El caso de las facturas falsas enfría la relación entre la Junta y UGT

El uso dado por UGT a las subvenciones y fondos del Gobierno andaluz y la forma de gestionar este caso están distanciando al sindicato y a la Junta. La nueva secretaria general de la central en Andalucía, Carmen Castilla —militante del PSOE—, ha resaltado este jueves que se había enterado por la prensa y no por una comunicación oficial de que la Junta —gobernada por PSOE e IU— le reclama el reintegro de dos subvenciones por importe de 1,8 millones. Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz entienden que las ayudas no están "justificadas suficientemente". Además, el Ejecutivo autónomo está investigando otros 15 expedientes —por valor de 5,7 millones— y no ha descartado que se pueda pedir también la devolución de ese dinero.

La solicitud de reintegro de los 1,8 millones —correspondientes a dos subvenciones, una de 2009 y otra de 2010— era algo que se sospechaba que iba a ocurrir desde finales del año pasado, cuando así lo hizo público el Ejecutivo de Susana Díaz. La Consejería de Economía ha confirmado este lunes a través de un comunicado que ha iniciado dos procedimientos de reintegro. La duda estaba en si era necesario optar por esta fórmula o por la "revisión de oficio", la empleada en el caso de los ERE. Finalmente, los servicios jurídicos de la Junta se han decantado por el procedimiento de reintegro, lo que implica que no es necesario el aval del Consejo Consultivo para ordenar la devolución, como sí ocurre en los ERE.

Carmen Castilla, que este lunes ha presidido su primera comisión ejecutiva de UGT, no ha querido entrar en el fondo del expediente, porque, entre otros asuntos, no había recibido la notificación por parte de la Junta, algo que ha repetido en varias ocasiones ante los periodistas. Lo que sí ha dicho es que su organización tiene intención de alegar y presentar "los recursos pertinentes". Todos los intentos de Castilla por intentar hablar del futuro de su organización han quedado relegados por la apertura del proceso de reintegro anunciado por la Junta.

Las relaciones entre el sindicato y el Gobierno andaluz se han enfriado bastante como consecuencia del caso de los fondos utilizados presuntamente de forma irregular. Tras ser elegida secretaria general la semana pasada, Castilla pidió a Susana Díaz "lealtad". La responsable de UGT reaccionó así a unas declaraciones de la presidenta andaluza en las que reclamó a la central actuar con "firmeza y transparencia". "Yo le pido lealtad, firmeza también y transparencia, esto tiene que ser bidireccional", replicó Castilla ante sus compañeros de organización.

La respuesta que la nueva secretaria general obtuvo del PSOE —partido hermano del sindicato— no fue muy cálida. Mario Jiménez, portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, dijo: "Como no puede ser de otra manera, [la Junta] es y será leal con la ley y con los que respetan la ley". Cuestionada este lunes sobre si el anuncio de reintegro realizado por la Consejería de Economía sin que UGT hubiera recibido una notificación oficial antes rompía con esa petición de lealtad, Castilla ha preferido "no entrar" en ese asunto.

Al margen de estos roces, la devolución de los 1,8 millones de euros puede generar un problema importante en las dañadas arcas del sindicato en Andalucía. Castilla ha reconocido que la situación financiera de su organización es "muy mala". La anterior dirección de UGT informó a finales de 2013 de que estaba preparando un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La central presentó otro el año pasado que afectó a 159 empleados. Castilla ha admitido este lunes que "con toda probabilidad habrá un nuevo ERE". Estaba previsto en un principio para este mes.

UGT ya ha tenido que devolver 25.000 euros correspondientes a una ayuda que no se empleó para los fines que estaba concedida. Los 1,8 millones que la Junta exigirá a la central hacen referencia a una subvención de 2009 de 1,1 millones para "acciones de promoción, información, formación y asesoramiento", según ha detallado la Junta. Además, en el expediente se incluye otra de 2010, por importe de 700.000 euros, concedida "para actividades de coordinación, infraestructuras y difusión".