Feijóo: “La educación y la sanidad están mejor que hace cinco años”

Varios ejercicios de reducción de presupuesto, de descenso de plantillas de profesores y médicos o de copagos en las medicinas no han impedido que la “educación y la sanidad estén hoy mejor que hace cinco años”, cuando el PP regresó al poder en Galicia. A esa conclusión ha llegado esta mañana Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento de Galicia. “Desde el punto de vista de la calidad y de la equidad, la educación y la sanidad están mejor”, ha insistido Feijóo en medio de las airadas críticas y las protestas de toda la oposición.

Feijóo ha basado su diagnóstico en las encuestas del Observatorio Sanitario sobre el grado de satisfacción de los pacientes y en los resultados del informe PISA sobre la educación “en los que Galicia mejora por encima de la media de España, de la Unión Europea y de la OCDE”, ha enfatizado. Todos los portavoces de la oposición le han reprochado que su política haya provocado dos días de huelga en la sanidad pública, acompañada de manifestaciones de decenas de miles de personas en las ciudades gallegas.

Tanto el socialista José Luis Méndez Romeu como Yolanda Díaz, de AGE, y Francisco Jorquera, del BNG, han acusado a la Xunta de provocar el “desmantelamiento” de los sistemas públicos de sanidad y educación. Méndez ha denunciado que desde que gobierna Feijóo en Galicia el gasto social de la Xunta se ha recortado en 4.000 millones de euros. “Nadie en tan poco tiempo ha hecho tanto daño”, insistió Jorquera, mientras que Díaz ha proclamado que la “privatización” de la sanidad es una “corrupción” para favorecer a determinadas empresas.

Pero Feijóo ha insistido en que “todos los indicadores son favorables” y en negar que se vaya a producir la privatización que “ustedes llevan 30 años anunciando”. “Cuando usted se jubile y cuando se jubilen sus nietos”, ha espetado el presidente a Jorquera, “la sanidad seguirá siendo pública. Los hospitales en Galicia seguirán siendo tan públicos como la catedral de Santiago”. Esta última observación fue replicada irónicamente por la portavoz de AGE: “Debería saber que la catedral de Santiago pertenece al Estado vaticano. Repase sus apuntes de Derecho Canónico”. Feijóo ha insistido en que hoy el porcentaje de gasto social sobre el conjunto del Presupuesto de la Xunta –reducido un 25% en su periodo de Gobierno- es mayor que hace cinco años y como ejemplo de su compromiso ha anunciado que el próximo año las pensiones no contributivas en Galicia volverán a tener un suplemento de 206 euros, “el mayor de España”.

El presidente se ha mostrado mucho más esquivo ante los intentos de Méndez Romeu de arrancarle una declaración sobre el proceso de venta de Novagalicia Banco, “que supone que se esté regalando el 40% del ahorro gallego de una forma completamente opaca”, ha dicho el representante del PSdeG. Feijóo se ha limitado a afirmar que, de momento, “la entidad sigue siendo gallega” y de que está “bastante tranquilo” sobre la posibilidad de que continúe siéndola cuando culmine la venta. A la subasta acuden los tres mayores bancos españoles, otro venezolano y dos fondos de inversión estadounidenses. El presidente ha insistido además en que, cuando él asumió el poder, en 2009, "las cajas gallegas estaban quebradas", de lo que que ha culpado a la coalición de socialistas y nacionalistas que le antecedió en la Xunta.  Pese a esa situación que denuncia ahora el presidente, fue él mismo quien, un año después, promovió la fusión de las dos cajas gallegas a partir de un informe de auditoría encargado por su propio Gobierno que certificó que la entidad resultante de la unión de Caixa Galicia y Caixanova sería viable.

El portavoz socialista ha abierto la sesión reconociendo el “éxito” del astillero Barreras en la consecución de contratos de su nuevo accionista principal, la petrolera mexicana Pemex, y “también de la Xunta en la medida que haya contribuido”. Feijóo ha agradecido el gesto aunque también ha dejado caer que los socialistas deberían pedir disculpas por poner en duda el alcance de los compromisos del Gobierno autónomo con la multinacional energética.