El Ejecutivo vasco desconfía de la redada

Las detenciones del denominado frente de las cárceles han causado un profundo malestar en el Gobierno vasco y en el PNV porque ambos no ven una justificación judicial, sino que les parecen “una provocación política” en un momento especialmente comprometido para el proceso de paz. Desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se denunció, de hecho, la “burda orientación mediática” de las detenciones practicadas el pasado miércoles, en una operación policial que al PNV le parece “sospechosa y oportunista” y que “va en contra de la dirección correcta” en la que está transitando “la sociedad vasca en los últimos tiempos”, añadieron.

En su reacción, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, apeló a Mariano Rajoy a tener “mayor altura de miras” sobre “el nuevo tiempo generado en Euskadi” y una “actitud en positivo” muy distinta del “empecinamiento del Ministerio del Interior”. Erkoreka, que advirtió “ligereza y cortoplacismo” en el Ejecutivo central, mantuvo también que Interior estuvo “muy mediatizado” por “el horario del telediario” para difundir el primer comunicado sobre la operación policial, aunque eludió cualquier valoración sobre si se deben tomar medidas judiciales sobre tal filtración anticipada.

Mientras, el PNV ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández, ante la Comisión Permanente del Congreso del próximo martes para que explique “el sentido, interés y circunstancias” de esta operación policial, que sigue viendo como una “provocación política”.UPyD también pidió la comparecencia del ministro Fernández Díaz en el Congreso, pero por motivos bien diferentes de los del PNV. El partido que lidera Rosa Díez quiere explicaciones sobre el “error” cometido en la difusión de un comunicado sobre una operación policial contra ETA cuando aún no se había iniciado y de ahí le insta a “depurar responsabilidades”.

El PSE, por su parte, unió ayer su voto al de Bildu y el PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián para aprobar una declaración institucional que considera que operaciones policiales “suponen un obstáculo en el actual contexto político” de Euskadi. Los socialistas consideraron “penosa e injustificable” la actuación de Interior al informar de antemano de la operación, lo que “ha alimentado las suspicacias de una parte de la sociedad sobre la motivación de la investigación”.

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