Técnicos sociales se opusieron a que Donet acogiera a niños en Castelldans

El Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress) consideró en 2001 que David Donet, el presunto pederasta de Castelldans (Garrigues) acusado de abusar de varios menores que tenía en acogimiento, no tenía el perfil idóneo para poder gestionar a modo de negocio particular un mini centro de acogida de niños tutelados.

Cinco trabajadoras de Intress, fundación privada que colaborar con la Generalitat y la primera entidad que controló a Donet, declararon ayer ante el juez que instruye las diligencias del caso. Una psicóloga de la entidad señaló que emitió un informe desfavorable a que el acusado pudiera acceder a acogidas múltiples como era su pretensión.

La sicóloga concluyó que Donet no estaba capacitado para realizar esa función, ya que en su opinión no era normal que una persona soltera y sin un proyecto de vida en pareja manifestara un deseo tan intenso de hacerse cargo de niños tutelados procedentes en muchos casos de familias desestructuradas.

A raíz del informe negativo, Donet buscó otra entidad que le avalara y facilitara la posibilidad de tener acogidos a más de dos menores a la vez. En ese momento, las familias acogedoras solían percibir unos 800 euros por cada niño para su manutención y gastos básicos. Ahora, con los recortes, las ayudas han quedado reducidas a la mitad.

Con la declaración de las cinco trabajadoras de Intress, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida da por concluida la instrucción de la causa, en la que han declarado una veintena de personas, entre ellas la mayoría de los 14 niños que acogió en su casa desde 1997. Siete de ellos se han personado como víctimas de abusos o grabaciones sin su consentimiento.

Donet, de 48 años, está en prisión acusado de abusos a menores y de posesión de material pornográfico, donde aparecen algunos de los menores. Los hechos no fueron detectados en ninguno de los 34 controles que pasó por parte de los trabajadores de la entidad Fundació Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados. Esta entidad y la Generalitat se han personado en la causa como acusación particular.