Jactancias presidenciales

Para qué irse por las ramas. La situación es esta: si no llegan 1.500 millones de euros vía transferencias de fondos de nivelación, habrá que recortar otros tantos en los presupuestos de sanidad y educación. Más aún, el presidente de la Generalitat ha llegado a decir que sin esa aportación económica del Gobierno la Generalitat es inviable. ¿Exageración? Se presupone que Alberto Fabra sabe lo que se dice. La Comunidad Valenciana no cumplirá el objetivo de déficit que el ministerio de Hacienda incrementó hasta el 1,6% del PIB, tras escuchar las razonadas objeciones del Gobierno valenciano. A falta de datos definitivos, es casi seguro que el déficit real de 2013 será del 2,6%. Un punto por encima del objetivo. Con semejantes antecedentes es más que probable que la Generalitat acabe por ser intervenida de derecho (de hecho ya lo está hace tiempo) por el Gobierno central en el mes de marzo. La Comunidad Valenciana se convertirá, entonces sí, en la Grecia española con todas sus características. Si es verdad —y lo es— que sin autonomía financiera no la hay política…, adiós autonomía, adiós. No es de extrañar que la segunda autoridad institucional valenciana, el presidente de las Cortes, Juan Cotino, renuncie a su exclusividad para dedicarse al cultivo del caqui. Total, para lo que va a servir el parlamento autonómico.

Y qué ha hecho el presidente Alberto Fabra para evitar llegar a esta situación. Aún reconociendo que su responsabilidad en el actual desastre financiero no pasa de la de cooperador pasivo (formó parte del grupo parlamentario del PP y aplaudió todos los desmanes cometidos por su antecesor Francisco Camps et altri), la verdad es que no muchas cosas. Aunque últimamente parece haber renunciado a su política de despacho para abrazar, bien que tímidamente, la de pancarta; sus lastimeras quejas no han obtenido resultado alguno. Y no tanto porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le haya tomado ojeriza (que no es santo de su devoción, es evidente) como por la inexperiencia que evidencia el president. Para muestra, un botón. El pasado miércoles las responsables de comunicación de la Generalitat difundieron una nota en la que anunciaban la buena nueva de que Alberto Fabra había conseguido arrancarle al Gobierno un fondo de nivelación extraordinario de 1.500 millones. Poco después, el ministerio apagaba la euforia con un breve comunicado en el que decía que no estaba prevista ninguna medida de financiación adicional a las actuales.

¿Mintió Presidencia? Sí y no. Convengamos en que exageró la realidad. Para empezar, nunca hubo una reunión formal entre Fabra y Montoro; pero ambos conversaron en la sede del PP en la que se habló de financiación y de los fondos de nivelación y de la que el president salió esperanzado. ¿Qué pasó para que el Gobierno le enmendara la plana? Fabra se precipitó en el anuncio. Tenía que haberse guardado la esperanza para sí y haber seguido negociando, esta vez sí, desde su despacho. La financiación autonómica es material sensible. En el propio PP, las autonomías que han cumplido con el déficit reclaman que se les reconozca el esfuerzo y se les conceda un mayor margen de maniobra. Y la valenciana no es de las cumplidoras. Tocaba discreción y Fabra optó por el repique de campanas. Montoro intentó silenciarlo con un papirotazo; pero los hay que no entienden el mensaje y siguen con el pregón. Su jactancia nos puede acabar costando 1.500 millones en sanidad y educación. Las vanidades suelen salir muy caras.

El penúltimo desaire de Montoro fue el cierre de una semana de las más desafortunadas para el presidente Fabra. El lunes, la alcaldesa de Alicante le enmendaba la plana al secretario general del PP, Serafín Castellano, al que acusaba de ser poco menos que un estúpido por escupir al aire sin tener en cuenta que el salivazo le podía caer en la cara, mientras que ella tenía la paciencia suficiente para ver pasar el cadáver político de su ¿compañero? El martes la cosa no fue mejor. Cotino anunciaba que renunciaba a la exclusividad en las Cortes Valencianas para dedicarse al cultivo del caqui al que debe verle más futuro que a la política. El miércoles fue cuando Fabra anunció que iba a reclamar un fondo de transferencias de nivelación por valor de 1.500 millones, apoyó la reforma del aborto para meterle un dedo en el ojo al presidente extremeño y el día en que se enteró de que la ampliación de la franja horaria del centro regional de TVE era inviable. El jueves, el ministro de Hacienda le enmendó la plana y rechazó su reivindicación, más por las formas que por el fondo; pero se la rechazó. Y ese mismo día nos enteramos de que el Consell había decretado una ley de punto final de la responsabilidad política.

Alberto Fabra, el que presumía de haber fijado unas líneas rojas sobre la corrupción, ha modificado la ley que regula la Asistencia Jurídica de la Generalitat de tal modo que aquellos excargos públicos o funcionarios que, acusados de delitos de corrupción, resultaran exonerados o absueltos serán indemnizados por el Consell, que se encargará de cubrir los honorarios que los acusados hayan tenido que abonar a sus abogados y procuradores. Para nos estendamos: Fabra pretende utilizar fondos públicos para apagar los fuegos internos del PP que él mismo ha provocado con su incontinencia verbal sobre unas retóricas líneas rojas que han ido quebrándose hasta quedar irreconocibles. Esta reforma legal solo pretende calmar con el dinero de todos los valencianos los exaltados ánimos de los muchos cargos del PP que se encuentran imputados y que responsabilizan a Fabra de su situación.

El presidente ha decidido acabar con la responsabilidad política. No solo defiende la presunción de inocencia, también ha incorporado la presunción de decencia. Ser o parecer un indecente político no es razón para dejar el cargo. Aquello de la mujer del César ya no es válido. Ahora entre el error político y la asunción de responsabilidades solo se interpondrá una sentencia. Meter la pata (no digo la mano) ya no es obstáculo para seguir en un cargo público. De hecho, ahí están en las instituciones decenas y decenas de políticos imputados, mayoritariamente del PP, y no pasa nada o pasan pocas cosas. Se puede ser un indecente, políticamente hablando, y seguir en el cargo sin que nadie te eche cuentas hasta que un magistrado dictamine. Tras el cierre de RTVV, esta ley de punto final es la otra gran aportación de Fabra a la cultura democrática valenciana. Así, por sus atributos presidenciales.