La Guardia Civil ve anomalías en la venta del Betis a Oliver

La Guardia Civil asegura en un informe que la venta del 51% de las acciones del Betis por parte del ex presidente Manuel Ruiz de Lopera al empresario Luis Oliver, actual consejero delegado, no podría efectuarse hoy porque las empresas de Oliver no disponen de solvencia. Si la juez Mercedes Alaya no hubiera anulado la operación el pasado julio o si la Audiencia Provincial revoca la anulación de la compraventa, esta tampoco se llevaría a cabo. "La operación de compraventa se formaliza por empresas que, en principio, carecen de capacidad financiera para llevarla a cabo", determina el informe policial.

Oliver adquirió sus empresas por un solo euro y sin contar con el respaldo de inversores externos, por lo que nunca podría afrontar la compra de las acciones de Farusa anunciada el pasado julio por 16 millones a cinco años y poco después anulada por la magistrada. Asimismo, el informe subraya que Oliver carece de inmuebles que acrediten su solvencia, que se dedica a adquirir empresas en situación de crisis, y descarta que Lopera estuviera detrás de las empresas de Oliver.

Oliver contrató por 35.000 euros al mes a la administradora de una empresa suya

La Guardia Civil resalta que la venta de las acciones a Bitton Sport se realizó por pignoración. Es decir, Lopera vendió las acciones, pero en cuanto existiera un impago por parte de Oliver, las acciones volverían a manos de Farusa, empresa propiedad del ex presidente bético. "Debe tenerse en cuenta que el primero de los cheques, con fecha de vencimiento el 2 de septiembre de 2010, ha sido devuelto por incorriente", aseguran los investigadores.

La Guardia Civil hace hincapié en que la operación pudo ser una maniobra orquestada por Lopera y Oliver ante la inminente intervención judicial del club. El empresario omitió ciertos datos fundamentales de la compraventa y que debieron haber sido reseñados en el libro de socios del club. "Contemplar un escenario de vuelta de la propiedad de las acciones del Betis a Farusa (propiedad de Lopera) no es en absoluto complicado".

El informe resalta cómo Oliver confesó que su intención era situar al equipo entre las posiciones para optar a las competiciones europeas y luego abandonar el club. Cuatro días después de la anulación de la compraventa, Oliver adquirió varias acciones a otros socios, y los investigadores avanzan que cometió una "supuesta falsedad en el acto notarial" al hacer constar hechos que no habían sucedido.

Los agentes resaltan asimismo la contratación de la asesora Isabel Escrig (persona del entorno de Oliver) a través de la empresa Orion Consultoría y Gestión S. L. por 35.000 euros al mes. Escrig es la administradora única de varias empresas que controla Oliver, entre ellas Dinaqua, fiadora de la compraventa anulada por la juez Alaya. El contrato era para "consultoría de procesos de márketing y asesoramiento jurídico", entre otras funciones.