Blasco era el “intérprete” de las ayudas a la cooperación, según su colaboradora

Tina Sanjuán trabajó con Rafael Blasco desde 1999 hasta 2011. Fue la secretaria general administrativa de las consejerías que dirigió el exportavoz del grupo parlamentario del PP. Hoy, está sentada en el banquillo de los acusados por el presunto saqueo de las ayudas a la cooperación de 1,8 millones de euros destinadas a Nicaragua. Y este martes, la exsecretaria de Solidaridad declaró ante el fiscal que el exconsejero de Solidaridad afirmó que era “el intérprete de las bases de la convocatoria” de ayuda, junto con Alexandre Català, entonces exsubsecretario de la consejería.

Una afirmación que realizó en una reunión celebrada el último día de plazo, en el que se debían aprobar las subvenciones a grandes proyectos y ante los reparos de los técnicos, alguno de los cuales se negaba a firmar el acta.

La exalto cargo explicó que esa negativa a tramitar el acta en la comisión evaluadora obedecía a que había serias dudas sobre el cumplimiento del requisito de experiencia previa en el caso de la Fundación Cyes, que compró inmuebles con las ayudas a la cooperación y cuyos responsables también ocupan el banquillo.

La exalto cargo explicó que la negativa a tramitar el acta en la comisión evaluadora del 31 de julio obedecía a que se ponían objeciones en cuanto al requisito exigido de experiencia previa en el caso de la Fundación Cyes. Con anterioridad, cuando supo de las reticencias y ante la premura de tiempo, sugirió que se enviaran a evaluar de forma condicionada, aunque no sabe quién lo presentó a evaluar, y también un informe a la empresa evaluadora externa de los proyectos, la UTE Caaz-Broseta. Preguntada por si no le bastaba la objeción planteada por la técnica, afirmó que "no" porque ella como miembro de la comisión "debía tener opinión en materia administrativa".

En ese momento, no pensó en acudir a la Abogacía de la Generalitat. "Hoy se lo habría pedido pero el tiempo se nos echaba encima. Nos decían que no nos íbamos de vacaciones hasta que no quedara solucionado y lo primero que se me ocurrió fue pedirlo a la evaluadora externa", dijo.

En este caso, ella sostenía que el informe jurídico que había requerido a la empresa evaluadora tenía valor y además la Fundación había dicho que iba a aportar esa acreditación, lo que se hizo a principios de agosto.

La ex secretaria general declaró no acordarse de quién le comunicó a Blasco que no se quería tramitar el acta el 31 de julio y añadió que el exconsejero les llamó a una reunión para saber los motivos, donde se habló de la cuestión de la experiencia de la Fundación y en los que afirmó lo de la revisión de los expedientes. Según sostuvo, el extitular de Cooperación les hizo notar que era el último día y que el dinero de las subvenciones se perdería. "Mi obligación era que eso saliera", ha argumentado.

Requisitos laxos

Preguntada entonces por si había tiempo para que la Fundación Cyes aportara la documentación, defendió que en materia de Cooperación, "se es y era muy laxo con los requisitos. Se era tan laxo que no se cerraban expedientes. Había expedientes desde 1991, desde que empezó la cooperación en la Generalitat". La acusada describió la situación como de "manga por hombro", que los plazos no eran "taxativos", y resumió: "No se puede ser (laxo) pero se es", por la sensibilidad de la materia y la complicación, si bien especificó que "no en el sentido de dar el dinero a troche y moche".

Cuando llegó la acreditación de la experiencia por parte de la Fundación Cyes ella estaba de vacaciones y volvió a la Consejería en la que, tras varias llamadas a los técnicos, se señaló que no había problema en la tramitación.

El fiscal centró parte de su interrogatorio en diferencias entre documentación aportada en la causa donde constan escritos en los que se incluye y se eliminan objeciones realizadas por parte de una trabajadora de la empresa evaluadora externa y por las diferencias sobre la acreditación previa de la Fundación en los informes. La acusada no pudo explicar los motivos pero ha apuntado que "errores" hay "en todas" las administraciones y recalcó: "Si hubiéramos querido falsificar en la Consejería, lo habríamos hecho bien. No esa chapuza".

Tina Sanjuán indicó que ella solo recibió uno de los documentos, en sobre cerrado, y negó que el responsable de la empresa evaluadora externa, Luis Castell, se lo mandara por correo, como él ha declarado. De hecho, asegura que la prueba documental determina que el informe que ella tuvo se hizo en Caaz e instó a realizar estas preguntas al representante de la entidad.

En esta línea, defendió que a la Comisión evaluadora les llegó un ranking con la propuesta y cantidades por qué la técnico "dijo una cosa y su jefe presenta otra por registro de entrada no los sabemos". En todo caso, ha asegurado que a la Consejería no le consta que se haya alterado ningún contenido. ¿Usted está viendo que se ha alterado?, le ha preguntado el fiscal. "Eso lo está diciendo usted", dijo.

Sanjuán explicó su participación en la comisión técnica como representante de la subsecretaría aunque ha reconocido que del estudio de los proyectos se encargaba la Dirección General. Preguntada por qué participó si no era su competencia, ha resaltado que ella se ocupaba de determinar el cumplimiento de los requisitos y como tenía dudas, pidió un informe a Caaz, y se reclamó la acreditación a la Fundación.

Además, señaló que los cuatro inmuebles que compró la Fundación Cyes "no fueron admitidos nunca por la Conselleria" cuando se comprobó que no figuraban a nombre de los beneficiarios aunque tampoco le consta que la entidad devolviera el dinero de la ayuda. "No devolvió el dinero, es evidente", dijo.

La ex alto cargo, que ha rechazado contestar a las preguntas de la acusación popular y de la Abogacía de la Generalitat, explicó que conoció al empresario acusado Augusto César Tauroni, único en prisión y considerado presunto cabecilla de la trama, como contratista de la administración y cuando estaba en Bienestar Social.

Marc Llinares

Antes que Tina Sanjuán, declaró el exjefe del área de Cooperación de la extinta Consejería de Solidaridad, Marc Llinares. Admitió como acusado en la primera pieza del caso Cooperación que era "llamativo" el "tema de los locales y el tema de la cuantía a Nicaragua" (en relación con los cuatro inmuebles que adquirió la Fundación Cyes con los 1,6 millones de euros que recibió de la Consejería de Solidaridad para dos proyectos en Nicaragua, cantidad de la que solo llegaron 43.000 euros a su destino), pero ha defendido que los técnicos lo aprobaron en sus diferentes fases y que constaba en el expediente inicial.

Llinares, para quien fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y 18 de inhabilitación, respondió sólo a las preguntas formuladas por las defensas de los nueve acusados, algo similar a lo que ya hizo en su declaración en fase de instrucción, cuando únicamente respondió a su abogado. En ese momento defendió la legalidad de las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes y negó cualquier irregularidad, tal y como también ha mantenido este martes.

El acusado, quien estuvo en la Consejería de Solidaridad desde noviembre de 2008 hasta octubre de 2011, se desvinculó de cualquier toma de decisión en la adjudicación de las ayudas a la Fundación Cyes, y respecto los expedientes aseguró que los examinó pero desde "un punto de vista general, no con detalle", ha dicho.

Asimismo, respecto a estos expedientes, indicó que considera que se estaba cumpliendo con la finalidad de la subvención, puesto que se concretaba desde el inicio que la ayuda se iba a destinar a la compra de inmuebles y otra pequeña cantidad a Nicaragua. Y todo ello, dijo, pasó por los técnicos, quienes dieron en su momento el visto bueno.

La "discrepancia" llegó, añadió, cuando la jefa de servicio, Amparo Ortiz, dijo que lo concedido era "inadmisible", pero a su juicio, la Fundación Cyes "cumplió con su finalidad". Así, defendió que la única "irregularidad" fue que el decreto que estaba en vigor en ese momento decía que en cualquier caso, los bienes tenían que estar adscritos a los beneficiarios durante un plazo mínimo de 15 años.

Llinares negó asimismo a lo largo de su declaración haber tenido una relación de amistad o personal con Blasco, así como que recibiera alguna instrucción para intervenir en algún expediente ante alguna posible irregularidad. "Con el consejero, sobre expedientes, no tuve ninguna relación ni contacto", aseveró.

Además, afirmó que nunca ha comido con Blasco en ningún restaurante, y sobre la posible relación entre Blasco y Tauroni dijo: "Yo conozco a Tauroni cuando llego a Sanidad en 2007, tengo un par de encuentros con Blasco en el periodo en Sanidad, y en esos momentos no tengo conocimiento de que haya una relación entre ellos".

Llinares también aseguró que no había "ninguna consigna" para favorecer al entorno de Tauroni (único acusado en prisión por este procedimiento) y negó que fuera socio de Arcmed, una de las empresas del presunto cabecilla de la trama. "Nunca jamás he tenido ninguna relación con Arcmed y nunca he sido socio de Arcmed", agregó.

Otra parte de la declaración se centró en un viaje que realizó Llinares a Panamá y a Miami. Preguntado por este asunto, explicado que es un viaje con un "triple objetivo", y aclaró que es una de las dos "únicas ocasiones" que tuvo para salir al extranjero, porque "estaban vetadas por el Gobierno para todos los funcionarios", algo que ha calificado de "incomprensible" para la cooperación internacional.

Señaló que el viaje a Panamá lo pagó Naciones Unidas -salvó el gasto en algunas estancias que asumió personalmente-- y el objetivo era el cierre de un proyecto en el que la Generalitat había participado conjuntamente. Justifica el viaje en creer que era un "error" que la Generalitat, como socio, no estuviera en el acto de clausura del proyecto: "le solicité a mi director general que me permitiera asistir en representación de la Generalitat para darle forma a ese proyecto".

El segundo objetivo de su viaje fue Miami, donde acudió en relación con unas manifestaciones que hizo el exdiputado solicialista Angel Luna en las Cortes sobre un comentario de una empresa que era una inmobiliaria. "Visité a Miami para hablar con un responsable de la empresa", dijo.