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La “irracional” gestión de Aranjuez

La Cámara de Cuentas destapa deficiencias entre 2010 y 2011 con el PSOE

Muchos documentos se han perdido y se convertía a los temporales en funcionarios

Acceso al parking ilegal de Aranjuez en la calle del Rey. Ampliar foto
Acceso al parking ilegal de Aranjuez en la calle del Rey.

La Cámara de Cuentas ha elaborado un durísimo informe sobre cómo se gestionó el Ayuntamiento de Aranjuez en 2010 y 2011, con gobierno socialista. Los auditores públicos creen que la organización municipal y los procedimientos acordados por el equipo municipal fueron “inadecuados” dentro de los principios de “legalidad, eficiencia, eficacia y economía”. Tal era la “deficiente gestión del municipio” que, según la Cámara, no se ha encontrado toda la documentación, ni se puede asegurar que se conserve. Estas son algunas de las conclusiones de la auditoría pública:

Sin gestión racional. La organización de las competencias y funciones de los servicios municipales se regulaban con dos decretos de alcaldía que fueron recurridos y anulados porque “no respetaban la normativa vigente en aspectos esenciales de la organización municipal, como son los relativos a los puestos reservados a funcionarios”. Igualmente, el Ayuntamiento carecía de una relación de puestos de trabajo, lo que impedía “una gestión racional del personal”. Además, equiparó a los funcionarios con los empleados en régimen laboral.

Sanear las cuentas. En 2009, dada su situación económica, el Ayuntamiento aprobó un plan de saneamiento, del que según la Cámara no consta que el Ministerio de Economía y Hacienda diese su visto bueno. El plan intentaba aumentar los ingresos con importantes operaciones urbanísticas. Si embargo, según los auditores, esos ingresos eran “irreales”. Las citadas recalificaciones no se podían hacer. En cambio, la subida de impuestos y tasas, así como el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda, sí funcionaron, lo que produjo “cierta contención del gasto, con independencia del plan, que ya en octubre de 2011 había mostrado su incapacidad”.

“Situación estremecedora”

La actual regidora de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, del PP, sostiene en los 11 folios que presentó como alegaciones a la Cámara de Cuentas que cuando llegó al Ayuntamiento el 11 de junio de 2011 se encontró una “situación estremecedora”. “El caos heredado por el nuevo gobierno [del Partido Popular] era de tal magnitud que dificultaba el día a día”.

La regidora, aprovechando la oportunidad que le daba la Cámara de Cuentas para explicarse, se recreó en sus críticas al PSOE municipal. Afirma que ella gobernará de acuerdo a los principios de “legalidad, eficacia, eficiencia y economía” —las mismas palabras que los auditores utilizaron para criticar la gestión entre 2010 y 2011. Y apuntilla: “Todo ello bajo la asunción de la que la ordenación de la anárquica realidad heredada constituye una aspiración básica y una prioridad”.

En su respuesta, Martínez de la Fuente acepta todas las recomendaciones de los auditores públicos y anuncia que ya ha cambiado muchas de las cuestiones planteadas, además de asegurar que reclamará todo lo que el anterior equipo no hizo.

Gratificaciones. Un 12% de los empleados —funcionarios y temporales-, recibieron gratificaciones para “retribuir el desempeño de los puestos de superior categoría, convirtiéndose [así] en fijas y periódicas”, siendo recibidas incluso por el personal temporal.

De temporal a funcionario. Los auditores muestran su extrañeza “por los procesos selectivos” para varios trabajadores temporales, que finalmente terminaban convirtiéndose en “funcionarios de carrera” a través de “procedimientos de selección en los que el peso de la experiencia en el propio Ayuntamiento impedía la promoción de la concurrencia”.

Aparcamiento sin beneficio. “La gestión de los arrendamientos, concesiones y contratos de explotación de los servicios públicos se ha revelado muy deficiente”. La Cámara explica, por ejemplo, que la gestión del aparcamiento regulado del municipio fue adjudicada a una empresa en 2001, pero entre 2006 y 2010 el Ayuntamiento no recibió nada por este servicio y tampoco se puede asegurar que haya ocurrido después. Algo parecido sucedió con el cementerio, ya que la empresa que lo gestionaba tenía que ingresar el 5% de lo recaudado en las arcas municipales. “Esta obligación no consta cumplida” desde hace años.

Un polideportivo caro. La gestión del complejo deportivo Las Olivas sufrió “diversas anomalías” que hicieron que el Ayuntamiento no solo no recibiese ingresos por él, sino que se vio “obligado a satisfacer un conjunto de gastos derivados del mismo”.

Déficit de tesorería. Desde 2005 a 2011 existe “un persistente déficit de financiación en las cuentas”, dicen los auditores. El saldo negativo del remanente de tesorería para gastos generales aumentó en 2010 de 70 a 73 millones en 2011. “Dadas las dificultades para alegar mayores ingresos, e incluso, para recurrir al crédito, esta situación crea la razonable incertidumbre de que se puedan completar todos los proyectos”.

En relación con el inmovilizado, el inventario de bienes es, dice la Cámara de Cuentas, “incompleto”, carece de valoraciones adecuadas y no se ha actualizado. Es decir, no se sabe en cuánto están valorados los inmuebles municipales.

Deudas sin cobrar. Los derechos presupuestarios se remontan a 1981. Pero el Ayuntamiento no inició ningún expediente de “prescripción de la deuda incobrable”. Los auditores calculan que en 2010 se le debían al Ayuntamiento de Aranjuez 15 millones y en 2011 unos 17.

Pisos demasiado caros. La Sociedad Local de Suelo y la Vivienda de Aranjuez (Savia) carecía de regulación para “garantizar sus actividades con respecto a los principios de legalidad y transparencia”. La Cámara pone los siguientes ejemplos: En tres promociones (Puentes Barcas, calle de Florida 23 y Calle de Stuart 79), el precio del coste de las casas era “superior al de mercado”.

Además, la empresa decidió construir un aparcamiento en la calle del Rey de Aranjuez, pero un juzgado declaró ilegal la construcción porque no estaban autorizados aparcamientos de rotación en el casco urbano. “Por lo cual el citado aparcamiento se encuentra cerrado y sin uso”.

Savia carecía de personal, que se lo cedía la sociedad privada Larcovi. Esta última es, por tanto, la que la gestiona. Según la Cámara no consta que la gestión de Larcovi haya sido sometida a un control por parte de la empresa ni por el Ayuntamiento, “por lo que no es posible obtener conclusiones acerca de en qué medida fue beneficiosa para los intereses públicos durante los ejercicios fiscalizados”.

“La Cámara está instrumentalizada”

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez por parte del PSOE entre 2003 y 2011, afirma que el informe de la Cámara de Cuentas “es literatura” y sus conclusiones no están respaldadas documentalmente. “No se demuestra ninguna ilegalidad porque no ha habido ninguna”, esgrime el actual diputado regional, que considera el informe de fiscalización de sus dos últimos años al frente de la localidad como un “claro ejemplo de que la Cámara de Cuentas, en este caso, está siendo instrumentalizada políticamente, de una forma partidista por el Partido Popular”. Para ello subraya que hubo un voto particular contrario al informe, aprobado por el Consejo de la Cámara el pasado 30 de diciembre.

El exregidor se muestra molesto por “no tener conocimiento” de los datos definitivos en los que se basa el informe. “Es un informe secuestrado, que no me ha llegado personalmente ni está colgado en la página web de la Cámara de Cuentas. He presentado un recurso de alzada y no he hecho alegaciones porque desconozco la documentación sobre la que se fundamenta la Cámara”, dice Dionisio, que estudia presentar acciones penales por lo que entiende como “falsedad documental”. También indica que tiene un “cajón de documentación” que desmonta el informe pero que, afirma, la Cámara no ha tenido en cuenta en su trabajo fiscalizador de la villa, de casi 60.000 habitantes.

Como ejemplo de la documentación que dice haber aportado y que la Cámara habría ignorado, Dionisio critica que esta concluya que no presentó un plan de saneamiento financiero al Ministerio. “Resulta que sí lo hice”, asegura el parlamentario autonómico, que destaca que algunas de las irregularidades que recoge la Cámara se remontan a la etapa de su predecesor en la alcaldía, José María Cepeda Barrios, del PP, entre 1995 y 2003.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2012 a Cepeda a seis años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito continuado de prevaricación.