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La Zona Franca de Cádiz registra más de 24 millones de euros de pérdidas

La deuda de 190 millones y la devolución de 39 agravan la situación del recinto

Zona Franca de Cádiz. Ampliar foto
Zona Franca de Cádiz.

La Zona Franca de Cádiz ha visto agravarse su situación económica en solo seis meses. El 31 de julio el informe anual de cuentas registraba pérdidas de 21.350.266 euros, cuatro veces más que el año anterior. En los últimos meses, lejos de reconducirse esta situación, ha empeorado hasta incrementar las pérdidas hasta los 24.275.201 con las cuentas ya consolidadas de 2012. La deuda se ha disparado de 128 a 190 millones de euros. El PSOE cree que es inminente “la muerte económica” del Consorcio mientras que el PP trata de culpar a los anteriores responsables socialistas, al recordar que el organismo estatal tendrá que devolver 39 millones de fondos del Ministerio de Industria por no haberles dado uso.

Las cuentas de la Zona Franca de Cádiz se aprobaron el pasado jueves en un pleno, aunque los dos miembros del PSOE votaron en contra. Ya hace seis meses advirtieron de la gravedad de las cifras, que reflejaban una merma significativa del poder económico del Consorcio, con la multiplicación por cuatro de las pérdidas, una situación atribuida a la pérdida del valor de los suelos y edificios propiedad de la Zona Franca, que se ha deteriorado en apenas un año en 14 millones de euros por la depresión del mercado inmobiliario español.

En el informe de gestión del 31 de julio faltaba la auditoría de la Intervención del Estado, que sí se incluye en las cuentas consolidadas aprobadas en pleno. El interventor certifica los problemas económicos y los concreta poniendo ejemplos como los surgidos en un polígono industrial de Benaocaz, con deficiencias en su construcción y pagos pendientes de casi cuatro millones, o el parque de Palmones, en Los Barrios, valorado en 6,9 millones. El informe lamenta que no se hayan dispuesto de tasaciones actualizadas que permitan evaluar el valor recuperable de estos activos, con lo que la cifra de pérdidas podría ser incluso mayor que la marcada.

El interventor también destaca las dificultades para medir la cuenta de ganancias y pérdidas por la falta de claridad en la disolución de sociedades que dependían de Zona Franca como Rilco o Quality Food. Rilco sí ha podido ser disuelta, una vez ha concluido el juicio penal contra los ex delegados del Estado de la Zona Franca, aunque el abogado del Estado ha recordado que hay pendiente un recurso al Tribunal Supremo que podría afectar a esta decisión. De hecho, esa sentencia definitiva es lo que ha impedido hasta ahora a la Zona Franca cobrar los 4,3 millones que el Tribunal de Cuentas condenó a pagar a los dos exdelegados. Dinero que debería ir a las arcas del Consorcio, aunque el interventor no ha podido determinar qué consecuencias tendrá en un futuro.

También se ha disuelto Quality Fish y Quality Service pero no Quality Food porque la instrucción que investiga las irregularidades detectadas en esta sociedad por la vía penal sigue adelante. Si la resolución de este caso resultara contraria a los intereses de la Zona Franca, tendría que abonar 13 millones de euros al expropietario de esta empresa de alimentación, Manuel García Gallardo, quien ha ganado todas sus reclamaciones por la vía mercantil.

“Lo que va a llegar es la muerte irreversible de la Zona Franca. No hay peor gestión posible. No va a ser posible mantenerla porque no se está impulsando la actividad empresarial que es el verdadero objeto del Consorcio”, lamentó la concejala socialista, Marta Meléndez.

La alcaldesa y presidenta del Consorcio, Teófila Martínez, del PP, evitó pronunciarse sobre los datos de esta grave situación económica pero sí culpó al anterior responsable de la Zona Franca, el socialista, José de Mier, por la obligatoriedad de devolver al Ministerio de Hacienda ayudas a la reindustrialización valoradas en 39 millones de euros por proyectos subvencionados que no fueron ejecutados. El actual delegado trata de llegar a un acuerdo con el Gobierno para devolver esos fondos en un plazo de entre siete y diez años.