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La segregación de Igeldo se encamina a los tribunales por “incorrecta e ilegal”

La oposición donostiarra forzará acciones judiciales contra el decreto foral

Izagirre, flanqueado por Jon Albizu y Nora Galparsoro, en el último pleno donostiarra.
Izagirre, flanqueado por Jon Albizu y Nora Galparsoro, en el último pleno donostiarra.

El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, de Bildu, vivirá mañana uno de los momentos más incómodos de su trayectoria política. El pleno del Ayuntamiento aprobará, salvo imprevisto mayúsculo, un acuerdo para emprender “acciones administrativas y judiciales” en contra del decreto foral que aprueba la segregación del núcleo de población de Igeldo, declarado por la Diputación guipuzcoana como un municipio independiente.

La proposición firmada por los portavoces de los tres partidos de la oposición (PSE, PP y PNV) insta al secretario general y a la asesoría jurídica municipal a “elaborar el preceptivo informe jurídico en el plazo de tres días” y a adoptar en nombre del consistorio “las actuaciones procesales oportunas” en defensa de “la integridad territorial” de San Sebastián.

El pleno monográfico sobre Igeldo se producirá justo una semana después de que Izagirre vetase en otro pleno una votación sobre la separación del que era barrio donostiarra. El regidor alegó problemas de forma para echar atrás la iniciativa impulsada aquel día por la oposición en bloque, lo que despertó un hondo malestar en las tres formaciones citadas.

Con su proposición, estos partidos pretenden que el pleno municipal rechace e informe “desfavorablemente” de la decisión adoptada de forma unilateral por la Diputación sobre la independencia de Igeldo “por entender que resulta incorrecta e ilegal” la tramitación que ha seguido en todo este asunto el Gobierno foral de Bildu.

Por ello, la oposición quiere que el pleno acuerde delegar en la Comisión de Servicios Generales “las acciones judiciales y administrativas” para revocar el polémico decreto foral, que fue publicado el 18 de diciembre en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Socialistas, PP y PNV obligarán a elaborar un informe jurídico antes de tres días

Las tres formaciones aseguraron a EL PAÍS que apoyarán la iniciativa. Ernesto Gasco, del PSE; el popular Ramón Gómez y Eneko Goia, portavoz peneuvista, argumentan que la Diputación “no puede revocar por razones políticas” un acto administrativo como el decreto foral de 2010, por el que el Ejecutivo entonces presidido por el PNV desestimaba la pretensión de la plataforma vecinal Itxas Aurre de segregar y crear el nuevo municipio de Igeldo. Contra aquel decreto, Itxas Aurre presentó un recurso cuyo fallo debía dictar el Tribunal Superior vasco.

Tras la decisión de la Diputación, la asociación de Igeldo ha retirado dicho recurso, aunque podría seguir adelante, dado que el exedil socialista Jorge Letamendia ha decidido presentarse como acusación particular para mantener vivo el procedimiento judicial.

Letamendia considera que el máximo tribunal vasco debe pronunciarse sobre esta materia y zanjar la polémica sobre la validad del decreto foral de 2010 que impedía la segregación de Igeldo, ahora anulado por el Ejecutivo de Martin Garitano.

La oposición considera “irresponsable” que el equipo de gobierno donostiarra deje de manifestarse sobre la desanexión de un enclave que supone el 17% del territorio de la capital.

En el mismo pleno también se debatirá mañana una propuesta socialista para crear una comisión no permanente que estudie las opciones de descentralización administrativa de Igeldo. Aunque el debate llegará cuando Igeldo ya ha dejado de pertenecer oficialmente a San Sebastián, PSE, PP y PNV no reconocen aún la desvinculación del barrio. Bildu ha introducido otro punto para que el delegado de Participación Ciudadana, Asier Jaka, exponga la posición del equipo de gobierno.

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