acusado a Lopera y Luis Oliver, empresario a quien vendió sus acciones en el verano de 2010, de venta falsa de las mismas. Según Alaya, esta compraventa se produjo para evitar la intervención de las acciones. No obstante, tanto Lopera como Oliver esperan recuperar el control del Betis cuando cesen las medidas cautelares, algo que ocurrirá al término de la instrucción del proceso contra Lopera.

Algunas fuentes sitúan ese escenario al final de esta temporada, que se ha convertido en un suplicio. Posiblemente en Segunda y sin el suculento contrato de televisión que sustenta la entidad (30 millones de euros), un nuevo equipo de gobierno dirigirá los restos del imperio bético.