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El fiscal ve prevaricación y fraude en Fabra por cobros no documentados

La querella apunta a la responsabilidad de otras personas “no determinadas”

La Diputación de Castellón se gastó 170.000 euros para donar solo 68.000

Carlos Fabra, durante una rueda de prensa.
Carlos Fabra, durante una rueda de prensa.

El expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, se “aseguró los ingresos necesarios” para sufragar los gastos de la Corrida de la Beneficencia que organizaba cada año la institución a través de un sistema de recaudación “no documentado” y contrario a la legalidad. El sistema lo continuó el exvicepresidente Francisco Martínez cuando ocupó la presidencia durante la enfermedad de Fabra. Así lo constata la Fiscalía de Castellón en la querella presentada ante el juzgado y que ha derivado en la imputación de ambos dirigentes.

El ministerio público atribuye, en la actuación de ambos, un posible delito continuado de prevaricación de los artículos 74 y 404, y otro delito continuado de fraude y exacciones (exigencia de deudas o impuestos) ilegales de los artículos 74 y 437 del Código Penal. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón los ha citado a declarar el 17 de marzo como imputados únicamente por prevaricación. La querella apunta a la existencia de otras personas implicadas pero no identificadas “por el momento”.

La querella de la fiscalía (que hacía días que estaba en posesión del actual presidente de la Diputación, Javier Moliner) da buena cuenta del procedimiento instaurado por Fabra durante años para una beneficencia que resultaba, además, totalmente ruinosa. En 2009, por ejemplo, la Diputación se gastó 170.000 euros para recaudar y donar solo 68.000.

La querella apunta que habría otros implicados todavía no identificados

La fiscalía inició la investigación a instancias del fiscal superior de la Comunidad Valenciana y después de que el Tribunal Superior de Justicia manifestara su “verdadera perplejidad” por un sistema de recaudación por el que veía indicios de prevaricación y/o malversación. El detonante fue la denuncia del Ayuntamiento de Vila-real. La investigación se circunscribe únicamente a los festejos celebrados en 2010 y 2011 organizados y gestionados “directamente” por la diputación. El coste de las dos citas ascendió a casi 336.000 euros. Para la corrida de 2011 se llegaron a firmar decretos que quitaron cerca de 100.000 euros a diferentes municipios de la provincia para saldar las supuestas deudas por las entradas de toros. Entre los colectivos beneficiados llegó a estar la ONG Colombia Nos Une, que también recibió subvenciones del exconsejero Rafael Blasco.

La querella, firmada por el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, concluye que fueron Carlos Fabra y Francisco Martínez quienes tomaban las decisiones sobre la venta de las entradas y la gestión de las corridas taurinas, así como las resoluciones y propuestas sobre los precios previstos para las entradas. De esta forma, y para “evitar que la Corrida de la Beneficencia fuera deficitaria”, se optó por una decisión “no documentada” y tomada tanto por Fabra como por su número dos que les ha llevado ahora a la imputación.

Fabra dice que los Ayuntamientos podían devolver las entradas

Se trata del mismo sistema que años anteriores (aunque no investigados) y que el fiscal explica así: “Se adjudicó un determinado número de entradas a municipios de la provincia, sin que mediara ningún tipo de solicitud por escrito, ni contratación ni convenio entre la diputación y los determinados Ayuntamientos, cantidades con las que la Diputación se aseguraba los ingresos necesarios para sufragar los gastos y cuyo pago, caso de no efectuarse por los Ayuntamientos, se compensaba con deudas que aquéllos tuvieran con la corporación provincial”.

En este sistema “no consta” que se siguiera con el procedimiento legal de compensación de deudas entre administraciones (no se comunicaba el inicio de los expedientes) ni que tales cantidades pudieran cobrarse así, puesto que no eran deudas presupuestadas por los Ayuntamientos.

Fabra se defendió este miércoles asegurando que los Ayuntamientos podían devolver las entradas y que no había ningún tipo de presión sobre ellos. Martínez alegó que él solo firmó lo que los técnicos le pasaban y avalaban.