El Ayuntamiento recibe la factura de la huelga de barrenderos: 358.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido ya la factura de los servicios de limpieza viaria que encargó para poner fin a la huelga de barrenderos de noviembre: deberá pagar 358.000 euros a Tragsa.

El día 16 de noviembre, por encomienda de la alcaldesa, Ana Botella (PP), esta sociedad estatal puso a sus trabajadores (y a decenas más que contrató a través de empresas de empleo temporal) a limpiar la ciudad, escoltados por la Policía Municipal, para aliviar así los cientos de toneladas de basura acumulados en las calles tras dos semanas de conflicto laboral.

Este recibo no es el único coste económico de una huelga que zarandeó políticamente a Botella.

El Ayuntamiento calcula que 1.556 contenedores y papeleras resultaron dañados por actos vandálicos, con un coste de 597.000 euros. Además, suma a la factura el abono de horas extra a los agentes que escoltaron a los barrenderos (primero, a los que cumplían los servicios mínimos; después a los de Tragsa). Fueron 3.488 servicios y 8.716 horas extra en 13 días de huelga, lo que equivale a 204.000 euros, según el concejal de Seguridad, Enrique Núñez.

El coste económico total del conflicto asciende pues a 1,2 millones de euros. La alcaldesa, que atribuyó la huelga a un “pulso político” contra ella, se comprometió repetidamente a que “ni un solo euro de los costes repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento pretende que, excepto en casos singulares (por ejemplo, si puede achacar judicialmente destrozos de mobiliario urbano a responsables concretos), sean las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza viaria las que corran con los gastos. Lo hará descontando ese dinero del pago mensual correspondiente, aunque aún no ha comunicado la cantidad que detraerá por las horas de trabajo no realizadas durante el conflicto laboral.

La factura de Tragsa detalla minuciosamente el coste que tuvo para el Ayuntamiento intervenir tras 12 días de huelga que, agravados por el incumplimiento de los servicios mínimos y actos vandálicos puntuales, sepultaron la ciudad bajo toneladas de residuos.

La empresa estatal se encontraba en mitad de la negociación de un expediente de regulación de empleo, por lo que optó por pedir voluntarios entre sus filas y por contratar a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Incorporó a 203 personas como personal externo, un proceso de selección que costó 41.000 euros, a los que hay que sumar 9.500 euros por el cursillo de riesgos laborales que recibieron (600 horas, a 16 euros cada una) y 10.400 euros por el reconocimiento médico.

El coste total en mano de obra ascendió a 135.600 euros: la mitad, por las 3.835 horas de trabajo de esos operarios; y el resto, por la labor de los jefes y responsables de las cuadrillas de limpieza.

Tragsa ha facturado la hora de trabajo de barrendero a 17 euros; según el testimonio en medios de comunicación del personal contratado, se les ofreció 85 euros por jornada de ocho horas de trabajo más dos extraordinarias.

Cada trabajador recibió ropa de trabajo (17 euros por unidad, 5.150 euros en total); un traje impermeable de nailon por si llovía (cuatro euros por unidad, 1.115 euros en total); un chaleco fluorescente (tres euros por unidad, 715 euros en total); botas (12 euros por unidad, 3.800 euros en total); gafas protectoras (ocho euros por unidad, 2.430 euros en total); guantes y mascarillas (3.050 euros en total). Tragsa facturó además 9.670 euros por traslados a los puestos de trabajo; 19.535 euros por alojamiento del personal; y 526 euros por manutención.

En maquinaria, el coste ascendió a 70.000 euros, por el uso de camiones de basura de Tragsa.