Las disputas sobre los peritos frenan la instrucción del accidente de Angrois

La instrucción del accidente de tren de Angrois, en Santiago, el pasado 24 de julio, en el que murieron 79 personas, cuenta ya con seis peritos nombrados. De ellos dependerá que el juez pruebe, como pretende, que el despiste sufrido por el maquinista, Francisco José Garzón, que no frenó a tiempo, era previsible y Adif o Renfe podían evitarlo. Sin embargo, cuatro de esos peritos podrían no terminar su trabajo si prosperan diversos recursos interpuestos en las últimas semanas que deberán ser resueltos por la Audiencia Provincial de A Coruña.

 El juez instructor, Luis Aláez, nombró inicialmente por sorteo tres peritos ingenieros de Caminos, Industriales y Telecomunicaciones. Los dos primeros plantearon presupuestos de 800.000 y 600.000 euros y la Xunta los sustituyó por funcionarios argumentando que un decreto así lo obliga, pese a que los elegidos carecen de experiencia ferroviaria. No encontró, sin embargo, un perito propio de Telecomunicaciones, así que acabó aceptando el del juez aunque le rebajó el presupuesto de 42.500 a 35.000 euros.

Varias de las víctimas del accidente han recurrido los nombramientos de los dos funcionarios por considerar que no serán imparciales. El proceso, además, generó malestar entre las organizaciones profesionales de ingenieros por la imagen ofrecida, tanto por las pretensiones económicas de algunos de sus miembros como por la falta de cualificación de sus sustitutos. La defensa del maquinista designó primero un perito propio que no encontró obstáculos para analizar, junto con la policía, el móvil y la tableta informática de su cliente. Y propuso luego como segundo perito de parte a otro maquinista con más de 30 años de experiencia. También la aseguradora de Renfe, QBE, que para eximir a su cliente culpa del accidente a Adif, propuso un perito, un ingeniero de telecomunicaciones holandés. Sin embargo, la Abogacía del Estado, defensora de Adif y Renfe, rechaza esos peritos por cuestiones formales o de plazos procesales. En el caso del experto en conducción, el Estado argumenta que no es ingeniero de Caminos, Industriales o Telecomunicaciones, especialidades pedidas por Aláez para el peritaje judicial.

El cruce de apoyos y rechazos, expresado en recursos e impugnaciones mutuas de las decenas de partes personadas, es eterno. La aseguradora QBE apoya al experto en conducción elegido por el maquinista. El exjuez Baltasar Garzón, abogado de una víctima, rechaza al perito holandés de QBE. Pero la Asociación de Perjudicados por el Accidente del Alvia (Apafas) lo defiende y carga contra el Gobierno: “De manera muy lamentable para esta asociación se ha podido comprobar que lo único que sirve [para la Abogacía del Estado] son los informes [de Adif y Renfe], y dentro de los que se practiquen a través del Juzgado, aquellos que sean ejecutados por técnicos que pertenezcan a la Administración”. “Tristemente ese es el interés de Adif: el no verse involucrada”, sentencia.

El fiscal, Antonio Roma, apoya todos los nombramientos, sea de los peritos judiciales elegidos por la Xunta como de los de maquinista y aseguradora. De estos, frente a la argumentación de la Abogacía del Estado, considera que “no se ha incluido a los propuestos por las partes a debatir o formar con los demás peritos un único informe o a condicionar los que los peritos judiciales realicen” sino que solo se les permite “acceder al objeto de la pericia en las mismas condiciones” para luego “formular sus propias conclusiones”.

Aunque el futuro de los peritos sobre los que pesa algún recurso, judiciales o de parte, dependerá de lo que decida la Audiencia, todos han iniciado ya su trabajo. Si son apartados, un nuevo problema será el pago de sus honorarios por el trabajo realizado hasta ahora.