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Bonig pedirá a Montoro que aporte dinero para mantener Ferrocarrils

La consejera reivindica un contrato-programa tras el ERE y otros recortes

Sara Velert
Usuarios del metro en Valencia, en una imagen de archivo.
Usuarios del metro en Valencia, en una imagen de archivo. JORDI VICENT

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) necesita más ingresos para sostener la red de metro y tranvía de Valencia y Alicante. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, anunció este sábado que ha pedido una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedir un contrato-programa del Gobierno con FGV. El acuerdo implicaría una aportación estatal a los gastos de explotación de la empresa de entre 37 y 40 millones de euros anuales.

La consejera siguió así la estela del presidente del Consell, Alberto Fabra, quien urgió el viernes al Ejecutivo a aportar 1.500 millones de euros más en 2014 para educación y sanidad ante la grave situación financiera de la Generalitat. Bonig argumentó que ciudades como Madrid y Barcelona cuentan con un contrato-programa pese a las restricciones presupuestarias y reivindicó que FGV cumple los requisitos para recibir esa misma ayuda. “Se nos exigía un contrato-programa con la Generalitat y la racionalización de la empresa, y se ha hecho”, destacó Bonig.

Hace más de una década que la Generalitat perdió la aportación estatal para la red de transporte metropolitano, entre otros motivos, porque destinó dinero a gastos no previstos. Bonig ya pidió al Gobierno que aportara “lo que pudiera” en los presupuestos de 2013 y aunque ha renunciado a reclamar la participación del Estado en inversiones para obras como las de la línea 2 de Valencia, que está paralizada a falta de 140 millones de euros, intentará arrancar a Montoro dinero para el mantenimiento de la red.

La búsqueda de nuevos ingresos se extenderá a otros ámbitos. FGV desarrollará este año un programa de patrocinio corporativo para que las empresas pongan su nombre en estaciones de la red.

La consejera explicó que ya se ha conseguido el patrocinio de un centro comercial en Alicante y que en Valencia se está “en negociaciones con importantes centros” para que su marca figure en el nombre de alguna estación. “Esto son ingresos extras. En Alicante son 3.000 euros mensuales lo que nos pagan por un centro comercial que patrocina [una estación]”, afirmó Bonig, que calcula que en paradas subterráneas como la de Colón en Valencia se podrían cobrar el doble.

Bonig compareció ante los medios para hacer un balance de la evolución de FGV desde 2011, año en que fue nombrada consejera de Infraestructuras, y tras un ejercicio “complicado y duro” por la ejecución de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 320 trabajadores y que se pactó con los sindicatos. La plantilla (actualmente 1.490 personas) aceptó, para evitar más despidos, una reducción salarial del 10% que se mantiene en 2014.

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La consejera defendió que las “duras” medidas tomadas redundan en una “gestión más eficiente”. El ERE ha supuesto una reducción de 21 millones de euros de la masa salarial, incluida la rebaja de sueldos de los directivos. Este recorte, junto a la “simplificación” en la estructura de gestión, la reducción de kilómetros recorridos y de frecuencias en periodos vacacionales, y la renegociación a la baja de contratos de suministros, ha permitido a FGV reducir los gastos de explotación en 38 millones. Así, de un presupuesto de 147,8 millones de euros en 2011 se pasa este año a 109,6.

En su balance, Bonig resaltó la importancia del contrato-programa con la Generalitat para el periodo 2013-2017, que “asegura un equilibrio financiero y una estabilidad” para “planificar mejor las inversiones” —20 millones de euros este año para actuaciones como la prolongación de la línea 5 a Riba-roja— y rebajar progresivamente la deuda de FGV, que alcanza los 500 millones de euros y ha sido asumida por el Gobierno valenciano, al igual que el pago de proveedores, que se cubre con el Fondo de Liquidez Autonómico.

Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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