El PP achaca la investigación judicial en Tomares a una “denuncia falsa”
La oposición mantiene la supuesta vulneración de normas de contratación y pide la dimisión de los tres ediles imputados
La concejal del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Lola Vallejo (PP), defendió este viernes que los tres concejales populares imputados por el Juzgado de Instrucción ocho “no han cometido ninguna ilegalidad” y que la investigación judicial que llevó el jueves al decomiso de material e información en el Ayuntamiento parten de “una denuncia política falsa”. La oposición, formada por PA, PSOE e IU, sin embargo, mantiene que la imputación responde a una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público por parte del PP.
Lola Vallejo consideró “normal”, dentro de una “instrucción”, las actuaciones judiciales e insistió en que la contratación investigada fue “avalada” por los altos funcionarios municipales.
El Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis Sanz, quien también ostenta la Secretaría General del PP andaluz, celebró este viernes una comisión informativa a cuenta de la investigación judicial de la contratación del actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes el pasado mandato, cuando no ocupaba aún el cargo de edil.
El concejal de Presidencia, Eloy Carmona, la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, y el propio Juan Campos han sido imputados por el Juzgado de Instrucción ocho a cuenta de la denuncia promovida en su contra por la fiscalía, a la que la oposición del Ayuntamiento de Tomares había elevado los hechos.
La oposición mantiene que los informes en cuestión constaban de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados a posteriori para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año “improrrogable”, pero los trabajos y pagos se prolongaron hasta 2009.
Lola Vallejo, tras la actuación judicial y la intervención de material y documentación, aseguró que el Ayuntamiento ya había remitido “en tres ocasiones” copias de los documentos cuyos originales fueron recabados in situ por la comisión judicial y que, “en menos de media hora”, se aportó todo lo reclamado.
La concejal minimizó “la importancia” de la intervención de los ordenadores y los documentos en cuestión. “Lo que pasó ayer ha pasado en otras ocasiones. Cuando hay un procedimiento judicial que está en fase de instrucción, es lo más normal del mundo y se hizo exactamente lo mismo que en las otras ocasiones”, manifestó.
Vallejo añadió ninguno de los tres concejales imputados ha cometido “ninguna ilegalidad” y que, por tanto, sobre ellos no pesa “ninguna responsabilidad”. Al respecto, ha argumentado que la contratación de Juan Campos fue “avalada por dos secretarios generales que hubo en ese tiempo, por el interventor y por la Tesorería General”. Dicha contratación, según ha insistido, no obtuvo “ningún reparo” por parte de los altos funcionarios municipales.
La oposición criticó los argumentos del PP y lamentó que la comisión informativa se saldara sin “explicaciones” ni “papeles”. La oposición también criticó que el alcalde no estuviera presente y reclamó el cese de los tres ediles del PP imputados y afirmó que se personarán en las actuaciones judiciales.
