Aulas de infantil suprimidas, riesgo de cierres futuros

En la casilla de observaciones pone “cese de actividad por integración”, pero todos saben lo que significa este eufemismo. El colegio Josep Camarena de Gandia cerrará el próximo curso escolar, según las previsiones de la Consejería de Educación. Ya no hace falta plantear el cierre de colegios u hospitales como alternativa a la clausura de una televisión pública, como hacía el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Para el profesorado del Josep Camarena, que empezó a funcionar hace seis años con una sola línea de Infantil y Primaria, su desaparición es  la “crónica de una muerte anunciada”, tras suprimirle la Generalitat una unidad de tres años en el anterior “arreglo escolar”. La población escolar que atendía será integrada en el colegio público Roís de Corella de la misma ciudad, y el profesorado ha asumido ya que será “suprimido” y tendrá que concursar para buscar plaza en otros centros públicos.

 También se propone “el cese de actividades” para el colegio L’Arc, en Cases del Senyor, de Monòver, y el Ciudad de Oviedo, de Torrevieja, cuyo alumnado se integrará en El Acequión, de la misma localidad.

Se prevé suprimir casi 190 unidades de educación infantil para el próximo curso escolar, más de la mitad en la provincia de Valencia, por solo 59 de nueva creación (muchas de éstas, provisionales).  La abultada proporción de aulas eliminadas en esta de primera etapa educativa es uno de los rasgos llamativos de la planificación, o “arreglo escolar” propuesto por Educación para 2014-15. El otro, la fecha límite (el dos de enero) para la presentación de alegaciones por parte de los centros, con el fin de corregir la propuesta de la Administración. Respecto al primero, la consejería justifica la propuesta en el descenso de la natalidad y de la emigración. Respecto al segundo, dejar un periodo de alegaciones en el que la mayor parte es de vacaciones escolares, es criticado por los agentes educativos como un obstáculo para los alegatos. “En vacaciones de Navidad no es ético publicar el arreglo escolar, porque los centros están cerrados y es necesario convocar consejos escolares y presentar propuestas”, se lamentaba Eva Grimaltos, presidenta de la Federación de AMPAs (FAPA) de la provincia de Valencia. “Normalmente, la Administración daba el mes de enero para poder alegar”, recuerda Vicent Ripoll, presidente de la Coordinadora de Directores de Centros de Primaria.

“Estamos en un momento crítico”, asegura Ripoll, que dirige el Ballester Fandos, un colegio del barrio de la Malva-rosa modélico en la integración de inmigrantes que perderá su única unidad de tres años si prospera la propuesta de la consejería. Se refiere a su propio centro, pero también a los centros públicos en general. “Ha llegado el momento de que la red pública se autodefienda”, manifiesta, “porque si no, llegará un momento en que se cerrarán centros públicos”. Ripoll estudia fórmulas para evitar que el proceso de supresión de unidades en su centro aboque a un futuro cierre. En el vecino barrio de El Cabanyal, recuerda, solo existe un centro público, Les Arenes, por tres privados. El propósito de la Administración es suprimir en aquél un aula de infantil, tras la eliminación de otra el curso pasado. El presidente de la coordinadora de directores está convencido de que la planificación oficial favorece a la escuela privada concertada. Para Eva Grimaltos, el arreglo escolar de infantil y primaria para el curso 2014-2015 “ataca frontalmente al sistema educativo público valenciano”.

En Torrent, donde tres centros religiosos concertados han aumentado las unidades de infantil, y por tanto las líneas de enseñanza subvencionadas, la consejería propone cerrar al mismo tiempo cuatro unidades de infantil en centros públicos, dos de ellas en un solo colegio, el Federico Maicas. En el Antonio Machado, ubicado en la misma zona donde están ultimando el flamante centro Nº 10, no salen de su desconcierto porque, como afirma un profesor, es “de los más demandados dentro de la red pública”. El AMPA del centro salió a la calle y recogió casi 1.000 firmas contra el cierre de esa preciada unidad de infantil que “puede significar que el colegio se reduzca a la mitad en unos años”. Tras una esperanzada reunión con la alcaldesa, esperan que la Administración rectifique.

Según la propuesta de Educación, el Ciutat de Cremona de Alaquàs es el centro más castigado de toda la Comunidad Valenciana en el recorte de aulas de infantil. Con tres líneas en marcha, si no se modifica la propuesta oficial, el próximo curso perderá tres unidades, de manera que no habrá ninguna clase de tres años, sólo una de cuatro años y tres cinco. “No tiene sentido que corten la entrada de niños de tres años, está entre los más demandados”, asegura Javier Parrilla, presidente del AMPA. “Para el próximo año tenemos prevista la entrada de 28 hermanos de tres años, además de tres hijos de profesores, necesitamos un aula como mínimo para no perder la continuidad”. Son 30 familias, alerta, que tendrán que llevar a sus hijos a otros centros si se suprime la única aula de tres años que queda tras el recorte del año pasado. Al mismo tiempo, la propuesta de arreglo escolar incrementa en cuatro las unidades de primaria, que —eso sí— llevan la H de habilitadas. Es decir, provisionales. Con más de 600 alumnos a la espera de un nuevo edificio que nunca se construye ni anuncia, el Ciutat de Cremona no es el único centro en aulas prefabricadas que ve amenazada la entrada de nuevos escolares. También perderán sendas aulas de infantil el Emilio Lluch de Nàquera y el 103 de Valencia, hace años pendientes de que la Generalitat les construya edificaciones de ladrillo normalizadas.

Los sindicatos STEPV, FETE-UGT, CC OO y CSIF alzaron desde el primer momento la voz de alarma tanto sobre la propuesta de planificación escolar hecha por Educación, como sobre el plazo de alegaciones. FETE cifró en más de 250 maestros la probable pérdida de puestos de trabajo en esta etapa educativa.