La juez embarga a Lopera sus acciones del Betis y 44 fincas para cubrir la fianza

La juez Mercedes Alaya, que investiga un supuesto delito societario en la gestión del Betis, ha emitido un auto en el que embarga las acciones del club del ex presidente Manuel Ruiz de Lopera, imputado en el caso, como medida cautelar. Además, la magistrada le ha embargado 44 inmuebles a nombre de su empresa Farusa. Las acciones y las fincas embargadas son la garantía ofrecida por Lopera ante la alta fianza fijada por la juez de 25 millones por las posibles responsabilidades pecuniarias.

La juez exigió la fianza de 25 millones el 16 de julio pasado, tras anular la venta de las acciones por parte de Lopera al empresario Luis Oliver. Para afrontar la fianza, Lopera presentó al juzgado el aval de estos inmuebles, pero el registro de la propiedad indicó "que no se pueden realizar las anotaciones de embargo de dichos bienes al no aparecer los mismos a nombre del inculpado", tal y como subraya el auto de la juez.

Lopera no es titular registral de los bienes, pero sí las empresas sobre las que el ex presidente posee el 100% de las acciones. Por ello la juez ha admitido los bienes como garantía del pago de la fianza de 25 millones. El embargo de las acciones se ha efectuado a través de la Guardia Civil, que registró el depósito de los títulos de los bienes en el juzgado. Dichas acciones ya están siendo administradas por el ex futbolista Rafael Gordillo, el abogado Juan Manuel González Porrúa y el auditor de cuentas Luis Carlos Ruiz de Huidobro. "El embargo de las acciones sólo es decisivo para que el Betis pueda recuperar esas acciones en el futuro", opinó Cayetano García de la Borbolla, letrado de la asociación Por Nuestro Betis.

La mayoría de inmuebles están situados en diferentes calles y polígonos de Sevilla, además de Marbella (Málaga), y las localidades gaditanas de Chipiona y El Puerto. "Casa en calle Sierpes, nº 10 en Sevilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 8 de Sevilla. Tomo 908, Libro 516", es uno de los ejemplos embargados.

Por otra parte, una semana antes la juez había desestimado los recursos de reforma interpuestos por la defensa de Lopera contra la decisión de la magistrada de anular la venta de las acciones a Oliver. En dicho auto Alaya insiste en subrayar "el diseño preconcebido de las operaciones para hacerse con el paquete mayoritario de acciones, en gran parte de manera ficticia" llevado a cabo por Lopera en 1992, cuando el Betis se constituyó como sociedad anónima. A continuación, la juez censura que el ex presidente vaciara las arcas del Betis. "Aprovechándose de la delicada situación económica del Betis (...) el vaciamiento patrimonial del club a través de Tegasa y luego de Encadesa", sociedades ambas de Lopera.

En el auto Alaya critica asimismo la participación del empresario Luis Oliver, ahora al frente del Betis. La juez recuerda que tras anularse su compra de acciones a Lopera, Oliver "adquirió un puñado muy escaso de acciones para colarse como administrador por cooptación en el consejo de administración".

Además, la magistrada recuerda la desconvocatoria "al margen de la legalidad" de la junta general extraordinaria, convocada previamente para el pasado 20 de agosto. Ésta fue desconvocada sin obedecer a "ninguna causa que impidiera su celebración o al interés general de la sociedad, únicas causas legales" para que no se produjera. "La transitoriedad de estas actuaciones claramente abusivas es patente", afirma Alaya. Por último, critica que Lopera haya influido "desde fuera para seguir manteniendo las riendas de la sociedad", situación que provocó la administración judicial de las acciones, según la juez.