El fiscal rebaja la petición de penas para los militares por el robo a alumnos

La fiscalía castrense ha rebajado de manera sustancial la petición de penas de cárcel para los seis responsables de la residencia universitaria San Hermenegildo de Sevilla, cuyo juicio se ha celebrado antes de Navidad y quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre tras dos semanas de sesiones. Los mandos se apropiaron supuestamente de fondos destinados a las comidas de los estudiantes, hijos y nietos de militares, entre 2005 y 2009, y el último día del juicio, tanto el ministerio público como la Abogacía del Estado rebajaron la petición inicial de penas. Tanto que algunas de las peticiones contra los anteriores responsables de la residencia, como los coroneles Francisco Muñoz y Sebastián Clavijo, pasan de los 21 y 18 años iniciales a solo cinco años y dos meses, informaron fuentes del caso. Es muy improbable que los jueces del Tribunal Militar Central impongan a los mandos procesados penas superiores a las peticiones de penas de la fiscalía.

El ministerio público pidió hasta 20 años de prisión para los dos comandantes responsables y al menos una de estas peticiones también ha quedado reducida a solo cinco años de cárcel. La rectificación a la baja afecta asimismo al subteniente acusado, Carlos Borromeo Moya, para el que el fiscal jefe del Tribunal Militar Central, Antonio Lozano, pidió 10 años. Tras el juicio, otro fiscal ha rebajado la petición a solo dos años y siete meses. Además de los mandos militares, fueron procesados los dos proveedores que suministraban la comida a la residencia, de las empresas Hermanos Rosso y Femar. Para estos dos empresarios la petición de penas se ha reducido de los 12 años de cárcel a solo dos años en el caso de Manuel Rosso y a un año y nueve meses en el de Fernando Marín, de Femar, que se había conformado al admitir irregularidades y llegar a un acuerdo con el fiscal al comienzo del juicio. El fiscal retiró el delito contra la Hacienda Militar del que acusaba a Rosso, y solo le acusó finalmente de falsedad en documento mercantil.

La clave de esta rebaja de penas puede estar en la declaración del perito que examinó las cuentas de la residencia, que compareció ante los jueces durante 12 horas. En algún momento de su declaración, el perito admitió que no dispuso de toda la documentación precisa para datar el coste de las supuestas “entregas ficticias” reflejadas en los certificados de cocina como si realmente hubieran sido recepcionadas en la residencia con el visto bueno de los directores. Fuentes de la fiscalía castrense rechazaron ayer aclarar los motivos de su rebaja de penas tras las sesiones del juicio oral.

La rebaja de penas también afecta a la responsabilidad civil subsidiaria que solicitaba el fiscal por la suma supuestamente defraudada a las arcas del Ministerio de Defensa. En algunos casos la cifra de esta responsabilidad ha pasado de los 300.000 euros a solo 30.000 euros.

Durante la fase de instrucción del caso, el juez achacó a los mandos militares que recibieran regalos de los proveedores de alimentos, falsificaran cientos de albaranes, mintieran para recibir más fondos del Ministerio de Defensa y perjudicaran la Hacienda militar al no declarar ciertos ingresos, según el auto de procesamiento. El juez definió la alianza entre civiles y militares como una “trama defraudatoria”.

Los estudiantes denunciaron en su día que pasaban “hambre” y recibían comida de ínfima calidad, mientras que esos años los mandos recibieron bajo cuerda mariscos, alcohol (botellas de ron y whisky) cañas de lomo y lotes de Navidad por importe de 30.599 euros. “Productos fuera de lote que no fueron facturados”, denunció el fiscal en su escrito de calificación.

El proceso se inició en 2010 después de las denuncias de los alumnos universitarios, que tildaban la comida de “incomestible”. Tres años después de iniciarse la investigación, el fiscal presentó su escrito de calificación. “Se firmaban albaranes de recepción sobre mercancías que no eran entregadas, y en tal concepto son falsos”, censuró el fiscal. El operativo que denunció el ministerio fiscal consistía en que las empresas encargadas del catering de la residencia, presentaban facturas por alimentos que nunca se entregaban y, “con el visto bueno de los directores de la residencia”, se pagaba a esos proveedores. Esta práctica generaba un “fondo monetario” que posteriormente los mandos militares y los empresarios supuestamente se repartían.