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El TSJ mantiene la imputación de Sonia Castedo en el ‘caso Brugal’

La alcaldesa pidió otra vez el archivo de la causa y anular todas las escuchas

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en foto de archivo.
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en foto de archivo.Pepe Olivares

El magistrado que instruye el caso Brugaldesmonta, por cuarta vez consecutiva en un año, las tesis de la defensa de Sonia Castedo, y lejos de desimputarla confirma esta condición y valida el proceso judicial y las pruebas aportadas.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante mantiene sus sospechas de que la alcaldesa del PP maniobró para supuestamente beneficiar al constructor Enrique Ortiz en un multimillonario pelotazo urbanístico.

El magistrado, Juan Climent, desmonta en su última providencia —razonamiento judicial— fechada el pasado 17 de diciembre, la tesis de la defensa de Castedo. El juez ratifica su imputación por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Y rechaza archivar la causa contra la regidora que se instruye desde octubre de 2012 en el TSJ y que salpica, además, a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, también en Brugal.

El magistrado recuerda que la causa sigue su trámite procesal

"No hay lugar, por el momento, a las peticiones de archivo de las actuaciones o al levantamiento de la imputación", concluye el instructor sobre la línea argumental esgrimida por la defensa de la regidora. El juez, mientras continúa la instrucción de la causa, no tiene previsto adoptar ninguna decisión más. El magistrado rechaza también anular los pinchazos policiales grabados entre mayo de 2008 y junio de 2010, durante la recta final de la tramitación del PGOU y que están bajo sospecha. Conversaciones donde Ortiz llamaba a Castedo "la tía más grande que he visto en mi vida" y que son utilizados por el fiscal para intentar demostrar la buena relación entre alcaldesa y este constructor que controla el 70% del suelo urbanizable de Alicante, y es uno de los principales contratistas del Ayuntamiento.

Fuentes próximas a Castedo quitaron ayer hierro al pronunciamiento judicial. "Era de esperar" zanjó un portavoz de la regidora popular. Su abogado anunció un recurso. "Desde hace meses sabíamos que el juez se negaría a aceptar nuestras peticiones", explica el catedrático de la Universidad de Alicante, José María Asencio, que sostiene que el instructor "no concreta en su providencia las imputaciones". Y anuncia nuevos episodios de una ofensiva legal que se niega a desvelar. Asencio fue el autor de un denso escrito de 119 páginas que la defensa remitió en octubre al TSJ para pedir al juez que levantara la imputación y se archivaran las diligencias. En este documento solicitaba que se concretaran los delitos atribuidos a la regidora —que acostumbra a decir en entrevistas que desconoce qué delitos le imputan— en la venta de un coche Mini o los viajes a Andorra que, según la investigación, regaló Ortiz a la regidora y a su familia.

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El abogado de Castedo cuestionaba en su recurso la instrucción del caso por tratarse de "imputaciones abstractas" y denunciaba el interés de las acusaciones particulares —PSPV y EU— de mantener candente el proceso con fines políticos. La defensa aludía a la instrucción practicada en el juzgado de instrucción número 3 de Alicante.

El caso Brugal, que según la policía comportó un pelotazo de 120 millones de euros, revela una presunta red de influencias entre el Ayuntamiento del PP y el constructor Ortiz. El contenido del sumario desvela la proximidad entre los políticos y algunos empresarios. En una de esas conversaciones interceptadas por la Policía de orden del juez, por ejemplo, Castedo dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez".

Las ramas del caso Brugal que lleva un juzgado de Orihuela han vuelto a cambiar de magistrado después de que la jueza de carrera que llevaba el peso de la investigación haya conseguido el traslado a Alicante. Se trata de la Juez de Adscripción Territorial (JAT) Ana Belén Cordero, que fue enviada a Orihuela a principios de 2012 por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), Pilar de la Oliva, por un tiempo indefinido y únicamente vinculado a que se aliviara la carga de trabajo del juzgado de instrucción número 3. La juez titular asumirá el caso para evitar más demoras.

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