La trama de las ITV llamó también a las puertas del tripartito

Hacienda ha reconstruido los antecedentes del caso ITV -la presunta trama corrupta que intentó lograr adjudicaciones de la inspección técnica de vehículos- a través de los correos electrónicos incautados a sus protagonistas. El nuevo informe de la Agencia Tributaria remitido al juez es una suerte de precuela que permite comprender mejor la confluencia de intereses públicos y privados y las presiones de los empresarios a altos cargos para influir en las leyes. Esas presiones alcanzaron entre 2006 y 2009 también al tripartito de izquierdas y, en particular, al departamento de Innovación que dirigía el republicano Josep Huguet. El documento revela que uno de los empresarios imputados tuvo a sueldo (6.000 euros mensuales) al hombre que, presuntamente, ejercía como mediador del tripartito con el sector.

El informe, de 53 páginas, ratifica además las sospechas de que el ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, está en el epicentro del caso y prestó su “peso político” para que la trama lograra sus objetivos. Los correos inciden, asimismo, en un singular flujo de dinero: el que va de los empresarios de las ITV a Sergi Alsina (amigo íntimo de Pujol); y de éste, a la esposa del dirigente nacionalista, Anna Vidal. Alsina, revelan los correos, llegó a cobrar de un empresario 80.000 euros en 2008 para influir sobre Pujol de forma que éste presentara, en nombre de CiU, determinadas enmiendas en el Parlament.

La investigación del caso ITV trata de aclarar si el hijo del expresidente catalán y un grupo de empresarios se aliaron para tumbar una adjudicación de estaciones de ITV aprobada por el tripartito y lograr, así, que se convocara una nueva a medida de sus intereses. La Fiscalía Anticorrupción y el juez sospechan que Pujol pudo participar, de forma indirecta, en la empresa de nuevo cuño (Upprime Energy) que los implicados crearon para hacerse, presuntamente, con esos concursos amañados. Así lo sugieren las conversaciones telefónicas intervenidas y los rastreos de Hacienda. Pero los implicados no pudieron cumplir su objetivo porque, en marzo de 2012, se filtró un informe sobre el caso Campeón -del que deriva éste- que les puso en alerta. Los pinchazos ya no tenían sentido y las detenciones se precipitaron. Un año más tarde, Pujol fue imputado por tráfico de influencias por presionar a altos cargos de la Generalitat para colocar a un hombre de su confianza, Josep Tous, como mediador del Gobierno catalán en el sector de las ITV. Tous cobraba, asimismo, del mismo empresario de las ITV que antes había pagado a su homólogo con el tripartito. Pujol ha defendido ante el juez que desconocía esa circunstancia.

El nuevo informe de Hacienda, fechado el pasado 16 de diciembre, retrocede en el tiempo y analiza los correos electrónicos, facturas y otros documentos que fueron hallados por los agentes de Vigilancia Aduanera en los domicilios de los imputados. Los correos más interesantes datan de 2008, cuando el Gobierno catalán -en manos, entonces, del tripartito de izquierdas- preparaba la redacción de una nueva Ley de Seguridad Industrial, que iba a dar lugar a un nuevo modelo de gestión de las ITV. Hasta entonces, existía un cuasi monopolio en manos de Applus, que controlaba cerca del 80% del mercado en Cataluña. El tripartito (PSC, Esquerra e Iniciativa) planteó “una apertura regulada del mercado para fomentar la competencia”: el nuevo modelo estaría basado en la autorización administrativa.

Las empresas del sector se lanzaron entonces a una carrera para tratar de influir en la toma de decisiones. Lo hizo, con especial ahínco, el empresario Ricard Puignou, propietario de Certio, una escisión de Applus que pretendía hacerse con estaciones ante el nuevo panorama. Según Hacienda, Puignou intentó “influir en diversos grupos parlamentarios” ante tres posibles problemas: cuota de mercado, plazos y distancia entre estaciones. Puignou y sus dos socios -Enric Marugán y Pedro Olabarría- actuaron por dos vías: “bien remunerando a personas con influencia en la Administración pública catalana” (caso de Tous, Alsina o el mediador del tripartito), bien “directamente a través” de altos cargos.

Los empresarios llevaron la práctica del lobby al extremo: diseñaron un “plan de acción”, al que bautizaron como Proyecto Menta, que se prolongó tres años (de 2007 a 2009) y que trató de garantizar que triunfaran sus posiciones con contactos “tanto en los partidos de Gobierno (PSC, ERC e ICV) como en el grupo de la oposición (CiU)”. En uno de los documentos incautados, Puignou alude a la necesidad de “influir desde arribar” en Josep Huguet, entonces consejero de Innovación, Universidades y Empresa, así como en otros altos cargos del Gobierno tripartito: Antoni Soy (secretario de Industria) y Albert Roig (subdirector general de Seguridad Industrial). “Contactado ya Hidalgo y Puigcercós. Buenos resultados. Estamos a la espera”, dice un correo de septiembre de 2007. En esa “lista de acciones”, aparece también: “Hora pedida para hablar con Oroiol Pujol”.

El informe de Hacienda apuntala los indicios sobre Pujol, ya que permite llevar atrás en el tiempo su relación con el resto de implicados en el caso ITV. En 2008, Puignou utiliza a Tous para “tratar de trasladar sus intereses” a CiU. En un correo a sus socios, Puignou alaba la “actitud y predisposición” de Tous, que tilda de “muy buenas”. Los “sujetos utilizados” por Puignou son “cercanos o integrantes de CiU, en ocasiones remunerados”. Además de Tous, la Agencia Tributaria menciona a otros dos: Sergi Alsina y Oriol Pujol.

Los correos son reveladores sobre la naturaleza de la relación económica entre Alsina y Puignou. El empresario paga a Alsina para que influya en Oriol Pujol y CiU presente enmiendas al proyecto del tripartito que sean acordes con sus intereses. En abril de 2008, Alsina lanza su propuesta: 30.000 euros por la “primera fase” más una “comisión” en caso de lograr los objetivos. Unos días después, el socio Marugán describe las conclusiones de una reunión entre Puignou y el dirigente político: “Harán campaña mediática y, aunque no mandan, piden 30.000 euros!!” La cantidad coincide exactamente con la solicitada por Alsina.

Dada esa coincidencia, “se podría concluir que los honorarios” se corresponden a “las gestiones realizadas para tratar de influir en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial”, concluyen los expertos. El informe no aporta, sin embargo, ninguna conclusión sobre si esos 30.000 euros tenían un destino distinto al conocido. El mismo día del correo de Marugán, Alsina envía a Puignou el documento con las enmiendas de CiU, “ultimado para firmar por Oriol Pujol”. E

La correlación de fechas también es significativa. El de 2 junio, Puignou pregunta a Alsina cuál es el siguiente paso a seguir “de acuerdo con OP” [Oriol Pujol]. Del 18 de junio consta otro documento de “especial relevancia”, según Hacienda: se trata de un archivo que, bajo el nombre ITV fee op fue enviado por Alsina. Las siglas, según los investigadores, pueden aludir a Oriol Pujol, lo que redundaría en que el trabajo del amigo íntimo consistió en lograr que CiU aprobase las enmiendas adecuadas. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana se aprobó, finalmente, el 23 de julio de 2008. Ese mismo día, Puignou escribió a un socio alabando las “buenas gestiones” de Alsina y proponiendo adelantarle parte de la comisión. “Vamos a continuar necesitando tenerle a nuestro lado”, concluye. entre esas y otras facturas (por las gestiones en el desarrollo del reglamento de la ley) Alsina llegó a cobrar un total de 80.000 euros.

Alta Partners, la empresa del amigo íntimo de Pujol -las familias comparten casa de veraneo- emitió la factura por esos 30.000 euros en mayo de 2008. El concepto: “Investigación y análisis de oportunidades potenciales en el sector de la inspección de vehículos”. Una empresa de Puignou radicada en Luxemburgo se hizo encargo del pago. Según Hacienda, “los asesores” de esa entidad “cuestionan el contenido de la factura” debido a su “concepto genérico” y al hecho de que no hay un acuerdo o contrato entre las dos partes que la justifique. “Estimada Silvia, por favor nos podríais dar más detalles sobre esta factura?”, inquiere una trabajadora. Hacienda concluye que Alsina y Puignou -ambos imputados en el caso ITV– utilizaron “entidades sitas en paraísos fiscales” para “dificultar el seguimiento de la operación” y recibir las cantidades sin impuestos. Además, redactaron el contrato reclamado “a posteriori” para garantizarse “cobertura jurídica”.

Hay un dato más: ese mismo año, 2008, Serveis i Participació Nova, de la que es administradora Ana Vidal Maragall, factura 46.400 euros a Alta Partners. Vidal es la esposa de Oriol Pujol. Hacienda constata esos vínculos, pero tampoco llega a conclusiones interpretativas.

Las nuevas diligencias aluden, por primera vez, al papel del tripartito en el sector de las ITV. Puignou admite que el Gobierno catalán de entonces no recogió, a diferencia de CiU, sus propuestas. Pero ya entonces, como hizo más tarde con Josep Tous, Puignou tenía a sueldo a hombre que, presuntamente y por encargo de la Generalitat, debía ejercer de “mediador” con las distintas empresas del sector.

El supuesto mediador del tripartito, según Hacienda, es Joan Martí Arjona. Pese a que su función debe ser, teóricamente, neutra y en favor de la Adminisración, Arjona está a sueldo de Puignou, del que recibe mensualmente 6.000 euros. Las facturas son de ese mismo año clave, 2008, y suman un total de 48.000 euros. Puignou las pagó desde la misma entidad de Luxemburgo y Arjona las recibió en una cuenta de Andorra. El empresario le contrató, según los investigadores, para que “influya en diversos sujetos con puestos clave en el Departamento de Industria”. El papel de mediador lo revela el propio Puignou en diversos correos: “Joan Martí, en nombre del consejero está aproximando a las partes”.

El mecanismo era sencillo: Puignou aportaba a Martí la artillería argumentativa y éste se encargaba de trasladarla a los responsables. El 9 de mayo de 2008, después de que el tripartito no recoja sus pretensiones, Martí remite un correo al consejero “comentándole la problemática”, según Hacienda, y “sugiriéndole una solución” que va “en la línea de los intereses de su pagador”. Al consejero, Martí le advierte de que Puignou y sus socios “tienen preparadas varias acciones judiciales” y que entrarán en “una guerra que no beneficia a nadie”. Si sigue determinadas líneas de actuación -aspectos técnicos que, en esencia, coinciden con los intereses de Puignou, “todos ganamos, no hay perdedores y evitamos una guerra”. El mediador reenvía ese correo a su pagador: “Esta copia nunca copio a nadie... Es solo para tus ojos”.