Pilar Sánchez intenta evitar su juicio con la ‘doctrina Botín’

La Audiencia de Cádiz decide este martes si suspende el juicio iniciado contra la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez por la contratación supuestamente irregular de cinco compañeros de partido en el Ayuntamiento. La vista empezó a celebrarse este lunes, pero no pasó de las cuestiones previas. Juan Pedro Cosano, letrado de la exregidora socialista, solicitó que se aplique para su clienta la doctrina Botín, un procedimiento seguido en su día con el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la fiscalía no presenta acusación alguna.

Fue el líder andalucista Pedro Pacheco quien denunció en los juzgados a quien entre 2005 y 2007 fue su socia de gobierno en Jerez por presuntos casos de enchufismo en el Consistorio. Pacheco ha sido el único que ha mantenido vivo el proceso, ya que la fiscalía ha pedido en dos ocasiones el archivo de la causa y el Ayuntamiento tampoco ha decidido personarse.

“La imposibilidad de que una acusación popular sostenga por sí sola la acción es una tesis muy en boga y más lo va a estar por la duquesa de Palma”, sostuvo Cosano, quien cree que es “muy posible” que se archive el caso.

Fiscal

La anterior regidora no ha contado con el apoyo del ministerio público porque el fiscal, pese a no apreciar delito en los contratos de la exalcadesa socialista, entiende que la acusación ejercida por Pacheco “tiene legitimidad para la continuidad del procedimiento”. Por su parte, el exalcalde cree que la acusación popular (denominada así cuando quien acusa no es parte afectada en el proceso) “tiene respaldo en el Código Penal”.

La cuestión ha sorprendido a la presidencia del tribunal que, lejos de resolver la petición previa de nulidad en un receso, ha optado por parar la vista durante 24 horas para decidir si suspende el juicio o da continuidad al proceso.

La defensa también ha pedido la nulidad del litigio al alegar “indefensión” por un escrito de acusación presentado por Pacheco que califica de “caótico”. “Se piden 15 años de prisión por tres delitos de prevaricación y la prevaricación no está castigada con cárcel, sino con la inhabilitación”, ejemplifica Cosano.

Pacheco llevó a Sánchez a los juzgados por la colocación supuestamente ilegal de cinco militantes socialistas en la administración jerezana, dos con contrato de alta dirección y tres como trabajadores laborales. Los cinco beneficiados por estas incorporaciones están igualmente imputados en la causa. Sánchez debe responder de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público.

El denominado Caso Asesores ya sentó en el banquillo a Pedro Pacheco. En ese caso, fue Pilar Sánchez quien denunció en Anticorrupción a su socio de gobierno. El exregidor andalucista fue condenado en 2013 en primera instancia a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación. La sentencia está recurrida en el Supremo.