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El Ayuntamiento asume la ayuda a domicilio a personas dependientes

La Comunidad deja el servicio en manos municipales a cambio de financiación

González y Botella, tras la firma del convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
González y Botella, tras la firma del convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.Bernardo Pérez

El Ayuntamiento de Madrid ha asumido los servicios de atención social primaria en la capital, que hasta ahora prestaba de forma solapada con el Gobierno regional.

Merced al convenio firmado hoy por la alcaldesa, Ana Botella (PP), y el presidente regional, Ignacio González (PP), esta competencia será gestionada a partir de ahora a nivel local pero sufragada por ambas Administraciones.

La recién aprobada ley de reforma local obliga a la Comunidad a asumir esta y otras competencias (servicios de emergencia y sanitarios y educación infantil) que hasta ahora prestaba también el Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno central (PP) ha permitido a la capital mantenerlas, previo acuerdo con la Comunidad, al considerar que tiene margen presupuestario para ello.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ofrecía ayuda a domicilio a unos 38.000 mayores no dependientes, complementando así el servicio para dependientes de la Comunidad, que atendía a unas 14.500 personas. Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento asumirá el servicio al completo (52.500 usuarios), con una financiación propia de 80 millones de euros y otros 54 millones proporcionados por la Comunidad. Se acaba así con situaciones como que, en un matrimonio en el que uno de los cónyuges sea dependiente, uno reciba la ayuda de una Administración y el otro de otra diferente.

El convenio incluye una partida adicional de 16 millones de euros para otros servicios de atención social primaria, que la Comunidad aportará al Ayuntamiento para complementar los 53 millones asignados a nivel local. En este caso, se trata de financiar servicios que el Ayuntamiento prestaba sin distinciones a todos los madrileños pero que, merced a la reforma local, deberán ser pagados también por la Comunidad.

El Ayuntamiento presta un servicio de teleasistencia del que se benefician 130.000 personas, y al que dedica 20,7 millones de euros; ahora, recibirá además cuatro millones de la Comunidad.

Además, para sus 101 centros de día y tres residencias de mayores recibirá 11 millones, que se sumarán a los 24,9 millones del presupuesto local. Tanto la teleasistencia como los centros de día y residencias atendían también a personas dependientes; el dinero regional servirá para compensar por esa parte del servicio, que no es competencia local. Según fuentes municipales, de las 7.500 personas atendidas en sus centros de día y residencias, más de la mitad son personas dependientes.

Por último, la Comunidad aportará un millón de euros para protección de menores y atención a familias, que se suma a los 7,3 millones del Ayuntamiento.

Así, el presupuesto total de atención social primaria gestionado por el Ayuntamiento se eleva de 133 a 203 millones en 2014.

Este acuerdo es parte de uno mayor alcanzado por la Comunidad con 54 Ayuntamientos y mancomunidades de la región por un importe total de 97,4 millones (de los que 70 corresponden a Madrid). En 2014, el Gobierno regional dedica 990 millones a dependencia, un 0,5% más que en 2013.

La nueva reforma local restringe al máximo las competencias de los Ayuntamientos y les prohíbe prestar unos servicios que, en el caso de la capital, lleva años ofreciendo. Madrid estaba condenada así a perder prácticamente todas las funciones del área de Asuntos Sociales, con 486 millones de presupuesto y servicios como ayuda a domicilio, programas de infancia y juventud, políticas de igualdad e integración, teleasistencia, centros de mayores, escuelas infantiles, etcétera.

Esas competencias debería asumirlas ahora la Comunidad, en un solo año y dedicando financiación “adecuada y suficiente”.

Tanto Botella como González exigieron sin éxito cambios en la norma, la alcaldesa porque no quería perder esos servicios y el presidente regional porque veían imposible asumir su coste. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció en diciembre la fórmula para solventar este entuerto: al haber alcanzado el Ayuntamiento superávit en 2013, podría mantener esos servicios, siempre en coordinación y previo acuerdo con la Comunidad. Y ello pese a que el superávit local se debió fundamentalmente al plan de rescate del Gobierno para que el Ayuntamiento pudiera hacer frente al pago de sus facturas atrasadas.

Hoy, Botella recordó al Gobierno “que ha prometido” una nueva financiación local, pero Madrid “necesita también” una “financiación paralela” a través de la Ley de Capitalidad. Por su parte, González señaló que, “al margen de la ley, el convenio pone de manifiesto que existe la posibilidad de resolver parte de estas cuestiones desde la cooperación”. “Frente a la aplicación radical, hay un periodo transitorio en el que se tienen que dar los servicios de la mejor manera”, añadió.

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