Jurado popular contra la trama corrupta que restauraba arte sacro

Tras consumir 3.000 folios de sumario, cuatro años de instrucción de dos jueces y horas enteras de pinchazos telefónicos, la Operación Retablo —una presunta trama de corrupción en la restauración de arte sacro y construcción de albergues para peregrinos entre 2003 y 2009— se encamina a un juicio con jurado popular. El penúltimo trámite lo firmó el actual instructor de la causa, Luis Aláez, la víspera de Nochebuena con un auto que recopila la variopinta lista de imputados. Aparecen los dos funcionarios de la Xunta que la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Polícia cita en su informe como cabecillas de la red: el extécnico de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa y el arquitecto del Xacobeo José Manuel Pichel Pichel. Pero también el anterior cura de la parroquia de Paraños en Covelo, Juan Sobrino, y hasta el exobispo de Tui José Diéguez Reboredo, que dimitió en febrero de 2010 acuciado por las sospechas, junto a su compañero de Diócesis y exresponsable de Economía en el Obispado, Benito Estévez.

También están citados como imputados el próximo 16 de enero en el juzgado número 3 de Santiago varios empresarios dedicados a la restauración de iglesias y bienes de interés cultural que supuestamente pagaban comisiones a la red a cambio de recibir encargos directamente de la Xunta o a través de la Iglesia, y otros trabajadores de la Administración. El auto judicial cita la retahíla de delitos de los que ha acumulado indicios durante el último lustro: “Fraudes y exacciones ilegales contra la Administración Pública, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y/o abuso en el ejercicio de sus funciones”. Y concluye, como ya había hecho la fiscalía en septiembre de 2012, que “procede la conversión del procedimiento abreviado para el juicio ante el Tribunal del Jurado”. En la vista del próximo día 16 serán las partes que ejercen la acusación —el ministerio fiscal; la asociación de vecinos de Paraños como acusación popular (que se considera perjudicada por la sospechosa venta de una casa rectoral restaurada con cuestaciones entre los parroquianos al funcionario Carlos Gómez-Gil, que influía en las ayudas de la Consellería de Cultura) y la Xunta, que se personó ante el presunto fraude de dinero público— quienes señalen a los acusados e identifiquen los tipos delictivos que les atribuyen. La última palabra a la hora de decidir quién se sienta en el banquillo le compete al juez, después de oír a todos.

A lo largo de la instrucción, el fiscal del caso, Antonio Roma, ha puesto la lupa sobre los dos personajes centrales de la trama: los funcionarios Carlos Gómez-Gil Aizpurúa y José Manuel Pichel Pichel, que aparecen en numerosas conversaciones telefónicas intentando amañar contratos para restaurar bienes de la Iglesia o construir albergues en el Camino de Santiago. En el sumario abunda la documentación —entre movimientos de cuentas, y recibos de dinero negro— que ha llevado a la policía a concluir que ambos se lucraron durante años con las subvenciones que la Consellería de Cultura otorgó a distintas órdenes religiosas para restaurar arte sacro y también con los contratos para levantar residencias de peregrinos. Ambos están acusados de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Según el informe policial, Gómez Gil, un trabajador público de la Xunta (luego desplazado a un museo de Cartagena) no pudo justificar ingresos al margen de su nómina por valor de 122.471 euros entre 1998 y 2008.

Junto a los dos trabajadores públicos, el fiscal también ha venido acusando durante el proceso a los empresarios de restauración que presuntamente pagaban mordidas a cambio de recibir contratos: Ignacio Márquez Vieira, Olga Quintela López, Carmen Acuña Rey y Manuel López Carballa. Este último, “arruinado y aburrido de los chanchullos” según él mismo confesó a la policía, tiró de la manta en diciembre de 2009. Contó a los agentes con pelos y señales los procedimientos de la red. Citó, por ejemplo, una obra en la que fue contratado para restaurar patrimonio del Obispado de Tui: la Diócesis encargó el trabajo al estudio privado de arquitectura que Pichel tenía en Pontevedra y éste, “como forma de agradecer el favor”, logró que la empresa pública Xacobeo (donde trabajaba como técnico) habilitase una partida de dinero público para subvencionar a la Iglesia. “De esta forma todo el mundo sale beneficiado: el Obispado hace su obrita subvencionada, Pichel se lleva su parte por los proyectos y Carlos [Gómez-Gil Aizpurúa] hace de intermediario en todo”, declaró.

La policía concluyó que ese tipo de amaños se repitieron en decenas de contratos para rehabilitar patrimonio eclesiástico de Ourense y Pontevedra. Según han constatado informes periciales de técnicos de la Xunta, en muchos casos el patrimonio acabó arruinado, víctima de las chapuzas.

Las escuchas también involucran a varios curas del Obispado de Tui, que sin saber que estaban siendo grabados, reconocieron haber engañado a la policía para tapar la trama. El cura de Lérez, por ejemplo, a quien en el sumario se identifica como don Crisanto, corrió a llamar al imputado Carlos Gómez-Gil en cuanto recibió la visita de los agentes. A través de su móvil lo puso sobre aviso de las pesquisas y se confesó: “Preguntaron por el nombre suyo y yo traté de ser parco y prudente, no dije mentira, pero no dije toda la verdad ni mucho menos”.

El fiscal de momento ha evitado acusar a los representantes de la Iglesia. Pese a ello, la anterior cúpula de la Diócesis de Tui permanece imputada. Lo está el exobispo José Diéguez Reboredo y su mano derecha y responsable de los asuntos económicos, Benito Estévez. Los dos están involucrados en la rocambolesca venta de una casa rectoral en la aldea de Paraños al funcionario de la Xunta Carlos Gómez-Gil. Esa operación fue la que destapó los manejos de la trama y la que permite ahora a la asociación vecinal de esa aldea de Covelo ejercer la acusación popular tras abonar una fianza de 200 euros en el juzgado. Fueron los fieles de la parroquia los que denunciaron en 2009 que el cura de Paraños, Juan Sobrino, había decidido vender por 60.000 euros al funcionario de la Xunta la vivienda (con sus 4.500 metros cuadrados de finca) que el vecindario había contribuido a mantener con donaciones voluntarias.

La indignación corrió de boca en boca cuando en el vecindario se supo meses después que tras restaurar la casa y construir una piscina su nuevo propietario la había sacado a la venta en Internet por 680.000 euros. En el momento de poner el anuncio inmobiliario, su comprador no había abonado un céntimo al Obispado. El informe policial concluye que fue un regalo de la Iglesia “a cambio de los favores prestados” por Cárlos Gómez-Gil desde la Consellería de Cultura en forma de ayudas a la Diócesis. La brigada de delitos económicos sospecha algo más: que parte de la rehabilitación del inmueble la acometieron gratis empresas a las que la trama adjudicaba obras. En cuanto estalló el caso, el funcionario devolvió la casa al Obispado en 2012. Los vecinos no se conforman y quieren a los cargos eclesiásticos sentados en el banquillo. La decisión compete al juez.