El PSOE intenta impedir que los jueces voten hoy la privatización sanitaria

En el último momento, justo el día antes de que los 50 magistrados convocados para decidir si se reactiva la privatización sanitaria se reúnan, el Partido Socialista de Madrid (PSM) intentó ayer paralizar la votación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) presentando un escrito en el que pide la suspensión del pleno por defectos procesales. Los jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo deben decidir sobre siete recursos, entre los que destaca el que presentó la Comunidad de Madrid contra la suspensión cautelar de la adjudicación a tres empresas de la gestión de seis hospitales públicos.

El PSM alega en su escrito que ninguna de las partes ha recibido comunicación sobre el orden del día de ese pleno ni sobre su composición. Añade que ha conocido por los medios de comunicación la “inminente sesión” del pleno para deliberar, votar y fallar sobre los recursos. La decisión de elevar al pleno la competencia sobre todos los asuntos relacionados con la privatización fue, además de “inusual”, según fuentes jurídicas, muy polémica. Los socialistas recusaron al entonces presidente de la Sala de lo Contencioso por quedarse los recursos porque consideraron que Gerardo Martínez Tristán estaba demasiado relacionado con el PP como para ser imparcial. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto.

Pero este magistrado, que fue nombrado vocal del CGPJ a propuesta del PP y está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal —también exalto cargo de la Comunidad de Madrid—, ya no presidirá la reunión, puesto que a finales de diciembre fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y ese cargo requiere exclusividad. Le sustituye Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad en la sala.

El concurso para privatizar la gestión de seis hospitales lleva paralizado desde septiembre pasado por orden judicial. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo determinó que la Comunidad de Madrid debía mantener la gestión actual hasta que existiera una sentencia, lo que se demoraría entre año y medio y dos años. La sorprendente decisión de Martínez Tristán, tomada en octubre, vuelve a poner sobre la mesa una reactivación de los planes de Ignacio González durante esta legislatura.

El PSM considera en su escrito que la falta de comunicación sobre la convocatoria del pleno “vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías” y le genera “indefensión”. Añade que no ha sido informado sobre si Martínez Tristán ha sido sustituido tras su nombramiento para el Poder Judicial. “Mañana se va a decidir el futuro de seis millones y medio de personas”, señaló ayer Tomás Gómez, que añadió que espera que el TSJM “tome la mejor decisión para la gente”. El PP le acusó de “presionar” a los jueces, a lo que respondió que lo que hace es “defender a los madrileños”. Tanto su partido como la asociación de médicos AFEM, cuyo recurso motivó la suspensión cautelar del proceso de privatización, han anunciado que volverán a acudir a los tribunales para detener los planes de Ignacio González si se levanta la paralización.

Por otro lado, el Observatorio Madrileño de la Salud, que agrupa a una veintena de Ayuntamientos, sindicatos y asociaciones, presentó ayer un informe en el que denuncia que en el último año se han perdido 3.300 empleos en la sanidad pública de Madrid.