El alcalde de Leganés, imputado por la contratación de cuatro altos cargos

El juzgado de instrucción número 5 de Leganés ha imputado al alcalde de la ciudad, el popular Jesús Gómez, por las supuestas irregularidades cometidas en el nombramiento de cuatro directores generales, tras una denuncia presentada por el PSOE y Unión por Leganés (ULEG). Ambos partidos, en la oposición, consideran que el regidor puede haber incurrido en un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, porque la contratación de estos cargos de confianza no siguió el procedimiento legal.

Por este motivo, la interventora municipal interpuso un reparo a las nóminas de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, lo que hizo peligrar los sueldos del resto de los trabajadores municipales. La habilitada advirtió al alcalde de forma manuscrita, antes de recurrir a esta medida, sobre las irregularidades que había detectado en el nombramiento de los 11 puestos de director general, creados por el PP en 2012, de los que solo se han cubierto cuatro.

Consideraba que no fueron creados en la plantilla de personal, que sus retribuciones no están fijadas por acuerdo del pleno y que el presupuesto no contempla crédito para ellos. Incluso avisó de que, de no subsanarse la situación, informaría desfavorablemente, porque “el personal denominado director general no se encuentra ubicado conforme a su naturaleza jurídica”.

A pesar de la posición adoptada por la interventora, los sueldos se han pagado siempre mediante decretos de alcaldía, que se sustentan en informes firmados por el jefe de la asesoría jurídica. En los documentos se concluye que el Ayuntamiento actuó de forma correcta y que las nóminas hay que pagarlas. Lo contrario supondría “incurrir en responsabilidad”. El juez ha llamado a declarar en calidad de testigos a las exinterventoras Icíar Fernández y Lucía Mora.

Gómez resta importancia a la imputación, de la que asegura no ha recibido todavía ningún auto formal, y está convencido de que todo se quedará en “agua de borrajas”. Relata que cuando el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que el juzgado estaba investigando la denuncia interpuesta por PSOE y ULEG, se personaron en el procedimiento. Después recibieron una providencia. “En ella el juez me adjudica la condición de imputado, pero no me ha llamado a declarar, y tampoco se nos ha solicitado el expediente administrativo ni ha intervenido el Ministerio Fiscal”, relata.

Añade que los cargos se crearon tal y como les dijo la intervención en aquel momento —en la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2012— en el que el puesto estaba ocupado por otra persona a la que interpuso los reparos. En ese momento, nadie advirtió de que se estuviera cometiendo ninguna ilegalidad. “Lo único que ocurre es que existe una disparidad de criterios entre los habilitados”, puntualiza el regidor. Además, dice que, al ser diputado de la Asamblea de Madrid, es aforado y, por lo tanto, quien le tendría que juzgar, en todo caso, sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

PSOE y ULEG mantienen que el alcalde está imputado por prevaricación y que la única salida es su dimisión. “Ha hecho caso omiso a los informes de intervención y a las soluciones que se le han propuesto”, critican los socialistas. ULEG añade que ha estado tapando a la opinión pública y al Ayuntamiento su imputación.